El fiscal porteño Gustavo Galante ordenó ayer que el presidente de River, Daniel Passarella, y el resto de los integrantes de la Comisión Directiva del club tengan custodia de la Policía Federal de manera personal y en sus domicilios, luego de recibir amenazas de muerte. La medida fue ordenada luego de que el abogado de River, Marcelo Vázquez Aguiar, denunció que Passarella y una treintena de dirigentes fueron amenazados a través de páginas web partidarias, informaron fuentes judiciales. El letrado denunció que, además de Passarella, fueron amenazados el vicepresidente Diego Turnes y los dirigentes Omar Solassi, José Carlos Sardi, Federico Aurelio, Juan Manuel Lanas, Susana Gil, Luis Renzi, Eduardo Rabuffetti, Alonso Russo y los vocales de la comisión.

También sufrieron esas intimidaciones los vocales Sergio Campillay (a cargo del Departamento Técnico Legal), Omar Gagna (del Departamento Físico), Daniel Mancusi (al frente de la auditoría sobre el ex presidente José María Aguilar), Luis Roldán (de Prensa), Máximo Vázquez (de Marketing) y Marcelo Fernández Nappe (de Educación), dijeron los voceros.

El abogado añadió que las amenazas también alcanzaron a Javier Turnes, hermano del vicepresidente; Guillermo Ibrogno, Matías Calcagno, Gustavo Poggi, Carlos Brendani, Mariano Mera Figueroa, Norberto González Cao, Carlos Reyes y Oscar Vásquez, se indicó. La lista, agregaron las fuentes, se completa con el secretario de River, Daniel Bravo, y Francisco “Jajo” Bierniakowicz, presunto nexo con la barra brava, sobre quienes pesa un pedido de detención del fiscal José María Campagnoli por las amenazas al árbitro Sergio Pezzotta en el entretiempo del partido con Belgrano el domingo pasado.

El abogado presentó un escrito en la Fiscalía de Galante en el que explicó que las amenazas fueron dirigidas de manera anónima a través de páginas de Internet partidarias de River. El fiscal dispuso como primera medida la custodia móvil y fija en sus domicilios de todos los implicados para garantizar su seguridad, explicaron las fuentes. Hasta ahora, Galante tramitaba una causa por las amenazas que habían recibido algunos dirigentes de River de manera directa tras el descenso del equipo a la B Nacional. Entre ellas, la que recibió Susana Gil por teléfono y Daniel Bravo a la salida del estadio de parte de hinchas.

Por su parte, la jueza de instrucción Susana Wilma López se declaró ayer incompetente para intervenir en aquel pedido de detención de directivos y barrabravas de la entidad por las amenazas al árbitro Pezzotta. Ante esta medida la causa se quedó momentáneamente sin magistrado y será la Cámara del Crimen el tribunal que decidirá qué juez debe intervenir.

López se declaró incompetente al considerar que en el caso debe actuar el Juzgado de Instrucción Número 15, a cargo del magistrado Rodolfo Cresseri, porque estaba de turno el domingo cuando Pezzotta fue amenazado, informaron fuentes judiciales. La Cámara del Crimen debe determinar ahora si la causa queda en manos de López, de Cresseri o de la jueza Yamile Bernan, en quien recayeron los pedidos de detención solicitados por el fiscal de Saavedra José María Campagnoli.