El vicepresidente norteamericano Dick Cheney, que había descubierto el potencial energético de Asia central, se reunía en el 2001 con ejecutivos de las megaindustrias petroleras de EE.UU. para diseñar la política energética del país. De esos encuentros salió el plan que tenía que salir para satisfacer tales intereses: el oro negro y el gas natural eran ya cuestiones de seguridad nacional. Para EE.UU., claro, no para Afganistán, Irak y el mundo entero.
Las políticas del gobierno Bush no sólo se moldean en reuniones de alto nivel. Un ejército de lobbistas o cabilderos de las grandes empresas cerca diariamente a legisladores y funcionarios de distintos ministerios y dependencias federales para lograr medidas, reglamentos y aun leyes que favorezcan a sus empleadores. Una investigación que el Centro por la Integridad Pública (CPI, por sus siglas en inglés) realizó en mayo pasado revela que en seis años y medio –enero 1998/junio 2004– 17.314 empresas y organizaciones asediaron a los miembros de la Cámara de Representantes, directamente o por medio de las agencias especializadas del ramo, para obtener la sanción de leyes que acarician el objetivo central de todo buen capitalista: beneficios máximos. El número de cabilderos ascendió a 25.279 en ese período, de los cuales 2211, casi el 10%, habían sido funcionarios del Congreso o del gobierno federal. Conocen qué botones apretar y con qué bueyes arar. Estas cifras poco varían para el Senado de EE.UU. Más que legisladores, parecen legislados.
Unas 200 dependencias gubernamentales reciben presiones, consejos, solicitaciones y a saber qué más de empresas como la Chevron Texaco, que en el período investigado invirtió 5.320.000 dólares en contratos con 28 agencias que destinaron 148 cabilderos a fatigar los despachos oficiales para servir los fines de ese gigante del petróleo; casi un tercio de ellos –exactamente 39– eran, son, ex funcionarios que, por razones obvias, se concentran en el Departamento de Energía y en el Organismo de Protección Ambiental. Sin descuidar el Congreso, los lobbistas golpean las puertas de la Comisión Federal Electoral, responsable de supervisar el cumplimiento de la legislación en ese campo y de regular los topes de los gastos de campaña de los partidos. Otros procuran en el ámbito de la Oficina de Etica Gubernamental (OGE, por sus siglas en inglés), encargada de prevenir los conflictos de intereses de los funcionarios federales. En el 2004 la Senior Executive Association, que agrupa a los retirados y en actividad de alto nivel, demandó a la OGE que reduzca el número de altos funcionarios a quienes se prohíbe durante un año cabildear en los organismos donde trabajaron. No hay por qué impedirles que sumen más ingresos a sus robustas jubilaciones.
La GAO (Government Accountability Office), cuya tarea es auditar y supervisar el cumplimiento de la legislación vigente y de los programas del Congreso, no promulga leyes ni las reglamenta, pero es un blanco preferido de los cabilderos del Instituto de Energía Nuclear (NEI, por sus siglas en inglés), organización integrada por más de 250 corporaciones de la industria del átomo de 13 países. La GAO emitió recientemente tres informes que incluyen recomendaciones sobre la seguridad en las plantas nucleares y otros aspectos, que podrían entrañar gastos no productivos para esas empresas. El NEI, por supuesto, se apresuró a proporcionar información “sólida” para evitarlos. Por algo la declaración de principios del Instituto proclama que es su misión “garantizar la formulación de políticas (oficiales) que promuevan los usos beneficiosos de la energía y las tecnologías nucleares en Estados Unidos y en todo el mundo”. Y no necesita votos para hacerlo.
La industria farmacéutica norteamericana es la más activa en la materia: desde 1998 ha cabildeado en torno a más de 1400 leyes del Congreso, invirtiendo para ello 759 millones de dólares y empleando a casi tres mil cabilderos, una cifra no alcanzada por ningún otro grupo de interés (CPI, 28-4-05): las compañías de seguros, que ocupan el segundo lugar en esta lista peculiar, apenas si gastaron 644 millones de dólares y utilizaron poco más de dos mil lobbistas en el mismo período. Cabe reconocer que las empresas productoras de medicamentos han obtenido en los últimos años apreciables victorias legislativas en el Capitolio: en el 2003 se promulgó una ley que entrará en vigor el año que viene y que, en el marco de los programas oficiales de salud, llevará decenas de miles de millones de dólares a las arcas de Merck, Squibb, Pharmaceutical Research & Manufacturers of America y otras. EE.UU. es el único país industrializado que no regula el precio de los medicamentos y casualmente 2003 fue el año en que 298 grupos de industriales farmacéuticos invirtieron en cabildeo 143 millones de dólares para 1274 profesionales del rubro. Un gasto que valió la pena.
No es extraño que los grupos económicos de poder acuñen las políticas de la Casa Blanca: están sentados en la Casa Blanca y poco les importan los intereses de sus gobernados. Es la clase de democracia que los “halcones gallina” pretenden imponer en el planeta. A costa, claro, de la sangre ajena.