El fallo de la Corte Suprema es un desafío al futuro, porque al levantar dos barreras legales que trabaron la búsqueda de verdad y justicia, compromete la responsabilidad de todos los que desean una convivencia basada en la ley, el derecho y la vida. Las desgraciadas leyes de obediencia debida y punto final son desde ayer inconstitucionales y, por lo tanto, podrán reabrirse las causas para juzgar a los terroristas de Estado que actuaron durante la última dictadura del siglo XX, la más cruel y sanguinaria de todas las conocidas hasta entonces. La decisión del alto tribunal corrobora que los sentimientos de libertad y justicia tardaron dos décadas pero maduraron lo suficiente para que la sociedad argentina pueda afrontar sus tragedias sin temor a fantasmas del pasado y para que la gobernabilidad de la democracia no tenga que claudicar ante la impunidad para protegerse a sí misma.
Los defensores de los derechos humanos pueden celebrar la decisión por mayoría de la Corte como una merecida victoria de una lucha, aunque el final todavía no esté a la vista. El veredicto es un nuevo punto de partida, porque los impunes y sus defensores, los que se beneficiaron con la obra completa de la dictadura, no se rendirán con facilidad. Claro que el tiempo no ha pasado en vano, ya que los legisladores de las mayorías parlamentarias hoy no se atreverían a votar por otros amparos como los que se acaban de anular. Cada vez tienen menos fuerza los argumentos que pretenden justificar el olvido “para no revolver los odios pasados”, puesto que los años demostraron que no hay mañana posible sin cerrar las tumbas que permanecen abiertas.
Si los actuales miembros de las Fuerzas Armadas son capaces de revisar la historia sin falsas solidaridades corporativas ni tóxicos ideológicos, tal vez puedan comprender que este nuevo período también abre la posibilidad de recuperar el honor de sus uniformes, mancillados por las bárbaras tropelías y los saqueos de los verdugos de aquella dictadura. Al aceptar el juicio y castigo de los culpables, los que estén libres de culpa podrán limpiar la imagen de sus instituciones y de sus carreras.
Los jueces cumplieron con su deber a conciencia, pero serán objeto de ataques por parte de los que mencionan el “garantismo” como si se tratara de un vicio o la subrepticia expresión de algún exótico sesgo ideológico que protege a los delincuentes. Mienten a sabiendas, ya que la garantía de la igualdad ante la ley, sin coronita para nadie, es una condición básica para que cada ciudadano cuente con la máxima seguridad de tribunales que sean esclavos del Estado de derecho, en vez de formar mayorías automáticas para cumplir con la voluntad del más fuerte. A los críticos del llamado “garantismo” lo que les molesta es que ya no puedan ser dueños exclusivos de las garantías jurídicas.
Muchos, incluido el presidente Néstor Kirchner, hablaron en las últimas horas para expresar opiniones o sentimientos de una jornada que se volvió inolvidable. Entre ellos, el obispo metodista Aldo Etchegoyen, directivo de la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos), resumió así este momento de la historia: “Muchas cosas deben pasar todavía en nuestro país para que podamos celebrar un Estado de derecho con trabajo, pan en las mesas, educación, oportunidades y salud para todos, entre tanto hoy celebramos que somos un poco más dignos, más honestos, más verdaderos, más limpios”.