La empresa AySA propondrá un aumento del 26 por ciento en la tarifa del servicio de agua potable y cloacas para este año. Además, propondrá eliminar completamente los subsidios que reciben 1,1 millón de usuarios del Gran Buenos Aires antes de fin de año. La actualización entraría en vigencia a partir del 1º de mayo próximo, de acuerdo con la propuesta que elevará la empresa prestadora del servicio en la audiencia pública que se llevará a cabo el próximo 15 de marzo. La eliminación del subsidio, que importa un 25 por ciento de la tarifa, se haría en cuatro quitas bimestrales consecutivas, de 6,25 por ciento cada una. La tarifa mínima va a ser de 130 por mes y por servicio (260 pesos para usuarios con agua potable y cloaca).
La propuesta de aumento llevará la tarifa promedio de un usuario residencial a 208 pesos por mes y por servicio. Es decir, por agua potable y cloacas, la tarifa total será de 416 pesos. AySA justificó el aumento en el marco de la política de “reversión del deterioro de tarifas y la recuperación del equilibrio económico de la concesión (…), prerrequisito para el logro de universalización de los servicios”.
Las autoridades de la empresa propondrán, en la audiencia pública de marzo, la eliminación paulatina de los subsidios a partir del 1º de mayo. El subsidio establece un descuento del 25 por ciento de la tarifa residencial que beneficia a 1,1 millón de usuarios del Gran Buenos Aires. La propuesta es la eliminación gradual del beneficio a lo largo de cuatro bimestres consecutivos, reduciendo 6,25 puntos de subsidio en cada período.
A partir de 2016, AySA fue pasando a su jurisdicción distritos del conurbano que antes eran atendidos por Aguas Bonaerenses. Fueron, en total, ocho: Florencio Varela, Presidente Perón, Escobar, San Miguel, Malvinas Argentinas, José C. Paz, Moreno y Merlo. Estos distritos, informó AySA, no reciben subsidio, por lo tanto señaló que la eliminación para el resto significará “poner en pie de igualdad” la tarifa en diferentes zonas del conurbano. A partir del 1º de julio se sumará Pilar a los distritos que pasan a la jurisdicción de AySA, también en este caso sin subsidio. De tal modo, los usuarios que pagaban una tarifa subsidiada equivalente al 75 por ciento de la tarifa normal, a fin de año verán incrementada su factura en un 66 por ciento por el doble impacto del aumento más la quita del subsidio.
La quita de los subsidios ya había sido definida por la Subsecretaría de Recursos Hídricos mediante la disposición 19/2017, que dispuso una reducción del 25 por ciento en los valores tarifarios aplicables a usuarios de categoría residencial. La primera reducción se aplicaría a partir del mes de julio. AySA estimó que el costo en subsidios representa unos 200 millones de pesos al año. La facturación de la empresa está en el orden de los 16 mil millones de pesos anuales.
La audiencia pública convocada para el 15 de marzo se llevará a cabo en el Centro Metropolitano de Diseño, en el barrio de Barracas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La celebración de audiencias públicas es obligatoria para la puesta en vigencia de aumentos de tarifas como el presente, como mecanismo de participación y consulta de la ciudadanía. Podrán participar de la audiencia pública toa persona física o jurídica, pública o privada, “que invoque un derecho subjetivo, interés simple o derecho de incidencia colectivo relacionada con la temática a tratar”. Quienes solamente deseen participar de la Audiencia deberán completar los formularios de inscripción publicados en la página web. Quienes soliciten participar como expositores deberán “manifestarlo expresamente en el formulario respectivo y acompañar un informe que refleje el contenido de la exposición a realizar”.
La Subsecretaría de Recursos Hídricos aclaró, en la misma resolución de la convocatoria, que “el marco regulatorio para la concesión de los servicios de provisión de agua potable y desagües cloacales no instituye la obligatoriedad de dicho procedimiento previo” a una revisión tarifaria. No obstante, la autoridad de aplicación decidió llamar a audiencia pública “por unas cuestión de oportunidad, mérito y conveniencia”, explica la propia resolución de convocatoria.
Las autoridades actuales de AySA tienen el mandato del Ejecutivo de reducir fuertemente el déficit, para así reducir su dependencia de los recursos de la administración nacional. Para ello, también se proyecta cambiar la unidad de medición del servicio, pasando de la superficie del inmueble a la facturación por metro cúbico de consumo, lo que haría necesario La instalación de medidores en cada domicilio. AySA estimó que solamente entre el 12 y el 15 por ciento de sus clientes cuenta con medidores ya instalados en su domicilio.
