El juez de instrucción Mariano Bergés, a cargo de la causa por la violencia en el fútbol, contaría ya con las declaraciones de varios testigos que aportaron datos sobre el funcionamiento de las barras bravas, a los que prevé incorporar al Programa de Protección de Testigos e Imputados que el Ministerio de Justicia pondrá a disposición de la investigación. Por otra parte, mientras los integrantes de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Deportivos inspeccionaron el estadio de Boca –hoy harán lo propio en el Monumental y en la cancha de Vélez–, se alcanzó ayer un acuerdo entre el ministro de Justicia, Gustavo Beliz, y el presidente de la Cámara baja, Eduardo Camaño, para convertir en ley el proyecto de aumento de las penas para los responsables de hechos de violencia en eventos deportivos.
Según informaron fuentes judiciales, el juez Bergés escuchó los relatos de varios testigos, quienes le describieron “aspectos relevantes sobre cómo funcionan las barras bravas”, pero planea ampliar esas declaraciones testimoniales para recabar mayor información, ofreciendo como garantía la inclusión de los testigos al programa de protección, que hasta ahora sólo era utilizado en causas por narcotráfico o terrorismo. “Pretende utilizarlo para imputados que se quiebren y testigos que quieren formular denuncias, pero no se atreven por temor”, señalaron las fuentes.
Incluso, el secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), Sergio Marchi, habría deslizado en la reunión que el martes por la noche sostuvieron junto al presidente de la AFA, Julio Grondona, y funcionarios de la Secretaría de Seguridad Deportiva, entre ellos el ex árbitro Javier Castrilli, que “podría aportar testigos que a menudo cuentan episodios (vividos con barras bravas) en el gremio”.
En ese sentido, también Castrilli ratificó ante el sindicalista la intención de brindar garantías de seguridad mediante el programa, que contempla asistencia no sólo de custodia sino también hasta económica e incluso prevé el cambio de identidad del testigo.
Por otra parte, los integrantes de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Deportivos, los fiscales Fabián Cellis, Daniel Pablovsky y Oscar Ceruzzi, inspeccionaron a primera hora de la tarde el sistema de audio y video de la Bombonera. “Estamos conformes, en apariencia está todo bien, pero todavía hay que ver cómo operan. El objetivo de esta inspección fue ponernos al tanto de cómo y qué podemos hacer con las cámaras y los videos”, señaló Cellis al término de la visita. Hoy los mismos fiscales visitarán las instalaciones de River y Vélez, y luego darán a conocer ante las autoridades sus propias conclusiones.
“Tendremos un nuevo régimen, con penalidades más severas para enfrentar la violencia en los espectáculos deportivos”, afirmó el ministro Beliz, tras acordar la sesión con Camaño. El proyecto de ley para aumentar las penas a los responsables de la violencia en espectáculos deportivos, que impulsa el Poder Ejecutivo, sería tratado el próximo miércoles, informó el ministro, rodeado de funcionarios y legisladores, entre ellos el secretario de Seguridad Interior, Norberto Quantín, y el propio Castrilli.
Beliz informó que el nuevo Código de Procedimiento en materia de seguridad, que complementará la norma de seguridad deportiva conocida como “ley Scioli” tiene “un objetivo muy importante que es lograr que los responsables de los desmanes en las canchas puedan ser sancionados rápidamente a través de los fiscales de seguridad deportiva”.
Por su parte, Quantín sintetizó los alcances del proyecto al mencionar que serán sancionadas como delito “la participación en riña y la portación de arma blanca” y agregó que “el propósito es dar a los jueces una herramienta para que, en el término de una semana y con todas las garantías del debido proceso, puedan sancionar a los delincuentes de la cancha”. En este sentido, el ex fiscal de cámara, agregó: “La ley prevé que la filmación pueda ser tenida como plena prueba”.
Para agilizar los procesos, el Poder Ejecutivo solicitó al Gobierno de la Ciudad lugares cercanos a los estadios donde se puedan celebrar juiciosabreviados. Así, los fiscales podrán reunir rápidamente las pruebas y llamar a los jueces para que se constituyan en el lugar.
Una vez aprobado el nuevo proyecto de ley, se incorporan penas de un mes de prisión a un año para quienes lleven a los estadios artefactos pirotécnicos; habrá prisión de tres meses a dos años para quienes introdujeran armas blancas o punzantes; se penará con prisión de un mes a tres años a dirigentes y empleados que consintieran el ingreso al estadio de armas de fuego o artefactos explosivos y con uno a seis años a quienes impulsen formación de grupos destinados a cometer los delitos previstos.