–¿Cuál es la idea central del proyecto Barrio 31?

–La idea nació hace más de 15 años, en Río de Janeiro, con el proyecto “Favela-Barrio”: se iniciaron programas que daban vuelta el criterio tradicional de hacer tabla rasa con las villas. En vez de hacer nuevas viviendas, se decidió trabajar sobre el espacio público: llevar no sólo agua y cloacas, sino también equipamiento social de mucha jerarquía: colegios, centros deportivos, culturales. El mejoramiento de las viviendas se daba casi por añadidura, por la inversión de los propios habitantes; se obtenía un efecto multiplicador, con menor inversión del Estado. El plan se perfeccionó a lo largo de sucesivos gobiernos de Río, bajo distintos signos políticos, y durante la presidencia de Lula se extendió a San Pablo y otras ciudades. Ya se urbanizaron así más de 50 favelas. En Colombia, Medellín puso en marcha un plan parecido, basado en instalar en el barrio humilde los equipamientos de prestigio de la ciudad: la biblioteca de última generación, el nuevo teatro oficial; la inversión estatal va a esos lugares, en vez de ir a barrios ya consolidados.

–¿Cómo empezó el proyecto en Buenos Aires?

–En 2002, desde la UBA, obtuvimos un subsidio de la Bienal Iberoamericana de Urbanismo para investigar la experiencia brasileña y ver si podía replicarse en Buenos Aires. Elegimos la Villa 31 porque era la única para la que no había propuestas de urbanización, por eso de que está próxima al centro, en tierras muy caras. En estos años, el proyecto se fue modificando; también cambió el barrio, que hoy es bastante más denso. Así llegamos al anteproyecto que fue base de la ley de urbanización de la Villa 31 (aprobada el 3 de diciembre del año pasado). Desde el primer momento se trabajó con los vecinos del barrio: tanto en tareas de relevamiento para ver cuáles eran sus necesidades, como en asambleas donde decían qué les parecía bien del proyecto, qué había que corregir. Los vecinos generaron una mesa de apoyo al proyecto de urbanización y, en la Legislatura, lo sostuvo la Comisión de Vivienda.

–¿Cuántas de las viviendas de la Villa 31 podrían conservarse?

–Evaluamos que el 70 por ciento de las construcciones actuales son recuperables. Un 30 por ciento deberán reemplazarse para abrir calles, en los lugares con hacinamiento excesivo. Para estos habitantes, el proyecto incluye el aprovechamiento de un terreno lindero, que pertenece a Repsol YPF. Ya en gestiones anteriores de la ciudad hubo tentativas avanzadas para comprarlo, precisamente para hacer viviendas nuevas para la villa. Además, hay terrenos de la Administración de Puertos dados en concesión a empresas privadas: basta con que el Estado no renueve esas concesiones. De los vecinos que deban mudarse, nadie tendrá que hacerlo a más de 400 metros de su actual residencia.

–O sea que en la mayoría de los casos las viviendas existentes son habitables y no presentan riesgos.

–Hemos hecho revisiones con profesores titulares de estructura y de estabilidad de la Facultad de Arquitectura de la UBA: no encontramos situaciones de riesgo. En general, las construcciones fueron hechas por albañiles profesionales; gran parte de la mano de obra en construcción de la ciudad está en esa villa. Tienen un saber del oficio, aunque no académico. Sin duda, habrá que mirar cada construcción con detenimiento, pero no hemos encontrado mayores problemas de seguridad. En cuanto a la habitabilidad, depende de la densidad y las alturas, según los sectores de la villa. Hay lugares con mala iluminación o ventilación, pero esto muchas veces puede resolverse sin derribar la vivienda, por ejemplo abriendo patios; el proyecto prevé estas acciones de mejoramiento.

–¿Los habitantes han optado por preservar las viviendas?

–En su gran mayoría, sí: el proyecto fue rápidamente adoptado por los vecinos, ya que apareció como una opción cierta para permanecer. Vivían bajo la espada de Damocles de la erradicación. Es obvio que hay falencias, por eso hay que intervenir, pero también hay 70 años de historia de construcciones: el proyecto procura capitalizar esa inversión popular, con un concepto de reciclaje. En términos culturales, esto preserva el arraigo en el lugar, la apropiación de espacios lograda por los vecinos. Pero también tiene ventajas comparativas en cuanto a costos. Aceptar lo que ya está en el lugar y dotarlo de lo que carece es mucho más barato que demoler para hacer algo absolutamente nuevo.

