La maldita policía no salió de un Caballo de Troya. Mata en campo abierto, sin rodeos, como mató a Daniel Santiago Jerez, de 42 años, hincha de Lanús y camionero. Su asesinato a manos de la Bonaerense se imputa al capitán Roberto Lezcano, un oficial enviado desde Mar del Plata a reprimir a 366 kilómetros de donde realiza su faena habitual. Pero detrás de este crimen hay una estructura genérica que permite este tipo de muertes, intocable como los derechos del uniformado que recuperó su libertad en un santiamén. De los derechos de las víctimas se ocupan sus familiares y un abogado cuando pueden pagarlo. La política de Justicia y Seguridad del estado provincial la defiende su ministro Ricardo Casal con anuncios que, ahora, suenan chocantes: “Se abastecerá a todas las dependencias de nuevos elementos de disuasión no explosivos, no tóxicos y no irritantes que tienen una probada actitud de disuadir y mantener, fundamentalmente, la distancia entre el tumulto y la policía”. Una vez más reaparece Lampedusa y su célebre El Gatopardo.

La causa por el asesinato a quemarropa de Jerez quedó caratulada “homicidio con exceso en la legítima defensa”, delito que es excarcelable. Así lo determinó la jueza de Garantías platense Marcela Garmendia. Hasta esa instancia hubo un desarrollo procedimental que la Bonaerense cumplió a lo que diera lugar. Y una opción era el uso de balas de goma, con los antecedentes negativos que de ello se desprenden.

Descartada la primera versión de los hechos (que el asesinato de Jerez había sido producto de una pelea interna de la barra brava de Lanús), la policía debía avanzar a campo traviesa con un plan B. Página/12 consultó a una alta fuente de la Bonaerense que dio una segunda versión de la represión: “Uno de los colectivos de la barra habría escapado al control policial y los que venían en él hicieron algunos robos antes de llegar al estadio. Parece que alguien dijo: ‘vamos a darles su merecido’. Y todo se desmadró”.

El ataque policial intentó transformarse en legítima defensa, aún bajo aquel argumento de los presuntos robos de un grupo. A Diego Fanfi Gonceba-tte, el líder de La 14, como se conoce a la barra de Lanús, un policía que circulaba en moto le pegó un palazo en la cabeza. Desde ese instante hasta el disparo de Lezcano a Jerez no medió casi nada de tiempo.

Una muerte cantada

Jerez, alias el Zurdo, de 42 años e integrante de la subcomisión del hincha de Lanús (que tiene status reconocido dentro del club, como las subcomisiones de handball o patín), se encontraba junto a Iván, un empleado del estudio jurídico del presidente Alejandro Marón, quien negó que la víctima fuera integrante de la barra. Así y todo, nada justifica el accionar de la policía que responde al gobernador Daniel Scioli y su ministro de cabecera, Casal, mencionado en un trascendido como su futuro jefe de Gabinete.

Lezcano es un capitán de infantería que llegó desde Mar del Plata el día del partido entre Estudiantes y Lanús. El desplazamiento de efectivos desde diferentes jurisdicciones para cubrir los operativos que demanda el fútbol es de vieja práctica. En el caso de La Plata o los distritos del Gran Buenos Aires, suele dejarse a la guardia de infantería local en su asentamiento y se utilizan policías de ciudades del interior de la provincia. Primer error, señalan los especialistas en seguridad. Aquella tarde en el estadio Unico, varios provenían de la costa. El 20 de mayo, cuando jugaron otro partido Tigre y Lanús, había guardias de infantería de Pergamino, San Nicolás, Tandil y Nueva Atlantis, del Partido de la Costa.

Estos efectivos cobran un pequeño plus por el viaje, pero en ocasiones –como Lezcano–, antes deben cubrir trayectos de cinco o seis horas en ómnibus no muy modernos. Y el día anterior, quizá prestaron servicios a jornada completa. Aceptan disconformes cubrir la seguridad en el fútbol y tienen la mecha de la paciencia corta. “Todos vienen puteando”, dijo la fuente consultada de la Bonaerense. La responsabilidad de estos traslados corre por cuenta de la Dirección de Seguridad en el Deporte provincial.

