Claudio Morresi, el secretario de Deporte de la Nación, señala que la “iniciativa del Comité Olímpico para crear el Enard la trabajamos en forma conjunta. Hace mucho tiempo que buscábamos crear un organismo, ente o fundación que representara el aporte de la empresa privada. Porque de ese modo, pensamos, se dinamizarían cosas que al Estado le cuesta más resolver. Creo que es una propuesta interesante que va a generar mayores ingresos para el deporte”. El funcionario y ex futbolista que ocupa el cargo desde la presidencia de Néstor Kirchner agregó que si se aprueba la ley, “la Secretaría seguirá funcionando como secretaría y será el ente el que recaude el dinero. Y el COA mantendrá la representación olímpica como hasta ahora. Esto no es una fusión, sólo se crea un organismo mixto”.

La diputada nacional Delia Bisutti integra la Comisión de Deportes y dice que “en principio, el proyecto me pareció interesante. Pero no estoy de acuerdo con el impuesto sobre el consumo de los celulares, como tampoco que se le confiera tanto poder a Gerardo Werthein, el presidente del Comité Olímpico. Además, me parecen modificables los períodos de conducción en el Enard”. La legisladora estuvo presente el martes pasado cuando se hizo la presentación oficial del proyecto de ley, que volverá a discutirse esta semana en el Congreso.

Lejos de respaldar a la iniciativa del COA o de darle apoyo crítico, Martín Sharples, uno de los atletas más comprometidos y actualizados sobre política deportiva, tiene muchas reservas sobre el proyecto de los diputados del FPV.

“¿Quién va a controlar el dinero que se recaude? A mí me parece negativo que sean los usuarios de celulares los que pongan la plata y no las empresas. Werthein es parte involucrada en este tema y cuida sus intereses. Sería revolucionario si él, como empresario, más otros más, pusieran los fondos para financiar al Alto Rendimiento. Pensar que yo le abrí el camino cuando luché para que se fuera Cassanello. Y ahora está al frente del Comité Olímpico”, concluyó.

En el mismo sentido se pronunció la defensora adjunta del Pueblo porteña, Graciela Muñiz, que tiene a su cargo la problemática deportiva. “Llama la atención que el nuevo presidente del Comité Olímpico y a su vez presidente de Telecom se encuentre entre los principales promotores de esta ley con la que se hace pagar a los ciudadanos lo que debería pagar el Estado, que cuenta en el presupuesto con una suma que surge de los impuestos. Si quieren colaborar con el deporte de Alto Rendimiento, los empresarios podrían donar una parte de la ganancia neta para ese fin”, señaló la defensora del Pueblo.