El aumento de las tarifas de transporte, luz, combustible y las cuotas de las prepagas genera nuevas tensiones para el proceso inflacionario. Entidades de consumidores explicaron a este diario que la suba de los colectivos y trenes tendrá un importante efecto para el poder de compra de la población, en tanto que aseguraron que el avance de la electricidad es irracional, al punto que puede provocar un aumento en la incobrabilidad para las empresas prestadoras del servicio. El equipo económico, que apunta a reducir el déficit fiscal disminuyendo los subsidios sobre las tarifas públicas, se encuentra en una encrucijada: el rojo de las cuentas públicas no baja por el aumento de los pagos de intereses de la deuda y el recorte de los subsidios impacta fuertemente en los precios internos.
“Estos aumentos van a afectar en la calidad de vida de los trabajadores”, dijo Héctor Polino, de la entidad Consumidores Libres. Agregó que “los sectores asalariados son los que mayoritariamente utilizan el transporte de pasajeros”. Preció que presentarán desde la entidad una acción judicial para intentar frenar el tarifazo. “Fue una farsa la forma en que los usuarios pudieron expresarse sobre los aumentos que rigen a partir de hoy (por ayer). Esperamos que la justicia haga lugar sobre el incremento del transporte”, indicó el referente de los consumidores. El subte no aumentó ahora sino en abril porque el Gobierno de la Ciudad debe completar el requisito de la convocatoria a una audiencia pública. “No hay razón para que trenes y colectivos no tengan una audiencia”, sentenció Polino.
Existe un antecedente en 2016 en que la justicia marcó que los aumentos tienen que ser progresivos y racionales a la capacidad de pago de los usuarios. La Corte Suprema agregó que si los aumentos son desproporcionados se produce el efecto contrario al que se busca con el incremento de los servicios públicos. “En lugar de mejorar las cuentas de las empresas proveedoras del servicio habrá una menor cantidad de dinero en las compañías por la suba de la incobrabilidad”, apuntó Polino.
El punto es que el combo de subas de la electricidad, los combustibles, los peajes, el transporte, entre otros, se traslada directamente a los precios y afecta la capacidad adquisitiva de la población. “Esto se debe a que se modifica la estructura de costos de las industrias y los comercios. Si encima no hay controles, y hay subas permanentes, los comerciantes se aprovechan para remarcar de manera preventiva más de la cuenta”, planteó Consumidores Libres. La entidad agregó que “los usuarios terminan pagando más de una vez estos aumentos. Por ejemplo, la suba de la luz la pagan en las boletas que llegan a sus hogares pero también por el incremento de los alimentos en la góndola del supermercado”.
Algunos referentes de pequeñas y medianas empresas se reunieron ayer con el ministro de Energía, Juan José Aranguren, para evaluar el impacto que tendrá el avance de la luz. Desde la CAME plantearon que esto impacta fuertemente en la rentabilidad y competitividad de sectores que requieren mucha energía eléctrica como las economías regionales dedicadas a la fruticultura, la olivicultura y el arroz. El titular de CAME, Fabián Tarrío, aseguró que “se esperan definiciones de las Mesas de Competitividad y que la política orientada a recomponer la matriz energética contemple la necesidad de impulsar a los sectores productivos”, mencionó. En el Ministerio plantearon que se está evaluando la posibilidad de “reemplazar el suministro de electricidad por el de gas en determinados sectores productivos”.
