La educación en “modo Finocchiaro”, más que garantizar derechos para las niñas, niños y adolescentes, dinamita un contrato social laboral amparado por la Constitución Nacional. Así lo explican los especialistas consultados a propósito de la media sanción al proyecto de ley votado en Diputados la semana pasada por el cual se intenta establecer la educación pública como un “servicio estratégico esencial”. Y para garantizar 180 días de clases se impone la presencia de una cuota del plantel docente y no docente de los establecimientos educativos, cuando los gremios declaren días de huelga.

Allí radica la base del problema, corriendo el eje de la discusión, ya que la huelga como medida de fuerza, es consecuencia de problemas mayores: bajos salarios, malas condiciones edilicias, falta de capacitación docente o de la tecnología que impone el siglo XXI. Este contexto motiva medidas de fuerzas, la huelga es el más extremo. En el contexto se incluye también “tener estudiantes mal alimentados porque sus padres no tienen trabajo”, aporta Paula Fainsod, profesora de enseñanza primaria y directora de la carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.

“A los efectos del ejercicio del derecho a huelga, la educación no es un servicio esencial”, advierte el abogado Matías Cremonte, quien preside la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas. De hecho, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) define como esencial “los servicios cuya interrupción podrían poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de las personas en toda o parte de la población”.

También lo establece el régimen laboral argentino y ya se debatió cuando se presentó el DNU 70/23. Pero en esta jugada legislativa hay “una suerte de hipocresía muy evidente --dice Cremonte-- porque no hay dudas: la educación es un derecho humano fundamental y debe garantizarse pero el proyecto sólo apunta a restringir el derecho a huelga. No plantea un mayor presupuesto, ni cambios en la carrera docente o en las condiciones edilicias que puedan garantizar la educación pública”.

Por caso, el gobierno de Javier Milei dejó de convocar a la paritaria docente y quedó sin efecto el Fondo de Incentivo Docente. Sin embargo, la confusión comenzó a correr al debatirse la medida, aporta Myriam Feldfeber, profesora e investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de UBA, especializada en temas de política educacional. Porque “construye simbólicamente un sentido con el que es difícil disentir, ya que en el sentido común, se toma lo esencial como importante”.

Garantizar la educación con el cumplimiento del ciclo completo no depende de cercenar el derecho a huelga, sino de “generar las condiciones para que el ciclo lectivo se pueda cumplir”, afirma Myriam Feldfeber. Esta medida surge en un contexto de ajuste del presupuesto educativo. “Porque la educación es importante y hay que garantizar las clases pero el ministerio de Educación se degradó a secretaría”. Y el recorte de fondos va desde las obras de construcción a recursos para los comedores o la formación de los docentes.

Además ya no hay garantías salariales por paritarias, lo que después orienta las discusiones en cada provincia, repasa Matías Cremonte. “Aun en casos extremos, cuando la OIT entiende que es razonable restringir el derecho a huelga, establece algún mecanismo rápido y eficaz de solución del conflicto, pero acá se ataca a la protesta, y no las causas del conflicto. Ahí se ve el objetivo del gobierno con este proyecto, que debiera establecer mecanismos de negociación para resolver los problemas que llevan al conflicto. No solo no lo hace sino que lo inhabilita, como la paritaria docente”.

Es claro que la garantía integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en un contexto de ajuste, no está garantizado. “Todos necesitamos y queremos que los chicos estén en las escuelas –añade Paula Fainsod-- los docentes y las familias porque hay una confianza en las escuelas, porque están bien cuidados y aprendiendo, muchas veces lo necesitamos como familias trabajadoras, pero ponen el trabajo delante del carro. Atacan a los docentes por no cumplir días de clases, pero no se preocupan por solucionar los problemas que llevan al paro. Y los argumentos ubican a los docentes despreocupados por una educación de calidad. Así, hábilmente se construye un enfrentamiento entre las familias y los docentes”.

Como antecedente de estas políticas que precarizan la calidad educativa, vale repasar las declaraciones del diputado libertario Alberto "Bertie" Benegas Lynch cuando ya en abril sostuvo que no cree "en la obligatoriedad de la educación". Sostuvo así que "la libertad también es que si no querés mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitas en el taller, puedas hacerlo".

Pero la calidad educativa es puesta "hipócritamente" como central en este proyecto de ley. Porque son los derechos laborales "lo que está en el blanco de estas políticas -se explaya Matías Cremonte-, se ve en los proyectos de reforma laborales regresivas, y lo que más preocupa al gobierno es la reacción de los trabajadores y las trabajadoras”. Y agrega: “Reemplazar trabajadores que están ejerciendo la huelga está prohibido, la huelga es un derecho constitucional. Y no puede una ley decir que deba en estos casos, garantizarse el 30 o el 50 por ciento del plantel de un establecimiento educativo”.

Se necesitan determinadas condiciones. “Si están, no van a ser necesario legislar las huelgas docentes, porque esto llega cuando las condiciones de la educación no son suficientes”, comparte Myriam Feldfeber. Es necesario garantizar el lugar que les corresponde a los niños y niñas en las escuelas. "Para eso se necesita que los docentes no vuelen por el aire por una explosión de gas como ocurrió con Sandra y Rubén. Hay problemas con el agua, tuvimos presencia de roedores y alacranes en CABA, y se necesitan docentes bien formados y cuyas condiciones de trabajo sean dignas”, concluye la especialista.

"La huelga es inevitable"

“El gobierno provoca el conflicto”, define el abogado laboralista Matías Cremonte. “El nivel salarial, la falta de insumos y condiciones edilicias, hacen al deterioro de la educación como derecho y son causas de conflictos laborales en el sector docente. En vez de resolverlo, sabiendo que va a traer más huelgas, intentan restringirlas. Esto nunca funcionó, ningún sistema funcionó eliminando el derecho a huelga. La solución es resolver las causa de los conflictos, no limitar las consecuencias”.

“Porque se llega a la huelga como última medida –explica-, primero se impulsa la negociación colectiva, porque en muchos casos hasta se pierde el día de salario, tiene un costo para los docentes, y se ejerce este derecho cuando ya no queda otro remedio”.

“Este objetivo del gobierno está destinado a fracasar -advierte-, porque no hay una sociedad basada en el trabajo asalariado, que conlleva conflictividad, sin el recurso de la huelga como resguardo. Por algo la Constitución lo garantiza. Y todas las constituciones del mundo y los convenios internacionales. Se sabe que el conflicto es intrínseco al sistema, entonces se intenta desde el Estado resolver los conflictos, sabiendo que existen. Restringir el derecho a huelga fracasó siempre. En Argentina no hubo mayor restricción al derecho a huelga que en la dictadura. Y aunque eso podía costar la vida y la libertad de los trabajadores y trabajadoras, hubo gran cantidad de huelgas”.

“Eso permite entender que esta iniciativa no va a surtir el efecto que el gobierno busca –concluye-, no van a detener la huelga mientras persistan las causas que llevan a los trabajadores a reclamar, no va a haber ninguna norma que logre restringirla”.