El gobierno nacional, a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), decidió suspender anoche las elecciones presidenciales en la AFA que estaban previstas para el 30 de junio. La medida se extenderá por 90 días hábiles prorrogables por otros 90, lo que podría llevar a que el Ministerio de Justicia, del cual depende la IGJ, controle a la asociación hasta el 2017, en lo que significa una solapada intervención. La escueta resolución de dos carillas contiene el nombramiento de dos veedores, el abogado Luis Tozzo y la contadora Catalina Dembitzky, quienes se suman a los tres que ya trabajaban sobre presuntas irregularidades cometidas en el manejo del Fútbol para Todos a instancias de la jueza federal María Romilda Servini de Cubría. La determinación del Estado conocida ayer completa una maniobra de pinzas sobre la AFA que avanzó por dos caminos.

No es ajena a la disposición que la IGJ está a cargo de Sergio Brodsky, un abogado especializado en sociedades comerciales al que se vincula políticamente con el presidente de Boca, Daniel Angelici, uno de los dirigentes que jugaba fuerte por la intervención. En contra de la suspensión de los comicios se pronunciaron varios directivos del Ascenso que se encontraban reunidos en la AFA a última hora. Luis Segura, el actual presidente no estaba entre ellos ni tampoco Claudio Chiqui Tapia, uno de los candidatos que había oficializado su postulación presidencial, presente en Estados Unidos con la Selección nacional.

Los dirigentes que recibieron la noticia en la AFA volverán a reunirse hoy en la sesión ordinaria del Comité Ejecutivo, aunque se descuenta que con algunas ausencias. Varias de las voces que se escucharon en el encuentro de anoche fueron muy críticas contra la decisión de la IGJ. Se comentó que el seleccionado nacional regresara a Buenos Aires desde EE.UU. sin participar de la Copa América, que se suspendan los partidos del próximo fin de semana en todo el Ascenso, de presentar un recurso de amparo en la Justicia y, sobre todo, de recurrir a la FIFA y la Conmebol.

Damián Dupiellet, el secretario administrativo de la AFA, sintetizó la posición de los directivos presentes en el edificio de la calle Viamonte: “Nosotros entendemos que esta medida interrumpe un proceso electoral y se lo haremos saber a la Conmebol y a la FIFA para que manifiesten lo que corresponda de acuerdo a los estatutos”.

Marcelo Achle, el presidente del club Defensores de Belgrano, rechazó la medida en todos los planos: “Esto se va a apelar por la vía judicial porque de alguna manera consiste en una intervención. La reunión de mañana en el Comité va a ser muy dura y la posición que tenemos en el Ascenso es que el gobierno quiere imponerle su política a la AFA a lo que dé lugar. Con los veedores, la Super Liga y en todos los niveles del fútbol, como dice la resolución. El económico, financiero e institucional”.

Con una mirada distinta, Armando Pérez, el presidente de Belgrano de Córdoba señaló en Radio La Red: “Este es un elemento más para que nos sentemos y seamos coherentes. No nos criticamos con altura en todo este tiempo y debemos discutir las cosas que son buenas para el fútbol. Quizás este acto nos haga razonar”. Pérez amplió su idea sobre lo que significa la resolución de la IGJ: “Aparentemente no es una intervención, porque sería algo de corto plazo para ordenar la parte administrativa de la AFA. Pero no tengo certezas del tema, no conocemos la letra chica de la notificación. Todo fue muy rápido y hay preguntas que aún no puedo responder”.

El fútbol consolidó su partición en dos después de la resolución de la IGJ y cuando varios dirigentes de la asociación del fútbol se encuentran en Estados Unidos. No parece casual el momento elegido. Tampoco que de acuerdo a los candidatos que habían decidido presentarse a las elecciones –el plazo vencía hoy– las chances de imponer la Super Liga antes de los comicios eran bastante magras.

Ese proyecto que se buscaba imponer en tiempo récord, le restaba posibilidades electorales a Marcelo Tinelli, quien podría haber sido uno de los candidatos, aunque hasta ayer no había presentado los correspondientes avales. El bloque que respalda a Claudio Chiqui Tapia –el único candidato que había cumplido el trámite para presentarse– mantiene una fuerza propia que se perfilaba como una opción de poder, aunque con sus propias contradicciones internas. Hugo Moyano, su suegro, también estuvo pidiendo avales para candidatearse y hasta anoche no se conocía su opinión sobre la resolución de la IGJ. También se iba a sumar a la lista de presidenciables Nicolás Russo, el máximo dirigente del Lanús campeón, con sus respectivos apoyos. Y no había más opciones.

Contra los deseos de estos candidatos, la intromisión del Estado en la AFA siempre fue un deseo inconfesable de Angelici. Para buscar el antecedente más parecido a esa posibilidad que acaba de concretarse, hay que remontarse al 29 de noviembre de 1984, cuando Boca fue intervenido por el gobierno de Raúl Alfonsín. Federico Polak, un abogado hincha de Racing, quedó al frente del club hasta su normalización. También hubo otros interventores en la AFA bajo dictaduras militares y los presidentes peronistas del 73 al 76. Esta vez, los veedores parece que no fueran interventores, aunque la figura del veedor, como la describió hace poco en una entrevista radial el ex juez Daniel Piotti –designado en ese cargo por la jueza Servini de Cubría para investigar las cuentas del FPT– no tiene demasiado sustento jurídico.

En Dame Pelota, un programa radial del Foro Social del Deporte, el vicepresidente de Atlanta, Alejandro Korz, denunció dos situaciones clave: que el proyecto de reforma al estatuto de la AFA que querían imponer los clubes grandes incluye las sociedades anónimas deportivas y que los dirigentes de ese espacio persiguen sacarle “todos los ingresos y dejarle solo deudas” a la asociación madre. Está muy claro porque el bloque Ascenso Unido que lidera Tapia desconfiaba de los clubes más grandes y resistió hasta ayer cualquier maniobra para llamar a una asamblea extraordinaria y adelantar los comicios. Sabía que tenía los votos suficientes para impedirlo e incluso ganar las elecciones. Con Hugo Moyano como candidato o con su yerno. Ahora les dieron un golpe al mentón con la decisión del gobierno.

Página/12 había consultado el viernes a una fuente con muchos años de trayectoria en la Inspección General de Justicia sobre la versión que venía creciendo en los medios durante los últimos días. El especialista hizo esta reflexión: “Nosotros no escuchamos nada en el lugar que trabajamos y eso sería posible solo si el juzgado de Servini de Cubría lo pidiera y mediante algún artilugio legal”. La certeza de que algo podía pasar acaba de precipitarse sobre la AFA. Había comenzado con las denuncias de corrupción o ineptitud contra los dirigentes que integran el moyanismo o el bloque del Ascenso, siguió con amenazas de renuncias al Comité Ejecutivo para dejarlo acéfalo y escaló a la jugada de una resolución de la IGJ que se parece bastante a una intervención contra el fútbol.

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