Entre los antecedentes del ex subcomisario Luis Patti, quiero destacar aquí que no está siendo hoy recordada como merece aquella detención ilegal, en octubre de 1990, de dos sospechados de rateros para ser torturados en la localidad bonaerense de Pilar. Los forenses de la Corte de la provincia de Buenos Aires certificaron el ruinoso estado al que los tormentos con picana eléctrica y golpes habían reducido a Daniel Bárzola, haciendo constar que sus testículos, de un amoratado violáceo, tenían el tamaño de una pelota de fútbol número tres. El juez en lo Criminal Raúl Borrino dispuso entonces la prisión preventiva del hoy impugnado legislador electo, pero la policía no cumplió la orden de detención y antes de entregarse en San Isidro, Patti se dio tiempo para proclamar que la policía necesitaba actuar cometiendo delitos como “privación ilegal de la libertad, apremios y violación de domicilio, entre otros” y contactarse con su amigo el ex intendente de Pilar bajo la dictadura y dueño de una cadena de supermercados, Ricardo López Herrero, quien se consagró a movilizar a las “fuerzas vivas” zonales junto con Carlos Decurnex, de la Fuerza Vecinal sanisidrense, en sintonía con el amotinamiento de brigadas policiales que llegaron a formar piquetes en las comisarías: todo un levantamiento sedicioso para impedir que se hiciera justicia y una virtual justificación de la tortura.
Tanta coacción terminó derribando al juez Borrino y preparó el terreno para que la Cámara de Apelaciones de San Isidro sobreseyera a Patti, quien fue elogiado y premiado por Menem con su envío a Catamarca para “investigar” el asesinato de María Soledad Morales y con la designación como interventor del Mercado Central, preliminares de la carrera política que pretende ahora continuar como diputado de la Nación.