Por Gustavo A. Calleja *

Desde tiempo inmemorial, los desbordes de los ríos Salado y Paraná han sometido a la ciudad de Santa Fe y a su zona cercana a innumerables inundaciones. Tan es así que las actuales e insuficientes defensas datan de muchos años atrás. En las circunstancias actuales, el informe de la Universidad Nacional del Litoral entregado al gobernador Obeid en 1998/9, así como otros más recientes, fueron desechados por la administración del gobernador Reutemann, lo cual lo hace directamente responsable de no haber adoptado las medidas preventivas necesarias para paliar los efectos del desborde de las aguas.
Pero no es el único responsable. La historia enseña que en 1946 el presidente Juan Perón adoptó un conjunto de medidas destinadas a dotar de racionalidad al sector energético, siendo algunas de las más importantes la creación de las direcciones nacionales —después transformadas en empresas— de Gas del Estado (GdE) y de Agua y Energía Eléctrica (AyEE). Esta tenía como objetivo fundamental realizar en todo el territorio nacional los estudios y las construcciones necesarios para superar los recurrentes problemas hídricos: evitar las inundaciones y permitir el uso de las aguas para consumo humano, riego y fertilización, generación de energía eléctrica y evaluar íntegramente el potencial existente. Pocos años después, fue creada, en la órbita del Ministerio de Obras Públicas, la Secretaría de Recursos Hídricos, que funcionó bajo varias denominaciones hasta la gestión de Carlos Menem.
Sus realizaciones pueden verse en gran parte del país y hay una marcada diferencia entre aquellas provincias donde actuó AyEE y las que no. Todas las represas hidroeléctricas nacionales y binacionales se deben a sus iniciativas, aunque las de la zona del Comahue hayan sido construidas y operadas por Hidronor, que fue una empresa creada por la dictadura militar para concretar negociados con consultoras y empresas extranjeras. La financiación de esas obras fue provista por el Estado nacional, especialmente a través de Impuestos Internos al Consumo denominados Fondos Energéticos y Viales, que consistían en cargar determinados porcentajes al precio de los combustibles líquidos derivados del petróleo. Hasta la desregulación aplicada por la administración Menem en 1989, la recaudación anual rondaba los U$S 2400 millones, que eran administrados directamente por la Secretaría de Energía. Estos fondos nacieron en 1934 y estaban destinados a la Dirección Nacional de Vialidad: toda la red troncal nacional y gran parte de las redes provinciales se deben a su financiamiento. Perón e Illia los incrementaron significativamente, al planificar las obras hidroeléctricas.
En los inicios de la administración Alfonsín se decidió continuar las represas hidroeléctricas que estaban en ejecución, tales como Alicurá, Piedra del Aguila, Pichi Picún Leufú, Yacyretá, etc. Al mismo tiempo se previó que para 1988 se comenzaría la construcción del proyecto conocido como Paraná Medio, una represa de llanura gigantesca que permitiría no sólo generar electricidad, sino regular los caudales de los ríos Paraná y Salado, e incluso los del Uruguay. Los criterios económicos puramente financieros aplicados desde el alejamiento del ministro Bernardo Grinspun frenaron ese proyecto.
El presidente Menem, a través de la nueva regulación petrolera llamada “desregulación”, prácticamente cedió a las empresas privadas del sector -mayoritariamente multinacionales— los ingresos generados por los Fondos, que fueron finalmente suprimidos. Por lo tanto, desde 1989 no se ha iniciado ninguna gran obra hidroeléctrica y sólo se han terminado algunas de las que estaban en ejecución en base a créditos externos. Además, en 1992/93, con un irracional “descuartizamiento” previo, AyEE fue privatizada, al tiempo que el Ministerio de Obras y Servicios Públicos fue absorbido por el de Economía bajo la gestión del ministro Domingo Cavalloy, por supuesto, la Secretaría de Recursos Hídricos desapareció del organigrama oficial. El inventario de recursos que poseía AyEE también desapareció y del Proyecto del Paraná Medio no se habló más, ya que a partir de la desregulación energética, el mercado reemplazó al Estado en todas sus funciones, incluidas las de planificación. Al igual que sucedió con YPF y Gas del Estado, miles de profesionales y técnicos de primer nivel fueron despedidos. Debería llenarnos de vergüenza que a través de gestiones del canciller Carlos Ruckauf —un gran defensor de las privatizaciones— debamos pedir el envío de técnicos de EE.UU. para analizar la evacuación de las aguas.
Por todo eso, no tengo ninguna duda de que las responsabilidades no terminan en un gobernador inoperante, sino que comprenden, entre otros, al ex presidente Menem, a su ministro Cavallo y a todos los legisladores que votaron y aplaudieron la privatización de AyEE, Hidronor y SEGBA, sancionaron un marco regulatorio eléctrico privatista e insensato y una Ley de Ministerio que consintió la supresión de la Secretaría de Recursos Hídricos.

* Director del Instituto de Energía e Infraestructura de la Fundación Arturo Illia para la Democracia y la Paz.