En la AFA se cuenta una ocurrencia de Julio Grondona. El presidente estaba arrellanado en su despacho ante un grupo de dirigentes y los instruyó: “Ojo a quién van a votar, porque yo puedo intervenirlos desde la FIFA”. El comentario pasó, como pasaron también las sugerencias que le hizo llegar a Carlos Bilardo (ver aparte) para que desistiera de su candidatura. Con este decorado de voluntades electorales en liquidación, pasado mañana se abrirá el plazo para la presentación de postulantes al cargo que tiene dueño desde el 6 de abril de 1979. Quien se atreva a desafiar al patriarca de Sarandí tendrá tiempo hasta el último día de septiembre para cumplir con los requisitos que se le exigen: el respaldo de uno o más integrantes del Comité Ejecutivo por escrito, el aval de siete miembros de la Honorable Asamblea de la AFA como mínimo y la acreditación de su condición de directivo de un club o liga afiliada por períodos no inferiores a cuatro años.

Estas obligaciones para los aspirantes al máximo cargo del fútbol argentino y el alto poder disuasivo de un presidente cantado dejan el camino despejado hacia un octavo mandato consecutivo del también vicepresidente de la FIFA. El viernes 19 de octubre, 49 asambleístas votarán a Grondona por un nuevo período de cuatro años de gobierno en lo que ya es un clásico de resultado conocido. “Yo he participado como observador en una asamblea y es patético lo que pasa. Si hasta quisieron darles un papelito a los votantes para que reciten lo que les mandan decir”. Así describió una de las últimas reelecciones en AFA el presidente de un club de primera división. El diálogo con Página/12 ya parece formateado. La mayoría de las fuentes impone reserva absoluta de su nombre por temor a represalias cuando se trata un tema espinoso como la continuidad de Don Julio.

El artículo 50 del Reglamento General de la AFA es el que fija los requerimientos para presentarse como candidato. Entre los primeros de una larga lista, figuran: 1) ser argentino, nativo o naturalizado y no menor de 35 años; 2) tener reconocida capacidad y aptitud; 3) poseer medios de vida honorables y conocidos y 4) reunir buenos antecedentes morales y deportivos. Cualquier observador independiente podría darse cuenta de una cosa. Las exigencias del último punto no parecen de sencillo cumplimiento para muchos de los aspirantes al cargo, incluido el propio presidente.

Pero lo más asombroso se lee entre las incompatibilidades e inhabilidades que se establecen después en el mismo artículo. Por ejemplo, no debería presentarse un directivo concursado civil y comercialmente, hasta diez años después de su rehabilitación; tampoco uno que esté inhabilitado para el uso y titularidad de cuentas corrientes bancarias y el libramiento de cheques, hasta tres años después de su rehabilitación (Eduardo López, de Newell’s, abstenerse) y menos, los declarados responsables de irregularidades en entidades de cualquier naturaleza por autoridad competente. Basta repasar el estado comatoso en que se encuentran la mayoría de los clubes, que incluye quiebras y concursos de acreedores, para comprobar que el artículo 50 invalida una candidatura por tener mala conducta en la actividad privada, pero no parece que ocurra otro tanto en el manejo de la economía de una institución deportiva.

Raúl Gámez, el vicepresidente 3 de Vélez que se perfilaba para competir con Grondona y que lo trató de “mafioso”, suele quejarse de una cláusula que considera restrictiva para presentarse. Es la que fija acreditar la condición de dirigente por períodos no inferiores a cuatro años, como mínimo. Sostiene que no está claro si el candidato debería ocupar el cargo en la actualidad o pudo haberlo hecho en el pasado. “No parece claro en el Reglamento”, coincidió otra fuente de la AFA que no es precisamente Gámez. Este último bajó demasiado el perfil y habría declinado su candidatura, aislado como quedó después de comprobar que muchos de sus pares critican a Grondona a media voz, pero serían capaces de votarlo a mano alzada si fuera necesario.

En estos primeros días de septiembre se elige a los futuros asambleístas que volverán a apoyar al vitalicio presidente por octavo período consecutivo. La oposición en la superficie se reduce a las quejas de Bilardo, las denuncias de Gámez y algún díscolo aislado, sin peso específico ni política propia que pueda terminar con el clientelismo de Grondona y sus 28 años en el poder.