La Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor de la inconstitucionalidad del Decreto 616/2001, que dispuso la aplicación del 21 por ciento de IVA a la venta e importación de obras musicales impresas, álbumes o libros de estampas y cuadernos para dibujar y colorear para niños. Así lo informó ayer la Cámara Argentina del Libro: en junio de 2001, la Cámara, junto con las empresas Riccordi Americana y Editorial Sigmar, había iniciado una acción de amparo solicitando la declaración de inconstitucionalidad del decreto. La decisión judicial abre el camino para que puedan bajar los precios de las publicaciones para los más pequeños.
La entidad recuerda que “el 10 de septiembre de 2001, un juez declaró la inconstitucionalidad en la forma requerida por los reclamantes, pero el Poder Ejecutivo nacional apeló esta resolución. El 18 de diciembre de ese año la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo revocó la sentencia y desestimó el planteo de inconstitucionalidad”. Si bien entonces se encontraban agotadas las dos instancias ordinarias, la demanda llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, a través de un recurso extraordinario. En octubre del año pasado el procurador general de la Nación aconsejó en su dictamen revocar la sentencia de Cámara, al opinar que un nuevo fallo debía declarar la inconstitucionalidad.
“El 11 de septiembre pasado la Corte Suprema, en base al mencionado dictamen, notificó que revocó la sentencia apelada y que deberá dictarse un nuevo fallo declarando la inconstitucionalidad del Decreto 616/2001, conforme a lo requerido por las partes reclamantes en juicio”, precisó el comunicado de la Cámara del Libro. Cabe aclarar que si bien el próximo fallo a dictarse es sólo una cuestión formal, hasta tanto no se dicte no es posible aún facturar o importar sin aplicar IVA, recalcó la Cámara. La entidad, además, expresó su satisfacción ante la declaración de la inconstitucionalidad de esta disposición “que gravaba a los libros destinados a iniciar a los niños más pequeños en el hábito de la lectura y a las ediciones musicales sólo por la diferencia del lenguaje o grafía”. Para la entidad, “el Decreto 616/2001 afecta los derechos colectivos a enseñar, aprender y acceder a la cultura, en tanto impide que los sectores de menores ingresos puedan tener acceso a elementos fundamentales para la alfabetización y para el disfrute de actividades como la lectura y el hacer o estudiar música”. Ahora, es de esperar que el precio final de los libros termine reflejando este fallo judicial.