La caracterización del quehacer policial, lejos de moderar la responsabilidad de sus superiores, la potencia. Scioli lo corrió a Casal de la incómoda tarea de supervisar decenas de partidos de fútbol todos los fines de semana, archivó el Coprosede y creó un organismo análogo, la Aprevide (Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte) que pasó a depender desde agosto pasado del secretario de Deportes, Alejandro Rodríguez. En un territorio tan extenso y conflictivo como la provincia, hasta un hombre de probada capacidad en su área como Rodríguez está en problemas.

Tras el crimen de Jerez y durante una conferencia de prensa que compartió con Casal y Luis Alberto Morales, abogado y titular de la Aprevide, Rodríguez afirmó sobre la decisión de prohibir la asistencia de público visitante en Primera División: “No queremos que esto se instale para siempre porque no lo vemos como un logro sino todo lo contrario”. Y dio una definición de principios de improbable aplicación: “La gente que viene pacíficamente a ver un partido no necesita custodia”.

Una vez, cuando José Luis Meiszner era secretario general de la AFA y Mario Gallina dirigía el Coprosede, tuvieron un contrapunto por la quita de efectivos policiales del interior de los estadios. El comisario y ex árbitro desafió al dirigente a ver qué pasaría si se retiraba la seguridad pública de las canchas y ocupaba su lugar la privada. Para redoblar la apuesta le recordó que la presencia policial en el fútbol no figuraba en ninguna ley o norma y que sólo aparecía en los reglamentos de la AFA. En los partidos de rugby, por ejemplo, no hay uniformados.

Como fuere, la política de seguridad bonaerense para el fútbol, igual que en otros distritos, hace agua desde que la violencia se institucionalizó. La política que rigió en el Coprosede, cuya conducción ejerció el comisario Rubén Pérez hasta 2012, fue pésima, según especialistas como el abogado Juan Manuel Lugones, del Movimiento Paz en el Fútbol. “Si es posible calificar o evaluar la gestión de la seguridad del fútbol en la provincia de Buenos Aires desde el año 2007 a la fecha, deberíamos decir que ha sido la peor gestión que tuvo el distrito en seguridad deportiva en su historia. Protección a los barras, violencia cada fin de semana, ajuste de cuentas entre barras y doble discurso permanente fueron la constante”, escribió.

Ahora la gestión específica quedó en manos de la Aprevide y del abogado Morales, ex director del Programa de capacitación y formación de la Policía Bonaerense y ex funcionario del intendente de Merlo Raúl Othacehé, quien gobierna ese distrito desde 1991 bajo ciertas acusaciones que lo vinculan con las patotas del fútbol.

Graciela Muñiz, la defensora adjunta del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires, quien siempre se interesa en estos asuntos, señaló en agosto de 2012: “No es un dato menor que Luis Morales, el nuevo titular de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), haya sido jefe del Consejo de Seguridad del partido de Merlo, municipio cuyo intendente, Othacehé, tiene probadas relaciones con los barrabravas de Argentino de Merlo, Deportivo Merlo y Midland”. Hace un par de años, Martín Sabbatella, el actual titular de la Afsca, también acusó al intendente en la misma dirección: “Es el responsable político de la violencia en Merlo y es su responsabilidad desactivar a las patotas que atemorizan a la población y a los militantes políticos y sociales”.

La problemática que reflejó por enésima vez el crimen de Daniel Santiago Jerez en un estadio cruza un extenso territorio como la provincia de Buenos Aires, donde interactúan funcionarios políticos, policías, dirigentes deportivos y barrabravas. Un paisaje hostil donde nadie encuentra la salida porque, está comprobado, en el fútbol suele matarse por deporte, una práctica que se volvió una costumbre maldita.