Con el ánimo turbado, ciertos protagonistas del fútbol comienzan a preguntarse: ¿El próximo seré yo? En San Martín ya no es un secreto que Luis Barrionuevo abandonaría el país antes de perder sus fueros parlamentarios en diciembre. El senador y presidente de Chacarita debe presentarse mañana para ser interrogado en una causa que ya acumula veinticinco cuerpos y casi cinco mil fojas. ¿Lo hará? Mientras tanto, las elecciones en Boca están a la vuelta de la esquina y por ahora no hay candidatos oficiales. Tampoco los habría el día de los comicios, según especula la oposición que atribuye al ímpetu investigativo del juez Mariano Bergés una hipotética acefalía. ¿Se atreverá Mauricio Macri a continuar en su cargo si queda involucrado en el expediente? El magistrado también tomó nota del clima de terror que se vive en el club Los Andes y citará a declarar a su máximo dirigente, Vicente Rudi, secuestrado en dos oportunidades y amenazado muchas más. ¿Llegará la pesquisa del magistrado hasta sectores políticos que perdieron negocios espurios en la institución del Gran Buenos Aires? Todas estas preguntas, por ahora, no tienen respuesta. Como tampoco la tiene el escape hacia ninguna parte de Rafael Di Zeo, el barrabrava prófugo que, sin embargo, habla por las pistas que deja a sus espaldas. La última consistió en un cargo como empleado de la planta permanente en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Allí había ingresado en 1991, a la Dirección de Alumbrado Público de la antigua Municipalidad, en la categoría E01. Nadie lo conocía. Simplemente porque no iba nunca. Era un ñoqui.
Quienes conocen muy bien al doctor Bergés cuentan que durante la última semana se ofuscó con un empleado de su juzgado que comprometió la identidad de un testigo ante la prensa. Se trata del barrabrava Héctor Maninno, alias Satanás, el mismo que dijo ver tirando una reja en la Bombonera al chofer personal de Armando Capriotti, el vicepresidente de Chacarita, detenido en Devoto con prisión preventiva. La situación del directivo será resuelta por la Cámara cuando apele su abogado, Julio Golodny. La imputación que recibió, como presunto organizador de una asociación ilícita, tiene una pena mínima de cinco años y es la médula del procesamiento que le dictó Bergés. Si la configuración de ese delito es revocada, “se caería la causa”, admitió una fuente cercana al juez.
Preso, embargado y sin solidaridades de sus pares a la vista, el vice de Chacarita sólo recibió hasta hoy la conmiseración de algunos agentes de la Bonaerense. El día que lo arrestaron en la cancha, un policía le comentó a otro mientras se lo llevaban: “A mí me da pena Capriotti, el viejo no tiene nada que ver...”. No piensan igual Satanás y cuatro barrabravas más que declararon en la causa y lo acusaron de ceder entradas de favor y micros gratuitos.
Su jefe político, en cambio, continúa amparado en fueros parlamentarios que perderá cuando concluya su faena en el Senado. Mañana está citado a declarar, aunque tiene la posibilidad de hacerlo por escrito. En San Martín, su pago chico, Capriotti ya era considerado un “dirigente marginal” del peronismo local. Y Barrionuevo, hace tiempo, huele a cadáver político. Por eso, no suena antojadiza una versión que circula allí sobre el futuro del sindicalista gastronómico venido a menos: se iría del país antes de ser detenido por Bergés, quien por ahora, continúa detrás de barrabravas que gozaron de innumerables prebendas durante su presidencia. El líder prófugo de este grupo, Raúl Gustavo Escalante, alias Muchinga, es uno de ellos.
La pista Cascini
Cuando resta un puñado de días para que cierre la oficialización de las listas en Boca, ni Mauricio Macri, de quien se da por descontada su rereelección, hizo pública su voluntad de presentarse por un tercer período consecutivo a la presidencia. El ingeniero viajó a Qatar, donde participade un Congreso de la FIFA en compañía de Julio Grondona y José María Aguilar, entre otros (ver página 36). Hace dos semanas, Gregorio Zidar, el vicepresidente segundo, confió durante un asado y partido de fútbol que organizó en su espaciosa quinta de Pilar que Macri iba a ser candidato. Hoy, hasta la oposición más encendida que encabezan Pablo Abbatángelo y Carlos Heller, pone en duda esa pretensión. “Si el juez Bergés va a fondo con la causa, no se presenta nadie...” sostienen.
