La primera consecuencia jurídica importante del FIFA Gate en la Argentina se producirá pasado mañana cuando se conozca si el juez federal Claudio Bonadío acepta o rechaza la extradición a Estados Unidos del ex dirigente Eduardo Deluca y los empresarios Hugo y Mariano Jinkis. Los tres son requeridos por aquel país en el marco de una investigación sobre pagos de sobornos en el fútbol que explotó en mayo del 2015. A la espera de un juicio semejante también quedó otro ex directivo clave: José Luis Meiszner. Las defensas de los acusados solicitaron que se deniegue el pedido del juzgado de Nueva York que fue posible por un tratado que firmaron las dos naciones en junio de 1997, cuando gobernaban Bill Clinton y Carlos Menem. El fiscal se pronunció por la entrega de los imputados a EE.UU. donde recibieron cargos por “hechos de delincuencia organizada, fraude electrónico para cometer cohecho pasivo y activo y lavado de activos”. Bonadío se los leyó de esa forma durante la última audiencia en los tribunales de Comodoro Py.

“Me hace mal hablar de esto”, se excusó Deluca, el ex secretario general de la Conmebol, cuando Página/12 le pidió una opinión sobre el juicio de extradición que se definirá este martes. Había estado frente al juez el miércoles pasado. Ese día Bonadío le preguntó si iba a declarar y respondió brevemente: “la posibilidad de viajar atentaría contra mi estado de salud y hasta mi propia vida”. El ex dirigente tiene 76 años, está medicado y con la movilidad restringida por su obesidad. Marcelo Caremi, su abogado penalista, le informó a este diario que “debería ser juzgado acá porque así lo dicen pactos internacionales y una ley nacional del 21 de enero de 1972, que es anterior al tratado de extradición con Estados Unidos del 97. Además, y siempre que aceptáramos que existió cohecho, nuestro Código Penal no lo contempla como delito cuando sucede entre privados. Debería haber un funcionario público involucrado”.

Durante la audiencia de tres horas en los tribunales federales –está el video completo en la página – las partes expusieron sus argumentos y también el fiscal federal Eduardo Taiano. A excepción de aquella breve declaración de Deluca sobre su salud y una escueta negativa de Hugo Hinkis sobre los cargos que se le imputan, los tres acusados no respondieron preguntas del juez. Por ellos hablaron sus abogados que se basaron en un hecho insoslayable para rechazar el pedido de extradición. Que ya están siendo juzgados por los mismos delitos en nuestro país, aunque tienen un encuadre jurídico diferente en EE.UU.

Juan José Sforza, el letrado de Hugo Jinkis dijo durante la audiencia que “ningún ciudadano puede tener dos procesos simultáneos con el mismo objeto procesal en Estados Unidos y la Argentina”. Y citó jurisprudencia durante su intervención. Caremi expuso que no se lo podía juzgar a su defendido con una legislación “más gravosa de otro país” y puso como ejemplo que si Deluca fuera condenado acá se expondría a una pena máxima de 10 a 13 años, mientras que en EE.UU. podría alcanzar a una, dos o más sentencias acumuladas de 30 años. Las causas a las que aluden los abogados se tramitan en los juzgados federales de Marcelo Martínez De Giorgi y Daniel Rafecas y en el penal tributario de Diego García Berro.

La justicia norteamericana les imputa cargos muy graves a Deluca y los Jinkis (padre e hijo), dueños estos últimos de la empresa Full Play que participó del circuito de sobornos a directivos del fútbol. Su objetivo era conseguir derechos televisivos de varios torneos internacionales. Durante la lectura de la acusación, se describió que el ex secretario general de la Conmebol entre 1986 y 2011 “solicitó y recibió cientos de miles de dólares en pago de sobornos, como por ejemplo en septiembre de 2007”.

Pasado mañana, a las 13, Bonadío dará a conocer su fallo que es apelable ante la Corte Suprema. Deluca dejó de ser dirigente hace cuatro años. Durante algo más de tres décadas fue uno de los hombres de máxima confianza de Julio Grondona. Pero se distanciaron después de que el empresario Carlos Avila les realizara una cámara oculta a los dos que se emitió por América TV. El ex presidente de la AFA falleció creyendo que su amigo lo había traicionado, una acusación que Deluca siempre rechazó. Hugo Jinkis tiene 71 años y volvió a negar el miércoles último los cargos que recibió. Con intereses comerciales en distintos países de Sudamérica al igual que su hijo de 42, según el informe de la Justicia de Estados Unidos, se lo ubica durante una reunión celebrada en el estado de Florida el 1º de mayo de 2014. En ella, según el empresario brasileño José Hawilla, propietario y fundador del Traffic Group –uno de los primeros arrepentidos–, sus interlocutores fueron Alejandro Burzaco, el ex CEO de Torneos y Competencias detenido en Nueva York y los dos Jinkis.

Como si hubiera sido premonitorio, de ese encuentro se reproducen en la página 262 un par de frases que incriminan a los cuatro: “Todos podemos salir lastimados de esto. Todos podemos terminar presos”. Primero se entregó Burzaco en junio de 2015 y nueve días después los Jinkis. Hawilla ya había ido y venido en su delación y posterior mea culpa. “Sabía que esta conducta estaba mal. Me arrepiento mucho y me disculpo por lo que hice”, declaró durante una audiencia judicial en EE.UU. el 12 de diciembre de 2014.

Desde que rigen las extradiciones con Estados Unidos mediante una ley –la 25.126 promulgada en septiembre de 1999, dos años después de que se firmara el tratado–, Argentina rechazó pedidos y concedió otros. Un antecedente que juega a favor de Deluca y los Jinkis es el fallo de la Corte en la causa “Cabrera, Juan Carlos sobre pedido de extradición” de 2010. El tribunal entendió que el delito por el cual se solicitaba la extradición del imputado debía ser juzgado en nuestro país y no en Estados Unidos que lo acusaba de conspiración para importar estupefacientes en base a una pesquisa conjunta que hicieron la DEA y la Policía Federal. Un antecedente contrario es el de Hernán Arbizu, ex vicepresidente del JP Morgan, quien fue extraditado para declarar como arrepentido de fraude bancario, entre otros delitos. Pero a diferencia de los tres imputados que penden del fallo de Bonadío, aceptó viajar a EE.UU..

Unos cuarenta dirigentes y empresarios de medios o productoras de contenidos quedaron involucrados en el escándalo por los sobornos de la FIFA. De ese número, unos quince aceptaron cooperar con la Justicia de Estados Unidos a cambio de una reducción de la pena, como Burzaco. Los demás están siendo juzgados. Todo comenzó con siete detenciones en la FIFA aquel 27 de mayo de 2015. El FBI seguía la pista de las coimas de un par de torneos más importantes que la Copa América: los Mundiales de Rusia y Qatar. Pero se encontró con un escándalo en su patio trasero y un circuito de dinero ilícito que tenía como madriguera a los bancos de su propio país.

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