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Desde Lima
El ex dictador Alberto Fujimori, cuya liberación por el indulto que le otorgó el presidente Kuczynski la noche de la última Navidad ha gatillado una crisis social y política, podría volver a prisión. La suerte de Fujimori ha quedado en manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ayer, en la sede de la Corte IDH en San José de Costa Rica, se realizó una audiencia en la cual familiares de las víctimas de la dictadura fujimorista y organismos de derechos humanos denunciaron la ilegalidad del indulto a Fujimori y pidieron a la Corte dejarlo sin efecto. De los siete miembros de esta Corte, uno de ellos el argentino Eugenio Zaffaroni, depende mantener o revocar el indulto al ex gobernante que en 2009 fue sentenciado a 25 años por crímenes de lesa humanidad y corrupción.
La revisión del indulto se da en el marco de una audiencia de supervisión de cumplimiento de las sentencias de la Corte IDH en los casos de las matanzas de Barrios Altos y la Universidad de La Cantuta, ocurridas en 1991 y 1992, respectivamente, hechos por los que Fujimori fue condenado en 2009 como autor mediato de veinticinco asesinatos –quince en Barrios Altos, incluyendo un niño de ocho años, y diez en La Cantuta– cometidos por un escuadrón de la muerte integrado por miembros del ejército que operaba bajo órdenes de su gobierno. La Corte IDH se pronunció sobre estos casos, calificándolos como crímenes de lesa humanidad, anulando una ley de amnistía que había dado Fujimori en 1995 y exigiéndole al Estado peruano investigar, juzgar y sancionar a los responsables y abstenerse de dar medidas de impunidad.
El debate se centró en si el indulto a Fujimori era realmente una medida humanitaria justificada por la salud del ex dictador, como alega el gobierno, o si se trataba de un pacto político disfrazado de indulto humanitario, como dicen quienes cuestionan su validez. “Este ha sido un indulto humanitario por razones de salud. Las restricciones del derecho internacional no alcanzan a los indultos humanitarios. Defendemos el derecho del Estado peruano a otorgar indultos humanitarios incluso en casos de sentenciados por graves violaciones a los derechos humanos”, señaló el abogado Jorge Villegas, uno de los dos defensores del Estado peruano. El otro abogado del Estado, Adrián Simons, cuestionó la competencia de la Corte IDH para revisar la validez de este indulto. Los cuatro abogados de las víctimas y organismos de derechos humanos cuestionaron la veracidad del carácter humanitario del indulto, el cual, aseguraron, fue producto de un pacto político que va contra las normas internacionales y las sentencias de la Corte IDH. Sobre esa base pidieron su nulidad. Abundaron en información sobre la secuencia de hechos y evidencias que apuntan a una negociación bajo la mesa para canjear el indulto por diez votos de un sector del fujimorismo –encabezado por Kenji, el hijo del ex dictador– para salvar al presidente Kuczynski de ser destituido por el Congreso, como efectivamente ocurrió.
Denunciaron una serie de irregularidades en el proceso para otorgar el indulto con una rapidez inusitada. Señalaron que las enfermedades que cita el informe médico –un antiguo cáncer a la lengua que está controlado, fibrilación auricular, hipertensión– no ponen en riesgo inminente la vida de Fujimori como para justificar un indulto y argumentaron que la prisión –que en el caso de Fujimori es una cárcel VIP unipersonal con asistencia médica permanente– no agrava su condición médica, como afirma el gobierno. También criticaron el derecho de gracia otorgado a Fujimori que impide pueda ser procesado por nuevos casos, cuya nulidad ha sido solicitada en un tribunal peruano.
“El indulto es ilegal y arbitrario, y va en contra de las obligaciones internacionales del Estado peruano y las sentencias de esta Corte”, señaló el abogado Carlos Rivera. Por su parte, la abogada Gloria Cano recordó que la Corte IDH determinó en sus sentencias sobre Barrios Altos y La Cantuta que no proceden medidas como amnistías o indultos. Antes de los abogados que argumentaron contra el indulto habló Carmen Amaro, hermana de uno de los estudiantes de la Universidad La Cantuta secuestrados y ejecutados por el régimen fujimorista. “Rechazamos este indulto político que es un insulto a la memoria y dignidad de nuestros familiares. Hemos venido aquí a pedir justicia”, dijo ante los jueces de la Corte.
Dos representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos intervinieron ante la Corte IDH pidiendo se anule este indulto. También han cuestionado el indulto a Fujimori organizaciones internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, y otras. En ese mismo sentido se han pronunciado diputados del Parlamento Europeo. Estela de Carlotto envió un mensaje en video a los familiares de las víctimas del fujimorismo expresándoles el respaldo de las Abuelas de Plaza de Mayo en su demanda judicial.
La Corte IDH emitirá una decisión en las próximas semanas. Sus fallos son de cumplimiento obligatorio, pero hay voces del gobierno, como las de la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, y del ministro de Justicia, Enrique Mendoza, que han deslizado la posibilidad de no respetar este fallo si es contrario al indulto.
“El Estado peruano debe cumplir lo que la Corte IDH dictamine en este caso”, ha señalado el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, en respuesta a quienes hablan de no acatar este fallo.
En declaraciones a Página/12, el jurista Diego García Sayán, ex presidente de la Corte IDH, señaló que “el Estado peruano no tiene otro camino que cumplir la sentencia que emita la Corte IDH, salvo que quiera ubicarse en el terreno de los parias internacionales.”
