Las maniobras abusivas para minimizar el pago de obligaciones fiscales y eludir regulaciones, que son canalizadas alrededor del mundo por empresas multinacionales y personas (o familias) con elevados patrimonios a través de jurisdicciones opacas (guaridas fiscales y financieras), fueron señaladas desde el estallido de la crisis internacional de 2007-2008 como las de mayor impacto sobre los principales problemas económicos, políticos, culturales y sociales que continuaron socavando y mermando las posibilidades de desarrollo y ampliando las brechas de desigualdad de los países del Sur Global.

Inicialmente, los distintos abordajes que comenzaron a diseñarse en los foros globales, como los encomendados a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) por el G20 parecieron abrir paso a la creación de un nuevo herramental para terminar con un sistema de tributación global basado en normas obsoletas.

Sin embargo, los resultados de esos procesos han sido, como mínimo, insuficientes para ofrecer soluciones reales a los problemas que experimentan los países en desarrollo producto de los flujos financieros ilícitos, en especial aquellos vinculados al abuso fiscal de las corporaciones multinacionales y grandes riquezas.

Respuestas limitadas

A nivel nacional, las respuestas y medidas desplegadas desde los países de América Latina y el Caribe se han ido implementando de forma progresiva, pero aún siguen siendo escasas y de efectividad limitada. Esos intentos espasmódicos han convivido, a lo largo de las últimas dos décadas, con retrocesos significativos en las capacidades de las administraciones tributarias y organismos de control financiero, aduanero y bancario.

Este escenario se conjuga con un preocupante deterioro de los sistemas judiciales. De esta forma, se han visto potenciadas las dificultades para el abordaje nacional de las sofisticadas maniobras del abuso fiscal de grandes riquezas y corporaciones amparadas por los diversos facilitadores de los flujos financieros ilícitos (estudios contables, bufetes de abogados, firmas de auditoría y entidades bancarias).

También debe advertirse que de la mano de los recetarios de talla única de los organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), muchos países del Sur Global han continuado implementando reformas fiscales regresivas y regímenes de privilegios tributarios para grandes contribuyentes, que agravan sus problemas distributivos.

Iniciativas

Frente a las graves limitaciones que acumulan las herramientas promovidas a nivel global y ante la insuficiencia de las soluciones propuestas en los planos nacionales y regionales, en la última década se empezaron a impulsar iniciativas de análisis y abordaje en el marco de las Naciones Unidas, como el Panel de Alto Nivel sobre Responsabilidad, Transparencia e Integridad Financiera Internacional (Panel FACTI).

Desde ese espacio han emanado posibles soluciones y recomendaciones para enfrentar los flujos financieros ilícitos derivados del abuso fiscal, la corrupción en las fronteras y la delincuencia financiera transnacional que drenan los recursos del desarrollo sostenible.

Este proceso, junto con diversas propuestas y espacios motorizados por países del Sur Global y organizaciones de la sociedad civil que promueven la lucha por la justicia fiscal para crear un cuerpo intergubernamental en el seno de las ONU dedicado a abordar estas problemáticas, ha decantado en que la Asamblea General de las Naciones Unidas haya comenzado, a fines de 2023, un proceso para establecer una Convención Marco sobre Cooperación Tributaria Internacional.

La iniciativa, que fue impulsada por los 54 países de la Unión Africana que conforman el Grupo Africano en Naciones Unidas y los miembros del G77, ofrece la oportunidad para reescribir las reglas fiscales a nivel internacional para que sean un verdadero instrumento para el desarrollo con inclusión que permita abordar desafíos en materia de derechos humanos, medioambientales, diversidades, educación y trabajo, entre otros.

Recomendaciones

Frente a este desafío recomendamos, junto con más de 200 organizaciones de todo el mundo al Comité Ad Hoc de la ONU, encargado de elaborar el borrador de los Términos de Referencia, que esta Convención debe contemplar, entre otros temas sustanciales, el principio de tratamiento especial y diferenciado de los países en desarrollo, el objetivo de reducción de las desigualdades dentro de los países y entre ellos, el compromiso para promover sistemas fiscales progresivos, así como la equidad fiscal y de género para corregir la carga fiscal desproporcionada sobre las mujeres a través de impuestos regresivos/consumo.

