El rechazo de la eximición de prisión por parte del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi transformó técnicamente en prófugos de la Justicia a los tres empresarios argentinos imputados en el escándalo, el CEO de Torneos Alejandro Burzaco y los titulares de Full Play, Hugo y Mariano Jinkis, que tenían pedido de arresto con fines de extradición solicitado por los Estados Unidos. El juez ordenó la captura de los tres a través de un requerimiento de Interpol cursado a las fuerzas de seguridad.

Burzaco y los Jinkis enfrentan cargos por “asociación ilícita para llevar a cabo o participar, a sabiendas, en una extorsión, relacionada con el fraude electrónico y otros delitos, que de algún modo involucra o afectan el comercio exterior o interno”, según la acusación girada por el Departamento de Justicia norteamericano a la Argentina para solicitar su arresto con fines de extradición.

También fueron acusados de “asociación ilícita para idear un plan o artificio con el objeto de defraudar, inclusive el derecho intangible de servicios honestos mediante el uso de comunicaciones electrónicas, radio o televisión con el propósito de llevar adelante dicho plan o artificio”. El tercer cargo es por “asociación ilícita para llevar a cabo o intentar llevar a cabo una transacción comercial con las ganancias de una actividad ilícita”.

El juez adhirió a los argumentos mediante los cuales el fiscal federal Federico Delgado se había opuesto a la exención, por “los rasgos que envuelven los hechos que narró el Estado requirente, es decir, las características de maniobras pluralmente delictivas, los millonarios montos en juego, el hiato que aparentemente se produjo entre el momento de planificación de los hechos y el de su implementación en diversos países”.

El paradero de los prófugos no es conocido. “Sospecho que podrían estar en la Argentina, lo presumo por el pedido que han presentado”, declaró el juez. Los abogados Hernán Jáuregui Lorda, en representación de Burzaco, y Jorge Anzorreguy, por los Jinkis, tienen la posibilidad de apelar. “La capacidad económica (de los imputados) se puede transformar en un canal de fuga con capacidad, por lo tanto, para frustrar los intereses que en este particular trámite la República Argentina debe resguardar, consideramos que se debe denegar la solicitud de exención de prisión requerida”, suscribió el juez. El magistrado mandó la causa a sorteo, mientras que el trámite de extradición quedó a cargo del juez federal Claudio Bonadio. El juicio tramita bajo la forma de juicio oral y sólo es apelable ante la Corte Suprema de Justicia.

Anzorreguy dijo que sus defendidos “quieren colaborar y presentarse” ante la Justicia. “En ningún momento han tratado de eludir la acción de la Justicia ni entorpecer la investigación. Han demostrado firmemente su voluntad de estar a derecho”, señaló.

Conducida por Burzaco en la última década, Torneos desmintió en un comunicado “cualquier participación de la compañía y su presidente en los hechos denunciados”. La empresa “produce 15.000 horas anuales de deportes y entretenimientos en toda América latina, emplea a 800 personas directamente y da trabajo indirectamente a otras 1500, aproximadamente”, agrega.