George Orwell anticipó en su última novela, publicada en 1949, un mundo con policías del pensamiento, anulación del pasado, mutilaciones del lenguaje y la memoria, siempre dispuesto a tragarse las mentiras que sirve el poder. Tenía en mente a la entonces Unión Soviética, pero sucede, curiosamente, que es en Estados Unidos donde el gobierno de Bush hijo está llevando a la práctica esas imaginaciones. Es cierto que la novela se titula 1984 y que estamos padeciendo el 2002. Hay que darle tiempo al tiempo.
Hace más de dos meses que la Asociación de Bibliotecas de EE.UU. está esperando que el FBI conteste cuántas veces ha utilizado las amplias atribuciones que le otorga la USA Patriot Act para investigar en secreto los registros –alguna vez confidenciales– de bibliotecas públicas y librerías. Es la pregunta número 12 de un cuestionario de 50 que el Comité de Justicia de la Cámara de Representantes elevó al Departamento del ramo que dirige el devoto John Ashcroft. Devoto en materias varias: religión, represión, fascismo. También esperan el congresista demócrata John Conyers y el republicano James Sensenbrenner, presidente del Comité, que prepararon el cuestionario y fijaron el 9 de julio que pasó como fecha límite para la recepción de las respuestas.
Desde que los atentados del 11/9 llevaron al Congreso estadounidense a aprobar esa ley “antiterrorista”, un documento de 342 páginas que los parlamentarios no tuvieron tiempo de leer, el FBI adquirió, entre muchas otras, la facultad de vigilar a su antojo los hábitos de lectura de todo ciudadano. Guay de quien compre en una librería o pida en una biblioteca algún libro sobre el Islam, o Cuba, o las Torres Gemelas, o los países del “eje del mal”: podría ser catalogado como sospechoso de terrorismo, detenido por tiempo indeterminado sin aviso ni acceso a un defensor, es decir, “desaparecido a la argentina”, como señalara Warren Christopher, ex secretario de Estado de James Carter. De hecho, casi todo el pueblo estadounidense corre esos riegos si el FBI se encapricha.
Las órdenes de allanamiento llamadas sneak and peek (irrumpir y revisar de manera furtiva) le permiten catear cualquier hogar, escrutar efectos personales, fotografiar, bajar información de la computadora si la hay, sin que el dueño se entere hasta después del hecho cumplido. En la revista Insight on the News, John Whitehead, fundador y presidente del Instituto Rutheford, definió la situación así: “La libertad y la seguridad no se excluyen mutuamente, pero lo único que nos separa de la tiranía es la Constitución de EE.UU. ¿Pienso que hemos perdido libertades civiles? Sí. ¿Pienso que hemos establecido las bases de un Estado policial? Sí”. No se puede decir que Whitehead habla oscuro.
Las órdenes de registro de bibliotecas y librerías son emitidas por una instancia judicial que se reúne en secreto y prohíben que los funcionarios y dueños de las unas y las otras revelen a nadie que el FBI los ha contactado, y menos a la persona que está siendo investigada. Los Angeles Times (29/7) da cuenta de un sondeo que el centro de investigaciones de la biblioteca de la Universidad de Illinois llevó a cabo en 1020 bibliotecas: el 85 por ciento, en su mayoría de los institutos de investigación más importantes, fue “visitado” por agentes federales o locales que pedían información sobre las preferencias de los lectores. La policía del pensamiento, vamos.
Esto no transcurre sin reacciones institucionales. Se ha informado en estas páginas (29/8) que en Newark, Detroit, Washington y Cincinnati se dictaron fallos que condenan los métodos orwellianos ejecutados por Bush hijo. El tribunal federal de apelación de Cincinnati dictaminó que eran ilegales las audiencias secretas que culminaron con la deportación de centenares de sospechosos de terrorismo detenidos luego del 11/9. “El Poder Ejecutivo intenta seccionar las vidas de las personas, de espaldas a la mirada pública y detrás de una puerta cerrada. Las democracias mueren detrás de puertas cerradas”, especifica su sentencia. La jueza federal deWashington, Gladys Kessler, determinó que el Departamento de Justicia debe proporcionar los nombres de la mayoría de los sospechosos que siguen presos. “Las detenciones secretas –dice su fallo– constituyen un concepto odioso para una sociedad democrática.”
Y hay resistencias locales. Las autoridades municipales de Berkeley (California), Denver (Colorado), Ann Harbor (Michigan) y de cuatro ciudades de Massachusetts (Northampton, Leverett, Amherst y Cambridge) aprobaron sendas resoluciones que cuestionan el camino que la Casa Blanca recorre en su guerra “contra el terrorismo” dentro de las fronteras nacionales. “Creemos que estas libertades civiles (de expresión, de reunión, la igualdad ante la ley y el derecho a la privacidad, otras) están ahora amenazadas por la USA Patriot Act”, aseveró el concejo municipal de Cambridge. “Nos trajo (esa ley) resonancias de la era McCarthy y de otros tiempos”, recordó la concejal de Denver, Kathleen Mac Kenzie. Es que resulta imposible anular las reservas democráticas de una sociedad entera. Eso también –desesperadamente– Orwell previó.