Los militares acusados de participar en el plan de apropiación de bebés durante la última dictadura no saldrán en libertad. “Debe valorarse la particular gravedad de los hechos que se les imputan y la magnitud del daño causado”, aseguró la Cámara Federal al confirmar el rechazo a los pedidos de extradición hechos por varios represores, que fueron procesados por primera vez en esta causa hace tres años. Los camaristas también advirtieron al juez Rodolfo Canicoba Corral que “extreme las medidas” para terminar la investigación, es decir, que se apure para que el expediente pueda ser elevado a juicio oral.
Los jueces de la Sala I, Gabriel Cavallo, Horacio Vigliani y Luisa Riva Aramayo, consideraron para mantener a los acusados tras las rejas que, para ejecutar sus crímenes, se valieron “de su condición de militar, violando consecuentemente su mayor deber de obrar conforme a la norma”. También evaluaron que sus delitos se prologaron en el tiempo, la imposibilidad de reparar el daño y la calidad de las víctimas: bebés o incluso recién nacidos que fueron secuestrados en la panza de sus madres y separados de ellas en los centros clandestinos de detención.
La Cámara resolvió la semana pasada rechazar los pedidos de los represores Héctor Antonio Febres, Jorge Eduardo Acosta y Cristino Nicolaides, tal como lo había hecho Canicoba Corral. En ambas instancias se diferenciaron a los militares que cometieron delitos de lesa humanidad de otros detenidos que luego de tres años sin sentencia podrían acceder a una libertad provisoria. Pero en cada caso los camaristas le ordenaron al juez que “deberá extremar las medidas tendientes a concluir la etapa instructoria con relación a los hechos por los cuales el nombrado se encuentra procesado con prisión preventiva y profundizar la investigación respecto de aquellos que no se vieron alcanzados por el auto de mérito”. El “consejo” de los camaristas está dirigido a activar los mecanismos para que los diez militares se sienten al fin en el banquillo de los acusados.
Además de Febres, Acosta y Nicolaides, están procesados en esta causa Rubén Franco, Juan Bautista Sasiaiñ, Antonio Vañek, Carlos Guillermo Suárez Mason, Reynaldo Bignone, Emilio Eduardo Massera y Jorge Rafael Videla –que fue procesado inicialmente por el juez Roberto Marquevich–. La mayoría fue beneficiada con el arresto domiciliario en razón de su edad.
En septiembre del año pasado, los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado propusieron, debido a la complejidad del expediente, separarlo y realizar un primer juicio oral para dictar una sentencia en las apropiaciones de niños ocurridas en los centros clandestinos que funcionaron en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y Campo de Mayo. Los abogados de la querella, Alberto Pedroncini y David Baigún, no compartieron el criterio. Sostienen que una práctica sistemática debe ser apreciada en su totalidad para que la acusación no pierda fuerza.
El año pasado, Baigún y Pedroncini incorporaron una lista con veinte casos que aún no figuraban en la causa y que se sumaron a los 22 que ya estaban en el expediente. Entre las apropiaciones “nuevas” –que corresponden en su mayoría a chicos ya recuperados por las Abuelas de Plaza de Mayo– hay varias que se tratan de secuestros llevados a cabo dentro del Plan Cóndor, como el de Paula Eva Logares, Carla Rutila Artes y María de las Mercedes Gallo Sanz. En corto plazo, los acusados deberán ser interrogados y luego procesados por estos robos de niños, trámites que, a la vez, ocasionaran apelaciones. Si nada se entromete en el camino, los represores podrían ser juzgados en el segundo semestre de este año.