La nota publicada el miércoles 29 de octubre pasado bajo el título “Con perfume a corrupción” nunca debió salir. La razón es muy simple y contiene una delicada comprobación a la vez: se basó en una carta apócrifa atribuida a la Oficina Anticorrupción que este cronista recibió del jefe de prensa de la Secretaría de Deporte, Horacio del Prado, el lunes 27 de octubre, en dependencias de ese organismo.
El texto aludido, falso de principio a fin –pero con una engañosa y formal presentación– estaba dirigido a Roberto Perfumo y mencionaba imputaciones sobre cuatro ex integrantes del organismo que conduce el ex futbolista. Tres de ellos son miembros de ADSA (Asociación para el Desarrollo del Deporte Social en la Argentina) y el restante, un ex funcionario: Luis Alberto Vázquez, Carlos Casaccia, Daniel Fernández y Luis Gilardi, ex director de Políticas y Planeamiento del Deporte.
Las falaces acusaciones sobre los ex empleados de la secretaría se mencionaban en dos presuntos expedientes, uno de carácter administrativo y otro judicial, que nunca se iniciaron en el ámbito de la Oficina Anticorrupción, tal como le informó a Página/12 con posterioridad el doctor Manuel Garrido, quien por entonces cumplía funciones en esa dependencia del Ministerio de Justicia. ADSA, a su vez, dio a conocer un comunicado en el que sostiene “que este tipo de situación es tomada por nuestra asociación como un antiguo método de desprestigio de la vieja manera de hacer política” y defiende el Programa “Deporbarrio”, por el cual había recibido una partida de 95 mil pesos de la secretaría.
El dinero, según los miembros de la asociación deportiva con personería jurídica Nº 168, obtenida el 23 de febrero de 2003, se depositó en la cuenta corriente del Banco Río 100-500429/8 y está sujeto a rendición. ADSA recibió aquella suma en julio del año pasado, aunque el programa se había iniciado antes en doce villas de emergencia de la Capital Federal.
Al mes y medio de asumir la conducción en la Secretaría de Deporte, Perfumo, acaso mal asesorado por alguno de sus colaboradores, despidió a los integrantes de ADSA basándose en una reestructuración administrativa. Ese fue tan sólo uno de los perjuicios ocasionados a los integrantes de la asociación. El otro devino del modo en cómo se los intentó desprestigiar, que incluso llegó hasta la utilización de una carta engañosa dirigida a un secretario de Estado.