Tras casi ocho años de quiebra, los socios de Ferro quieren recuperar el manejo administrativo del club, y con ese propósito marcharon a Tribunales, para acompañar la presentación de un recurso ante la Corte Suprema, reclamando que se habilite la realización de elecciones en la institución de Caballito, alguna vez emblema de la clase media y hoy administrada por un órgano fiduciario.

La movilización, de la que participó un millar de hinchas, protestó contra el fallo emitido por la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial que rechazó el pedido de la Comisión Directiva residual para que se remueva a los integrantes del triunvirato que administra el club y se inicie un proceso de normalización que le permita a Ferro dejar atrás la quiebra.

“El fallo establece que los socios no existimos y que la dirigencia se autoproclamó, ignorando que fuimos las últimas autoridades electas que tuvo Ferro, en 2002. Además se contradice el sentido de la Ley 25.284 de entidades deportivas”, señaló a Página/12 Eduardo Sreider, representante legal del club y vocal de la Comisión Directiva.

La ley establece que los clubes en quiebra pasan a ser administrados por “un ente fiduciario que actúa en beneficio de los acreedores”, pero estipula también que los socios tienen el derecho de defenderse a través de sus órganos estatutarios si se cometen irregularidades y, en especial, para lograr el levantamiento de la medida.

La Comisión Directiva residual de Ferro entiende que existen motivos para pedir la remoción del triunvirato fiduciario que maneja los destinos del club, compuesto por Vanesa Reguccini, Liliana Cichero y Juan Carlos Pérez. Los administradores, designados por la magistrada a cargo de la quiebra, Margarita Braga, abonaron en negro salarios de trabajadores del club, algo que no pueden hacer por su condición de funcionarios judiciales.

Los socios consideran además que tras las ventas de jugadores como Matías Carabajal, Federico Fazio (hoy en Sevilla), Iván Macalik y Luis Salmerón, en los últimos dos años, Ferro acumula fondos suficientes como para afrontar la deuda de cuatro millones de pesos que tiene con distintos acreedores, lo que le permitiría encontrar una salida negociada a la quiebra.

La causa del quebranto de Ferro siempre estuvo plagada de controversias. La decretó el juez Rodolfo Herrera por una deuda de 40 mil pesos, a fines de 2002. Un año después, el magistrado fue apartado de la causa por irregularidades que le costaron la destitución y un procesamiento que aún continúa. Casi ocho años después, los socios sueñan con recuperar la grandeza que tuvo la institución en los años ’80, cuando llegó a tener más de 30 mil asociados. Pero antes quieren dar el primer paso: volver a administrar el club que les pertenece.