Que el juez siga hasta las últimas consecuencias con el expediente que mantiene en vilo al mundo del fútbol, implica, entre otras cuestiones, la comprobación de una presunta maniobra que habría ocurrido a fines de junio de 2002. El 27 de ese mes, Alfredo Cascini firmaba su primer contrato con Boca y se embarcaba horas después hacia Estados Unidos donde el plantel dirigido por Carlos Bianchi realizaba la pretemporada. El temperamental volante llegó a préstamo por un año, después de llamar con insistencia a Eduardo Gamarnic, su representante, para que le consiguiera club.
Bergés investiga de qué modo participó Cascini en una negociación donde su pase se habría concretado en dos fases: una entre el club y el futbolista, tan convencional como la mayoría, y la restante entre él mismo y el prófugo Di Zeo. El juez quiere saber si el barrabrava se trasladó a Punta del Este para cerrar trato y si lo habilitó un directivo para percibir una suma de dinero mimetizada en el porcentaje del 15 por ciento que todo jugador embolsa cuando es transferido. Compleja tarea la de su señoría, pero no imposible.
Un ex directivo de Boca le confió a Página/12 que, por entonces, el club intentaba contratar a Ernesto Farías, el goleador de Estudiantes, pero surgió el nombre de Cascini en la misma negociación. Gamarnic se ocupa de los intereses de ambos. Y como Mauricio Serna se había alejado al fútbol mexicano, el mediocampista tuvo una oportunidad única que hoy, un año más tarde, deja al descubierto su costado traumático. Porque él niega que haya resignado una porción de su pase a manos de la barra, pero su testimonio no convenció al juez.
Barras del Far West
El Far West no queda en el oeste, está en Lomas de Zamora, hacia donde apunta ahora otra línea investigativa del doctor Bergés. En los próximos días citaría a declarar a Vicente Rudi, el presidente de Los Andes, un hombre atribulado que desde el día en que asumió su cargo –el 10 de julio pasado– ha sufrido dos secuestros, amenazas y otro tipo de intimidaciones, tanto en el club como en su domicilio particular y estudio jurídico. Entre sollozos, este abogado de 55 años tuvo que concurrir a dos comisarías distintas a denunciar los ataques en serie que viene sufriendo. También peregrinó a La Plata para interiorizar del asunto a Mario Gallina, pero las agresiones nunca cesaron.
Las pintadas de tinte mafioso que aparecieron sobre los portones metálicos del estadio –como informó Página/12 en su edición del 15 de septiembre– resultaron premonitorias.
“Con la banda no se jode”, reza una de ellas y, en efecto, la amenaza se cumplió. Cuando la actual comisión directiva llevaba apenas dos semanas gobernando el club, la barra brava interrumpió una reunión y además disparó contra la confitería de la sede. El miércoles 8 de octubre, a un dirigente de apellido Alberto Angueira le incendiaron una combi y, al día siguiente, se intentó forzar el ingreso al estudio jurídico que Rudi tiene en Témperley.
La paciencia del presidente de Los Andes se agotó cuando el lunes 13 fue secuestrado junto a una compañera de trabajo. Lo tuvieron paseando durante una hora y ni siquiera le pidieron rescate.
Un mes antes, el dirigente había sido raptado con fines extorsivos, aunque no denunció el ilícito. Esa secuencia repetida lo llevó a difundir el clima de terror en que vive su familia y el jueves 16 su testimonio salió reflejado en varios medios. Rudi, quien fuera secretario general del club en tres ocasiones, conoce muy bien a quienes podrían estar detrás de estos ataques, programados con la sincronización de aquellos que gozan de una gran impunidad. Sostiene que no quiere involucrar a nadie, pero como abogado les habría brindado sus servicios profesionales en el pasado a ciertos personajes que ahora no toleraron un abrupto corte de prebendas.
Todos los caminos conducen a la barra brava, aunque algunos de los integrantes de su segunda línea niegan responsabilidades cuando se los cruza en las calles de Lomas. Atribuyen los atentados a cuestiones políticas y económicas e incluso recuerdan que su líder, José Paz, está detenido desde hace tiempo.
Las diferencias entre la conducción que encabeza Rudi y el sector más pesado de la hinchada no serían sólo por la cesión de entradas gratuitas o el pago de viajes. El abrupto final que tuvo la distribución de planes Trabajar en la sede social de Los Andes, regenteado por prominentes miembros de la barra, sería la matriz del conflicto. Esa fuente de ingresos –el Banco Provincia paga un canon a las instituciones que se ocupan de abonar la asistencia social– había sido posible durante la gestión anterior a la actual, encabezada por el juez Hugo Van Schilt y el gerente de Torneos y Competencias (TyC), Armando Tedesco. Rudi enfrentó a este último en las elecciones, lo venció y ahora sostiene que una auditoria descubrió “cosas tremendas” en el club. Tan tremendas como las que podrían repetirse en Lomas de Zamora si continúa siendo un territorio generoso en oportunidades para la delincuencia.