No hay dudas de que el anuncio del Gobierno relativo al tratamiento legislativo de un proyecto para la sanción de una nueva ley de educación cumple una de las demandas reclamadas no sólo por el sector sindical docente, sino por la sociedad en su conjunto. Pero también es una excelente oportunidad para recordar el contexto en que se sancionó la vigente Ley Federal de Educación: un momento de hegemonía y aplicación plena de políticas neoliberales, no sólo en Argentina por parte del gobierno menemista, sino también en casi toda América latina. El resultado de esas políticas es bien conocido: políticas de “ajuste estructural”, reforma regresiva del Estado, flexibilización y precarización laboral e implementación de un modelo desindustrializador, aumento de la fragmentación y exclusión sociales, profundización de las injusticias sociales y educativas, destrucción sistemática de las organizaciones colectivas de los trabajadores y de diferentes sectores de la sociedad civil, disminución de la participación social y política. Algunas de las consecuencias político-educativas de esas medidas y tendencias son también reconocidas por el Gobierno: en un país con 24 jurisdicciones educativas coexisten más de 50 modelos de estructura del sistema educativo; la obligatoriedad escolar de 10 años prescripta contrasta con el precario desarrollo del nivel inicial en la mayoría de las provincias y la escasa capacidad de inclusión educativa del denominado “Tercer Ciclo” de la Educación General Básica; la fragmentación de las políticas educativas y del Gobierno y gestión del sistema educativo nacional. Frente a esta situación, el anuncio oficial resulta positivo. No obstante, nuestro papel como organización sindical, que brega por una educación pública gratuita y de calidad y que hace de la participación el pluralismo, el federalismo y el movimientismo los ejes de su trabajo con el sector docente, nos pone en alerta y estado de movilización para garantizar que no se repitan errores del pasado, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la necesaria y democrática participación de los docentes y de todos aquellos sectores y actores sociales y educativos comprometidos con la defensa y ampliación del derecho a la Educación, no sólo en el debate público previo a la sanción de la nueva ley, sino también en su formulación, seguimiento y evaluación de resultados.

Fabián Felman - Secretario General de la Confederación de Educadores Argentinos