El presidente de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores, Pedro Bussetti, denunció que el Gobierno nacional no se ocupó de la correcta comunicación para el reempadronamiento de usuarios que desean recibir el subsidio en las tarifas de servicios y aseguró que muchas personas ni siquiera sabían que había que hacer un trámite. 

"En La Matanza atendimos más de mil y pico de personas que ni siquiera sabían qué era el nivel 2, el 1 o el 3, no sabían qué era el reempadronamiento. La información debe ser amplia, debe llegar al domicilio del usuario y nunca llegó, ni en las facturas de los servicios ni ningún organismo del Estado se encargó de comunicarse con ese usuario para decirle que no se inscribió. Por eso hoy pagamos las consecuencias", reveló Bussetti en la 750. 

La nueva segmentación del Gobierno nacional tiene como objetivo eliminar totalmente los subsidios a los servicios hacia fin de año, según detalla en las comunicaciones y resoluciones el propio Ejecutivo que además pretende dedicarse a la exportación de gas natural, no así al mercado interno. 

En 2022, los usuarios que accedían a la tarifa social eran incluidos eran incluidos en la segmentación en el nivel 2, que son aquellos que pagan las tarifas más bajas. "A nuestro criterio esa decisión era acertada porque cada persona que pide la tarifa social tiene que cumplir ciertos requisitos, que son los que fija la Secretaría de Energía", explicó Bussetti en diálogo con Gustavo Campana. 

Sin embargo, cuando inició la presidencia de Javier Milei comenzó un nuevo reempadronamiento y obligó a quienes no estaban inscriptos a inscribirse. En el decreto 332/2022 de segmentación se ordena la apertura o habilitación de una ventanilla para todo usuario que quiera registrarse pero no sepa como llenar el formulario. El oficialismo no cumplió con esa parte de la disposición. "No habilitó ni a la Anses ni a las empresas eléctricas ni a las de gas, entonces 1.400 mil usuarios quedaron sin ningún resguardo, tratando de acceder a través de un familiar o amigo", cuestionó el titular de la entidad. 

Otro problema en torno al dilema de las tarifas es que, por ejemplo, en La Matanza, el 38% de las familias no tienen gas natural, entonces usan energía eléctrica para cocinar y calefaccionarse. "Esos consumos son superiores a 700 kilovatios por mes y les viene 150 mil pesos de tarifa", advirtió Busetti. 

Y concluyó: "Un club de barrio que pagaba el año pasado $100 mil de luz ahora paga $1 millón 200 mil. Esto sucede también en los clubes de barrio y en las iglesias de todo credo".