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La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) presentó un pedido de amparo para que la justicia ordene al Ministerio de Capital Humano entregar inmediatamente alimentos a los comedores comunitarios, ante la “grave situación de hambre existente”. Es interesante conocer la solicitud, porque reúne los argumentos sobre qué obligaciones tiene la ministra del área, Sandra Pettovello, en la asistencia alimentaria. La presentación remarca que hay presupuesto, “tanto del Programa de Naciones Unidas como nacional” y “está disponible para ser usado, mientras la inacción estatal genera que muchas personas no puedan acceder a un plato de comida diario”.
El escrito fue presentado por el titular de la UTEP, Alejandro Gramajo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Juan Grabois. Además de plantear que el Estado hoy tiene las partidas presupuestarias para reforzar la alimentación pero no las ejecuta --algo similar a lo que ya pasó con las cajas navideñas, que estaban en los depósitos del Ministerio de Desarrollo Social pero Pettovello no entregó a las familias--, el pedido de amparo apunta a recordar un dato de la realidad: los programas sociales no serían efectivos si no existieran las organizaciones sociales, sus cocineras y trabajadoras sociocomunitarias.
A continuación, van los puntos principales de la presentación ante la Justicia:
Derechos
El principal derecho afectado es el derecho a la alimentación de las personas que asisten a comedores y que dependen de ellos para subsistir.
También sufren un daño los derechos a la salud, a una vida digna y a la integridad física y mental.
Es un deber indelegable del Estado garantizar el derecho a la alimentación. Argentina tiene dos leyes en las que reconoció el rol del Estado en la cuestión (la 25724, de 2002, que creó el Programa de Seguridad Alimentaria, y la 27642, de 2021, más conocida como la de etiquetado frontal ).
También existen tratados y pactos internacionales, a los que el país adhiere, que reconocen el derecho a la alimentación, como la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de Derechos Humanos. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales agrega como obligación mínima la no regresividad, es decir que prohíbe a los estados tomar medidas que empeoren los derechos sociales.
El Estado no tiene la posibilidad física ni la logística de llegar individualmente a todas las personas que necesitan un refuerzo alimentario. Por eso, el trabajo de los comedores y merenderos comunitarios es clave.
Existe una red reconocida por el estado que abarca a 41 mil comedores y merenderos, todos inscriptos en el Renacom, un registro creado por el ministerio de Desarrollo Social. El pedido de amparo es para que se restablezca el envío de alimentos a estos 41 mil lugares.
Racconto
La situación por la que se presenta el amparo ya es ampliamente conocida: desde que asumió la presidencia Javier Milei, en diciembre pasado, los comedores comunitarios dejaron de recibir todo tipo de insumo o transferencia de fondos. Al mismo tiempo, por el aumento en el precio de los alimentos y el deterioro de los ingresos de la población, en estos dos meses aumentó la cantidad de personas que se acercan a pedir un plato de comida.
Por esta situación, las organizaciones sociales han pedido hablar con las autoridades, especialmente con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que es la responsable del tema. Sin embargo, no fueron atendidos. También se sabe que el ministerio no distribuyó las canastas navideñas que el gobierno de Alberto Fernández había dejado en los depósitos para que fueran entregadas en las fiestas.
El 2 de febrero, la UTEP se movilizó frente al despacho de la ministra Pettovello, que planteó que no iba a recibir a los referentes por ser “intermediarios”, y que si la gente tenía hambre los iba a atender “uno por uno” y “con dni”, es decir, “individualmente”.
El 5 de febrero, 20 mil vecinos de los barrios populares se acercaron a la sede ministerial e hicieron fila, pero Pettovello no los atendió. El vocero presidencial Manuel Adorni, argumentó que porque “ella no los había convocado”.
La omisión de asistencia
La ministra “olvida” o “no conoce” --plantea el escrito-- las funciones que le han sido encomendadas como funcionaria pública.
La situación no es que falten los recursos -que están aprobados y son parte del presupuesto- sino que falta “la decisión política de cubrir los derechos básicos fundamentales y por ello un desconocimiento total de los derechos constitucionales que se debe garantizar a la población”.
Había tres formas por las que el Estado hacía llegar la asistencia alimentaria:
El Programa Abordaje Comunitario del Plan Nacional Argentina contra el Hambre, financiado por Naciones Unidas. Este programa ingresó al país fondos internacionales específicos. El ministerio de Capital Humano debe transferirlos a las organizaciones comunitarias que tienen comedores, acompañarlos con asistencia técnica y capacitaciones en nutrición, alimentación y género. Se trata de un programa vigente hasta junio de 2025.
Subsidios a personas y comedores (en dinero o alimentos), financiados con el presupuesto nacional.
El Plan de Seguridad Alimentaria creado por ley (25724) destinado a merenderos, que se financia también con el presupuesto nacional.
En 2023, el presupuesto asignado al ministerio de Desarrollo Social fue de $2.073.416 millones y casi un 40 por ciento se destinó a políticas alimentarias. Ese presupuesto fue prorrogado para 2024, y sus partidas están disponibles. Pero hasta hoy, prácticamente no se utilizaron, dejando a los comedores y merenderos sin apoyo en el momento en que más lo necesitan.
La semana pasada, en medio del debate público, Pettovello firmó convenios para asistir a comedores vinculados a los pastores evangélicos de Aciera -el sector más cheto de ese credo- y Cáritas. Pero mantene aún sin ninguna decisión a los comedores de los movimientos sociales.
