Los datos estadísticos figuran en un puñado de hojas que Javier Castrilli tiene frente a sí, mientras fuma con profundas pitadas un cigarrillo rubio. Esas cifras marcan una tendencia alentadora, ya que no cuentan hinchas muertos, sino hinchas vivos que en los últimos meses han poblado las canchas. No se trata de una casualidad. Como tampoco parecen tener relación con el nivel de criminalidad que soporta nuestra sociedad. Los números del ex árbitro devenido en funcionario no se compadecen con la sensación de inseguridad. ¿Una paradoja? ¿Un cambio que se insinúa? ¿Hay un fútbol menos violento en un país donde asuela la violencia? Para Castrilli lo explica todo “una decisión política”. Y se apoya en números que recrean un panorama moderadamente alentador. Porque, como él también dice: “El balance es bueno, pero todavía nos falta mucho”.
Uno de sus primeros anuncios, y acaso el más novedoso, es que “se creó un cuerpo con unos 400 efectivos, que están haciendo un entrenamiento especial. Se llamará División Operaciones en Actividades Deportivas. Es gente nueva que se incorporó a la Policía Federal”. Este tema ya lo desvelaba cuando trabajaba en la provincia de Buenos Aires. Siempre se fijó como meta la formación de cuadros que entendieran cómo es eso de lidiar con barras bravas y espectáculos masivos como el fútbol. Ahora, da la sensación de que se encamina un poco más hacia el objetivo. Y que no lo inquietan ciertas críticas, como las que recibió en su momento de Luis Barrionuevo, por ejemplo: “Nosotros vamos a seguir adelante y no nos vamos a detener para contestar este tipo de ataques. La meta nuestra es defender la vida y la seguridad de la gente”, responde sin nombrarlo al presidente de Chacarita, quien ahora busca recobrar su lugar bajo el sol en la CGT, porque en el fútbol –argumenta– lo “mandaron al descenso”.
Las cifras de Castrilli, enumeradas con el estilo metódico que lo caracteriza, son varias: 357 presentaciones generales ante la Justicia, 154 denuncias en una línea 0800, 38 causas iniciadas en diferentes juzgados, 32 procesados por esos mismos expedientes, 18 personas detenidas por el sistema de huellas dactilares (Morpho Touch) que tenían pedido de captura, 267 partidos supervisados por personal del Programa de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos (Prosef) que el ex referí encabeza, 88 inspecciones en 18 estadios de la ciudad de Buenos Aires y 70 denuncias recibidas por correo electrónico, entre otras estadísticas. Claro está, son datos de un solo distrito, la ciudad de Buenos Aires, donde tiene jurisdicción el organismo de Castrilli.
Por ese motivo, se han cursado 22 invitaciones a distintas policías provinciales y al poder político del que dependen, con el objetivo de que se sumen a una especie de Consejo Federal donde se puedan discutir asuntos de seguridad deportiva. Hasta hoy, se han interesado por participar las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Chubut, Chaco, Misiones y Formosa.
“Uno trabaja para el público que concurre a la cancha y sabe que las medidas de seguridad son incómodas, antipáticas... Y cuando no son uniformes, porque a un hincha le sacan el encendedor y a otro le permiten entrar con una sombrilla, se generan injusticias. Por eso, hay que trabajar en el día a día para reconstruir todo. La tarea es ciclópea. Es como si hubiéramos despertado a un elefante que no estaba dormido, estaba muerto...”, sostiene Castrilli con la fe de un cruzado.
El entusiasmo del funcionario que depende del Ministerio de Justicia se apoya en un elemento clave. El crecimiento en la cantidad de espectadores que concurrieron a los estadios durante su gestión, entre junio de 2003 y el mismo mes de este año, comparado con el lapso anterior (2002-2003). Según los datos que maneja Castrilli hubo un aumento del 51,63 por ciento de un período al otro. O sea, de 2.531.479 espectadores se pasó a 3.838.693. “Antes se evaluaba a la violencia por los muertos que había. Ahora nosotros no podemos esperar a que haya muertos. Los hechos nos demuestran que vamos por el camino correcto”, afirma el hombre que lamenta la ida del juez Mariano Bergés hacia el ámbito privado. “Es una gran pérdida”, agrega. Y sobre todo, si se toma en cuenta que, según el Prosef, no se produjo ningún incidente de gravedad desde que el ex magistrado levantó la suspensión del fútbol tras los incidentes entre Boca y Chacarita el 31 de agosto del año pasado.