A 130 días de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro algo sigue oliendo a podrido en la ciudad. No es sólo la laguna de Jacarepaguá en Barra de Tijuca; tampoco la bahía de Guanabara, ambas contaminadas y en cuyas aguas o entornos se realizarán varias pruebas atléticas. Son también los negociados con tierras públicas en donde el Estado ha retrocedido hasta dejarle el camino libre a los grupos económicos, que serán los grandes ganadores de los Juegos sin jugarlos. En un curso reciente sobre Políticas de suelo y desarrollo urbano para periodistas que se dictó en Lima, Perú, organizado por el Instituto Lincoln de Estados Unidos y el Instituto Prensa y Sociedad, la abogada brasileña y presidenta de la Federación de Asociaciones de Moradores de Río, Sonia Rabello, describió cómo se gestaron operaciones ruinosas con tierras públicas y que favorecieron a privados como el gigante de la construcción Odebrecht. En el marco del caso Lava Jato que involucra a las principales figuras políticas de Brasil, el presidente de la compañía se encuentra detenido.

“El proyecto del Parque Olímpico empezó con la ocupación del área, que ya estaba prevista por el mercado inmobiliario antes de los Juegos de este año. En 1981 esta zona del autódromo no tenía coeficiente para la construcción. ¿Por qué no lo tenía? Porque las tierras eran públicas y tenían al autódromo de Jacarepaguá adentro. Era un área exclusivamente destinada a diversiones de naturaleza turística”, señaló Rabello, quien también fue concejal por el Partido Verde en Río de Janeiro.

El todopoderoso Odebrecht, que hace obras en distintos países, se asoció con otros grupos como Carvalho Hosken, Andrade Gutiérrez, Camargo Correa y OAS para levantar varias de las obras destinadas a los Juegos. Desde la línea 4 del nuevo metro que unirá al centro de la ciudad con Barra de Tijuca hasta la Villa Olímpica, entre otras.

Rabello sostiene que “todo es dinero público. Al comienzo el alcalde de Río, Eduardo Paes, decía que era una sociedad pública y privada, pero estos últimos no pusieron nada. La municipalidad regaló 600, 700 mil metros cuadrados de tierra pública en el área más privilegiada de la laguna de Jacapareguá y además, con los índices constructivos por los que no van a pagar nada. Este es un negocio redondo”.

Los potenciales constructivos o derechos para levantar determinada cantidad de pisos son la llave maestra del negociado con que Odebrecht ganará millones de dólares después de los Juegos. Por empezar, el complejo situado en tierras públicas de Barra de Tijuca se convertirá en un condominio privado, con unos 3600 departamentos de lujo que se venderán hasta 700.000 dólares cada uno. Hoy, en ese lugar donde se está terminando la Villa Olímpica que habrá costado –una vez finalizada– unos 700 millones de dólares, se levantan 31 torres de 17 plantas con 10.160 habitaciones, donde dormirán 18.000 atletas y personal olímpico.

Para que todo quedara en armonía con el medioambiente y los condominios que concibieron los desarrolladores para el público ABC1 que vive en la zona, el Municipio de Río desalojó por la fuerza a la mayoría de los habitantes de la Vila Autódromo, llamada así porque se levantó al lado de la pista donde Carlos Reutemann ganó los grandes premios de Fórmula Uno en 1978 y 1981. En ese barrio humilde los vecinos tenían títulos de propiedad por 99 años que les fueron concedidos en algunos casos por el gobierno de Leonel Brizola en 1997. Pero las topadoras arrasaron con casi todas las viviendas.

“Veo al Parque Olímpico crecer y a mi comunidad destruida, es un crimen”, denunció el año pasado María da Penha Maceda, referente de esa barriada que sufrió, además de la demolición de su casa, la fractura de su nariz durante una represión de la policía municipal. En Lima, Rabello explicó durante su documentada exposición sobre los negociados de Odebrecht y sus socios que “en 1950 estas tierras eran de Caledonia Emprendimientos Inmobiliarios. Un área de más de un millón de metros cuadrados. En las décadas posteriores empezaron a haber carreras de autos ahí. Y el entonces estado de Guanabara expropió esa área para hacer el circuito automovilístico de Río y pagó la propiedad. Por eso, esas tierras y la Vila Autódromo se transformaron en públicas porque fueron pagadas para hacer el autódromo y la Villa Olímpica”.

De ese barrio donde llegaron a vivir tres mil personas sólo quedan unas pocas, las que lograron resistir la prepotencia de las topadoras que se mueven en nombre del progreso. No han ganado pocas batallas. A comienzos de febrero pasado, impidieron mediante un fallo judicial que se demoliera la Asociación de Moradores. Hasta allí se mudó su presidente, Altair Guimaraes, cuando le tiraron abajo su propia casa. También levantaron una y otra vez la casilla a la entrada del barrio desde donde siguen los movimientos de las maquinarias. “So queremos que respeiten nossos direitos”, dice un cartel en portugués que no necesita traducción. Está colocado en ese punto neurálgico de las luchas por el mantenimiento de lo que queda en pie de esa barriada popular. Muchos vecinos, tentados por el dinero o las alternativas de vivienda que les ofreció el alcalde Paes del PMDB, se mudaron al Parque Carioca u otros sitios más lejanos.

“Somos víctimas de la especulación inmobiliaria”, decía en un video Luis Claudio Da Silva en 2015, quien reside en el lugar hace más de 23 años. Muy cerca de ahí, en el corazón del área más cara de la Barra de Tijuca, Eduardo Cunha, el presidente del Congreso y archienemigo de la presidenta Dilma Rousseff, posee una casa en Park Palace, uno de los condominios más exclusivos. Según las acusaciones que pesan sobre él en la operación Lava Jato, en ese domicilio pergeñó una trama de sobornos a cambio de la concesión de contratos en Petrobras. También son vecinos de esa zona tan cotizada de Río de Janeiro su alcalde Paes, que favoreció los negociados con las tierras, el diputado ultraderechista Jair Bolsonaro y un aliado de Dilma, el diputado y presidente del bloque del PMDB en el Congreso, Leonardo Picciani.

La trama de desalojos compulsivos, depredadores inmobiliarios y un Estado en retroceso ante la corrupción estructural no es reciente ni empezó con los próximos Juegos Olímpicos. Un informe del Comité Popular de Río señala que el 75 por ciento de los 16.700 desalojos de los últimos cinco años está vinculado con las obras por el Mundial 2014 y a los JJ.OO. de 2016. La especialista Rabello sostiene que la reforma del mítico estadio Maracaná costó 250 millones de dólares. Hoy no se sabe a dónde fueron a parar los vecinos desalojados de su entorno.

“Mi historia está acá, no quiero que se pierda. Es una cuestión de dignidad y estoy en mi derecho de quedarme; no todo puede venderse”, dice Penha Maceda entre los numerosos intentos de desalojo que sufrió en la Vila Autódromo. Los vecinos fueron perdiendo su arraigo por goteo hasta transformarse en una mayoría dispersa por Río de Janeiro. Con un agravante adicional: la vieja pista de Fórmula Uno llamada Nelson Piquet en homenaje al piloto brasileño, nunca se emplazó en otro lugar. O mejor dicho, se intentó trasladarla a un barrio llamado Deodoro, donde domina la mata atlántica –considerada patrimonio de la biodiversidad– y que también se utiliza para ejercicios militares. El ejército hace explotar minas en ese predio. Una razón de peso para que la mudanza del autódromo quedara en la nada.

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