Italia, el campeón del mundo, puede quedar al margen del planeta futbolístico y verse reducido a la condición de paria de la pelota. Eso sería posible ya que la FIFA considera intocable su universo y no permite que se lo someta a la justicia de los mortales. El reclamo que la Juventus efectuó ante los tribunales romanos para dar vuelta el fallo de la justicia del fútbol que le quitó el título y lo condenó a la segunda división puede transformarse en la herramienta legal por la cual la FIFA se decida a eliminar a los clubes italianos de cualquier competición internacional y prohibir a la misma Selección que ganó la Copa del Mundo en Alemania enfrentarse con otros seleccionados en eliminatorias europeas para la Eurocopa o el Mundial. La disputa está vinculada con la puja que sostienen los clubes más poderosos y la FIFA.

Los estatutos de la multinacional del fútbol prohíben expresamente a cualquier entidad, organización o representante bajo su ejido acudir a la justicia ordinaria. Bajo esa cláusula, ha desafectado a las asociaciones nacionales que se permitieron algún pleito o, inclusive, a las que sufrieron la injerencia del poder político local. En este caso, la advertencia llegó a destino, pero no fue tomada en cuenta.

La Juventus había anunciado el lunes su decisión de concurrir a la vía judicial para recuperar lo que siente que le arrebataron, tanto por una cuestión de derecho como por otra poderosa razón económica: el club de los Agnelli calculó en 130 millones de euros el lucro cesante que le impone la participación forzada en la Serie B.

Un día después, el martes 22, el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, interpeló a la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), mediante una carta a Guido Rossil, comisario extraordinario de la entidad, sacudida por el escándalo de los arreglos de partidos, para recordarle que la última instancia no es la justicia civil, sino el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), en Lausana, la misma corte que redujo las penas impuestas a los tenistas argentinos Guillermo Cañas y Mariano Puerta.

Pero la Juventus no se amedrentó ante las amenazas de las federaciones, las que adjudica al temor de que la Justicia decida volver la cuestión a fojas cero y desconozca lo actuado por el sistema legal del fútbol. “La FIFA y la FIGC saben que un juez civil lo verá todo de otra manera”, aseguró el director deportivo turinés, Jean-Claude Blanc.

La presentación no es un manotazo de ahogado: las argumentaciones se centran en directivas de la Unión Europea según las cuales una multa no debe afectar más del 10 por ciento de los bienes de una sociedad; la Juventus reclama que los daños son superiores a esa cota, por lo cual, inclusive, podrían demandar a la FIGC por daños y perjuicios.

Lo más curioso –e interesante– del caso es que el abogado del club turinés, Riccardo Montanaro, cuenta con el asesoramiento del estudio Dupont, el mismo que estableciera jurisprudencia en el fútbol europeo con el caso Bosman en 1995 y el que lleva adelante la causa del G14, el grupo de los clubes más poderosos del fútbol europeo (al que pertenece la Juventus), contra la FIFA por la cuestión de la cesión de los futbolistas de su propiedad a los seleccionados.

Uno de los socios del estudio Dupont es Michel Zen-Ruffinen, quien fuera secretario general de la FIFA hasta que denunció la corrupción del sistema impuesto por el presidente Blatter, quien lo despidió automáticamente una vez que aseguró su reelección tras el Mundial 2002 en Corea y Japón. No debe ser una casualidad que, en su presentación ante el tribunal romano, Montanaro expresara su voluntad de que el caso sea trasladado al Tribunal Europeo para litigar directamente contra la FIFA y la FIGC.

Ante la decisión de la Juventus de acudir a la justicia ordinaria, las organizaciones del fútbol encontraron un aliado en el Comité Olímpico Italiano (CONI), cuyo presidente, Gianni Petrucchi, criticó a la entidad turinesa: “Quien comete un error debe pagarlo, y todo debe quedar dentro del deporte”, aseguró. “Si no, se corre el peligro de herir su autonomía.”