En ese sentido, es imperioso adoptar criterios y medidas en los estándares fiscales que promuevan la equidad entre países, jurisdicciones y regiones, y que compensen las diferencias de desarrollo y los desequilibrios de poder.

Las organizaciones de la sociedad civil entendemos que también es imprescindible incluir y discutir un abordaje tributario específico para las industrias extractivas, herramientas para que los países puedan gravar los ingresos y los patrimonios de las familias y personas más ricas, contemplar la tributación de los servicios transfronterizos en una economía digitalizada y globalizada, compromisos para garantizar el intercambio automático de información efectivo e inclusivo, la creación de registros públicos de Beneficiarios Finales y registros de activos, la elaboración de mejores informes públicos sobre cuándo pagan las multinacionales país por país y la transparencia sobre incentivos / gastos fiscales que otorgan los países.

Asimismo, la Convención Marco sobre Cooperación Tributaria Internacional debe promover el logro de los objetivos de otras iniciativas de las Naciones Unidas, como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Marco de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En otras palabras, es necesario incorporar los derechos humanos y las obligaciones socioambientales y climáticas como principios generales para orientar e informar la toma de decisiones fiscales.

Como evidencian las resistencias y trabas presentadas desde algunas de las economías más importantes del mundo a lo largo de las últimas décadas, el proceso para redactar, aprobar e implementar la Convención Marco sobre Cooperación Tributaria Internacional que comenzó a discutirse en la ONU no será sencillo. La elaboración y difusión de un primer borrador para los Términos de Referencia de la convención, que será discutido en Naciones Unidas en una segunda ronda de negociaciones entre finales de julio y mediados de agosto de 2024, representa un nuevo paso hacia adelante en este proceso.

Una Convención Marco sobre Cooperación Tributaria Internacional es una oportunidad para que los países del Sur Global recuperen espacios que les permitan avanzar en sus estrategias de desarrollo con inclusión. El borrador presentado por la ONU refleja elementos que la Alianza Global para la Justicia Fiscal, la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe y el amplio movimiento por justicia fiscal y económica reclaman hace décadas.

Estamos convencidos de que las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales, el movimiento obrero/sindical organizado, los feminismos y los movimientos indígenas, campesinos y afrodescendientes de América Latina y el Caribe tienen la capacidad de convertirse en actores determinantes para impulsar a los gobiernos de la región junto con los países de la Unión Africana y el G77 a respaldar la iniciativa.

Solo así será posible resistir los intentos de sabotaje y bloqueo de los países que quieren mantener el status quo bajo las normas fiscales que han establecido, que lideran y de las cuáles se siguen beneficiando en mayor proporción, manteniendo además el secretismo en las jurisdicciones opacas (los mal denominados “paraísos fiscales”).

El futuro de la Convención de Naciones Unidas sobre Cooperación Tributaria Internacional dependerá del impulso que le imprima la coalición de países del Sur Global que, junto con la sociedad civil, lograron habilitar la discusión. Preservar la asociación de los países del G77 y el Grupo Africano que permitió avanzar será para garantizar que las economías más poderosas no boicoteen el debate y continúen participando de una negociación que tiene la potencia de transformar las reglas fiscales globales y ofrecer futuros mejores a nuestros pueblos.

Estamos convencidos de que los sistemas fiscales pueden orientar las acciones de las sociedades a través de la promoción de incentivos que ayuden a construir realidades más humanas, más justas, más responsables con el sostenimiento de la vida.

Tenemos frente a nosotros una oportunidad real para cambiar y rectificar un conjunto de reglas obsoletas que perjudican a los países en desarrollo y los sectores más vulnerados de nuestras sociedades. Para eso, necesitamos coherencia para proponer medidas claras, sin rodeos, titubeos ni temor a romper el status quo, que nos ha acompañado ya por demasiado tiempo.

*Alianza Global para la Justicia Fiscal

*Inesc y Red de Justicia Fiscal para América Latina y el Caribe