Desde Lima

El presidente Pedro Pablo Kuczynski está frente a la que puede ser su hora final. Hoy el Congreso controlado por la oposición fujimorista debatirá y votará un pedido para destituirlo bajo el cargo de “incapacidad moral permanente”, por sus relaciones con Odebrecht cuando era ministro y por haber mentido reiteradas veces para ocultar ese vínculo. Cuando PPK, como todos llaman al hoy agobiado presidente, ingrese hoy al Congreso para la sesión que decidirá su suerte, lo hará más cerca de la destitución que de salvar su cargo. 

El oficialismo denuncia que al acelerar los plazos –el pedido de destitución se tramitó y se pondrá a debate y a votación en solamente seis días– el Congreso no está respetando el debido proceso porque al mandatario no se le está dando el tiempo suficiente para una adecuada defensa. Desde el gobierno hablan de “golpe de Estado”. En un intento de último momento por parar el juicio político que le puede costar el cargo, PPK presentó ante el Poder Judicial una acción de amparo denunciando que se está violando su derecho a la defensa. Al momento del cierre de esta edición no había respuesta a este pedido. 

El presidente deberá responder ante sus acusadores por los contratos firmados con Odebrecht por la consultora financiera Westfield Capital, de la cual él es el único propietario, entre 2004 y 2006, periodo en el que era ministro de Economía y primer ministro y la constructora se benefició con decisiones del gobierno en las cuales PPK tuvo un papel clave. Por esos contratos, Westfield Capital recibió 782 mil dólares, pagos que se prolongaron hasta 2007. También se lo vincula con una segunda empresa de consultoría financiera, First Capital, propiedad de su socio Gerardo Sepúlveda, que también contrató con Odebrecht cuando PPK era ministro y recibió de la empresa brasileña poco más de cuatro millones de dólares.

En una defensa que ha sonado poco verosímil, Kuczynski ha dicho que en esos años en los que fue ministro delegó el control de su empresa y no sabía nada de los negocios que ésta hacía, pero ha reconocido que se benefició con las utilidades que dejaron esos cuestionados contratos. La persona a la que PPK supuestamente le delegó el manejo de su empresa, de lo que no existe ningún documento que lo demuestre, es Gerardo Sepúlveda, el mismo que es dueño de la otra empresa consultora que forma parte de esta trama de cuestionadas relaciones entre los negocios privados y la función pública 

Se necesitan 87 votos de los 130 del Parlamento unicameral para sacar de su cargo al mandatario. Fueron 93 los que el viernes pasado le dieron luz verde al pedido de destitución. Sin embargo, no todos esos votos están asegurados a favor de la vacancia presidencial. La mayoría fujimorista, que ya adelantó su voto a favor de la destitución, pondrá 71 votos para aprobarla –un solitario Kenji Fujimori, que desde hace un tiempo está enfrentado a su hermana Keiko, no apoyaría la posición de su partido–, a los que se sumarían el Partido Aprista del ex presidente Alan García, el izquierdista Frente Amplio y algunos otros parlamentarios. En un juego de sumas y restas, se calcula entre 86 y 88 votos que estarían definidos a favor de cortarle la cabeza al presidente, en el límite para aprobar la destitución. Pero no se descartan deserciones en este bloque.

El presidente necesita que 44 voten a su favor, se abstengan o se ausenten para salvarse. Tiene seguros solamente los dieciocho del oficialismo. El Movimiento Nuevo Perú de la ex candidata presidencial de la izquierda Verónika Mendoza, la centroderechista Acción Popular y la derechista Alianza para el Progreso, que suman 24 votos, han dicho que hasta ahora las explicaciones del presidente no son convincentes, pero que primero quieren escuchar su defensa en el Congreso antes de decidir, y demandan un debido proceso. 

Desde diversos sectores se ha denunciado un plan fujimorista para capturar el poder y copar diversas instituciones, proceso que ya comenzó con el aparato de justicia. Se advierte que el pedido de destitución del presidente, que aprovechando las circunstancias el fujimorismo impulsa con entusiasmo, y prepotencia, formaría parte de ese plan, acelerado por los recientes avances de las investigaciones de la fiscalía a Keiko Fujimori y su partido por supuestos aportes ocultos de Odebrecht a su campaña electoral y lavado de dinero, investigaciones que el fujimorismo busca desesperadamente detener. Esto ha movilizado protestas ciudadanas y puede ser un factor determinante para mudar a último momento algunos votos y para que las fuerzas políticas que no han decidido su postura terminen votando contra la destitución de PPK, aunque no estén convencidos de su inocencia. 

Kuczynski llega al proceso de destitución con la aprobación más baja desde que asumió hace un año y medio, en julio de 2016: 18 por ciento. Pero al Congreso que lo va a juzgar, controlado por una mayoría con una larga historia de corrupción y autoritarismo, no le va mejor, tiene una aprobación igual de baja que la de PPK. Un 57 por ciento está a favor de la destitución del presidente, un 61 por ciento quiere el cierre del Congreso y un 67 por ciento pide nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias. 

Con el escándalo de corrupción de Odebrecht que envuelve a tres ex presidentes –Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala–, al mandatario actual y a la jefa del principal partido de oposición, Keiko Fujimori, este proceso de destitución de Kuzcynski se da en un contexto de generalizado descrédito de la clase política. Ayer hubo movilizaciones en las calles con gritos de “que se vayan todos los corruptos”.