Se trata del primer reconocimiento oficial: Eric Holder, procurador general de EE.UU., envió al Congreso una carta en la que informa de la muerte de cuatro ciudadanos estadounidenses en Yemen desde 2009 como consecuencia de ataques misilísticos con drones o aviones no tripulados (//s3.documentcloud.org, 22/5/13). En la carta, dirigida al presidente de la Comisión del Comité de la Magistratura del Senado, el procurador señala que, aunque los ataques no se realizaron en las zonas de combate de Irak y Afganistán, estaban plenamente justificados por la seguridad de EE.UU.

“Con base en principios legales de generaciones y fallos de la Corte Suprema dictados durante la Guerra Mundial II, así como durante el conflicto presente –dice la carta–, es claro y lógico que la ciudadanía estadounidense por sí sola no otorgue inmunidad” a connacionales que “han decidido cometer ataques violentos contra su propio país desde el extranjero”. No está claro si Samir Khan, Anwar al Awaki y su hijo de 16 años, Abulrahman, muertos por el misil de un drone en el 2011, los tres nacidos en EE.UU., eran miembros de Al Qaida, pero el FBI los consideraba peligrosos por ciertas actividades presuntamente vinculadas con los terroristas. Obama aplaudió la carta de Holder: “Digamos, simplemente, que estos ataques salvaron vidas” (www.dailymail.co.uk, 23/5/13). Ya había firmado la orden ejecutiva que autoriza a asesinar a sus conciudadanos sospechosos de terrorismo.

El senador republicano Lindsey Graham ha criticado el empleo de esos aparatos aéreos en países extranjeros. Según él, han matado ya a unas cinco mil personas (//rt.com, 20/2/13). Se ataca “a grupos de desconocidos sólo porque se presume que son miembros de Al Qaida o de algún otro grupo enemigo” (www.nytimes, 22/5/13). La CIA se encarga de que poco y nada se conozca acerca de los ejecutados y de los detalles de cada operación. Estos ataques se llevan a cabo en Pakistán, Yemen, Somalia y a saber en qué otro país.

Hay disconformidades internas por el empleo de ejecuciones extrajudiciales en vez del debido proceso al acusado y por la cantidad de extranjeros civiles muertos sin causa ni razón. Las universidad de Stanford y de Nueva York publicaron los resultados de una investigación conjunta (Living under Drones) que establece la siguiente conclusión: sólo un dos por ciento de los muertos por drones eran dirigentes terroristas (//blogs.law.stanford.edu, septiembre del 2012). Rehman Malik, ministro del Interior de Pakistán, manifestó que alrededor del 80 por ciento de las víctimas de esos ataques en su país eran civiles (//rt.com, 18/10/12). La tan mentada precisión de los misilazos no parece muy notable.

Las víctimas paquistaníes o yemenitas no han provocado en EE.UU. la misma inquietud que la ejecución extrajudicial de ciudadanos estadounidenses. El senador republicano Rand Paul se opuso a la designación de John Brennan al frente de la CIA –ex asesor de seguridad de Obama, que lo propuso para el cargo y fue confirmado– pronunciando un discurso de cuatro horas en el Senado (//rt.com, 7/3/13). “Hablaré todo lo que haga falta hasta que suene la alarma de costa a costa acerca de que nuestra Constitución es importante, que vuestros derechos a un proceso son preciosos, que ningún estadounidense sea asesinado por un drone en suelo de EE.UU. sin ser acusado de un delito, declarado culpable por un tribunal.” La preocupación de Rand Paul no incluye a los estadounidenses asesinados en países extranjeros.

El procurador Holder indica en su carta que ésta era un paso hacia la transparencia en materia de guerra antiterrorista. La orden de darlo provino del mismo Obama, quien pidió a Holder que diera a conocer “cierta información hasta ahora debidamente clasificada” a fin de que el Congreso conociera “nuestros esfuerzos antiterroristas para garantizar que sean acordes con nuestras leyes y valores y más transparentes para el pueblo estadounidense y para el mundo”. Pero esta actitud más bien parece motivada por escándalos como el que mancha al Departamento de Justicia.

Este Departamento, en contra de sus propios reglamentos y sin avisar a la parte afectada, intervino durante dos meses los teléfonos de la Associated Press, tanto de sus oficinas como el individual de los periodistas (www.newyorker.com, 14/5/13). Según la legislación vigente, esta medida contra la libertad de prensa sólo puede ser ventilada en los tribunales ante los cuales el Poder Ejecutivo debe demostrar su necesidad por haberse producido, por ejemplo, una filtración que considera inconveniente o dañosa. La verdad es que no muchas instituciones de Justicia tienen que ver con la Justicia. Decía el novelista y dramaturgo francés Jules Renard que la Justicia “no es, felizmente, obligatoria”.