Todos somos de Independiente. O todos deberíamos serlo en este momento de lucha que guían el presidente Javier Cantero, sus socios e hinchas. Nadie con responsabilidad política tiene que hacerse el distraído. La nave insignia del fútbol argentino en esta travesía contra los violentos puede hundirse si nadie la acompaña con hechos concretos. No sirven ya las buenas intenciones ni las solidaridades pregonadas. Hacen falta mucho más que palabras y palmaditas comprensivas en la espalda.

Se requieren políticas de Estado. Y eso no significa renombrar al Coprosede y ponerle Aprevide o a la Subsef bautizarla Ucpevef (Unidad de Coordinación de Seguridad y Prevención de la Violencia en Espectáculos Futbolísticos). Sellos de goma que han fracasado a lo largo de dos décadas con distintos funcionarios a su cargo, más o menos mediáticos. Desde Javier Castrilli al comisario Rubén Pérez, sus respectivos ministros y la clase dirigente en general.

El diagnóstico, los sesudos estudios sociológicos (algunos más rigurosos que otros), las crónicas periodísticas que alimentan las gramáticas de los especialistas o los estudios comparativos con realidades que son incomparables (la del fútbol británico, por ejemplo) ya se escribieron. Hasta ahora sólo sirvieron para discutirse en decenas de paneles, alimentar tratados sobre la materia y machacar sobre la conciencia de funcionarios que nada resuelven.

Algunos –optimistas– creen que el problema puede resolverse en cinco, a lo sumo diez años. Las medidas perdurables y sostenidas en el tiempo por presidentes con agallas como Cantero no alcanzarían si el poder político no comprende que éste es un problema que debe atenderse a la par de otros y cuya matriz es la violencia, pero ubicada en un contexto más amplio.

Leyes hay, incluso leyes especiales de nula eficacia que la Justicia por abrumadora mayoría no aplica. Son casi borrosos los antecedentes de denuncias como la que recibió Julio Comparada, el ex presidente de Independiente, por favorecer la formación de grupos violentos (artículo 5º de la ley 23.184). Efectivos policiales se cuentan de a miles en los grandes partidos y con la seguridad privada ya sabemos lo que pasó (recuérdese el último clásico River-Boca).

La argamasa de medidas sugeridas es nutrida. Van desde las bien intencionadas (interactuar con los hinchas en un diálogo transformador) hasta las más cavernícolas: los corralitos que aíslen a los barras. Peor aún, causa irritación cómo cada fin de semana los violentos organizados son custodiados de ida y de vuelta a la vista de familias que descansan o pasean en cualquier lugar al aire libre. Y ni siquiera así se les garantiza que nada les pasará (otra vez sirve recordar el último River-Boca).

Por último, hay un tema que se ignora y nadie discute, porque está legitimado. El fútbol profesional, omnipresente, ocupa un lugar desmesurado en la agenda de los argentinos. Se juega todos los días, a cualquier hora y en cualquier lugar. La AFA contribuye con su sobreoferta de partidos y la desidia e ineptitud de sus dirigentes a recalentar la olla donde se cocina la violencia. Este es un espectáculo-negocio que se controla poco, que les da de comer a muchos y en el que muy de vez en cuando aparece un tipo bien intencionado y valiente como Cantero. Acompañemos al presidente de Independiente y a la inmensa mayoría de su gente.