–¿De qué se va a dotar a la Villa 31?

–Por de pronto, todas las viviendas van a contar con agua corriente, cloacas, electricidad y gas. Hoy, muchas líneas cloacales vuelcan a desagües pluviales, que desbordan cuando llueve; esto genera serios problemas sanitarios. La idea es que, además de las redes troncales que pasarán por las calles, a cada vivienda entre un pequeño núcleo de baño y cocina. En esto tomamos ejemplos del Programa Nacional de Mejoramiento de Barrios, que básicamente se ocupa de esto y lo ha hecho en distintos asentamientos en el interior del país. Y el equipamiento social será prácticamente nuevo, sin perjuicio de consolidar instituciones que ya existen: iglesias, comedores, cooperativas, sedes vecinales.

–¿Cómo será ese “equipamiento social”?

–Incluye la instalación de una escuela secundaria: una población de treinta mil habitantes merece tenerla, ¿no? También comprende lo que los brasileños llaman “piezas de articulación”, donde el barrio se acopla con el resto de la estructura urbana. En nuestro caso, una de estas piezas será un gran parque público que se abrirá entre el barrio y el puerto, en esos terrenos de YPF. Otro de estos lugares de articulación sería un Memorial del Padre Mugica: la Capilla Cristo Obrero, donde están sus restos, ya es un lugar de peregrinación en determinadas fechas; con una apertura mayor, puede constituirse en un centro de peregrinación de jerarquía, abierto a toda la ciudad.

–¿Qué otras “piezas de articulación” con el resto de la ciudad se proyectan?

–El “Centro de producción de empleo y renta”: una especie de gran mercado popular, donde se podrán poner a la venta los productos de los emprendimientos que, por lo demás, ya existen en el barrio, y también podrá ofrecerse la fuerza laboral; en Brasil, esto funcionó bien. Se instalará en un edificio de escala importante a nivel urbano, que incluirá otras funciones: gimnasio y la radio del barrio. Cuando prevemos ese centro, como cuando hablamos de instalar una escuela, estamos diciendo que el barrio, como cualquier otro, debe contar con sus oportunidades de trabajo, intercambio. Y en esto también se trata de formalizar lo que ya existe: hay microemprendimientos, cooperativas, tejedoras, productores de muebles, de calzado, locales comerciales. Otra pieza de articulación será una plaza, entre el barrio y la terminal de ómnibus; la idea es abrir allí un acceso directo a la terminal, equiparado al que está sobre Retiro.

–Una pregunta prejuiciosa: si se abre ese acceso, ¿el ciudadano del resto de la ciudad no temerá que lo roben en la terminal?

–Pero la terminal ya es usada por la gente de la villa; es algo así como el shopping de la villa: allí están los locutorios, la farmacia. Del mismo modo, los habitantes de la villa van al mismo supermercado que usan los empleados judiciales de Comodoro Py. No es que el proyecto se plantee como utopía social de anulación de las diferencias, sino que esa mixicidad social ya se da. El espacio público cotidiano es compartido por gente de distintas clases sociales. Y la urbanización, al hacer el territorio accesible, atravesable, genera más seguridad: mejora la iluminación, dejan de existir recovecos, lugares de escondite. La regularización dominial implica que las personas fijen una residencia, paguen impuestos, por más que sea con tarifas sociales; acercan ese recorte urbano al resto de la ciudad.

–Otra pieza de articulación es la que el proyecto denomina “avenida de borde”, que incluye lo que llaman miradores.

–La avenida separará el barrio de las tierras ferroviarias. Incluirá un par de miradores, placitas para que el paseante se detenga a mirar. Es que ese lugar ofrece una perspectiva paisajística única: como está frente a un amplio espacio abierto, el de las vías del tren, permite la visión de todo el eje norte de la ciudad. Buenos Aires es una ciudad chata, no hay otro lugar desde donde haya una visión totalizadora, salvo que uno la mire desde un barco en el río. En la ciudad, hoy esa vista la tienen sólo los habitantes de la villa. Es una situación parecida a la de las favelas de Río de Janeiro, que tienen una vista espectacular desde los morros.

–El proyecto también se articula con obras viales de importancia.

–Uno de los argumentos para erradicar la villa era que su presencia impedía las obras para conectar el tránsito que viene desde el Acceso Norte con la autopista a La Plata, de modo que no necesite pasar por el centro de la ciudad. Este nudo vial estaba previsto en medio de la villa, en el barrio Güemes, donde todavía hay unas columnas de autopista. Nuestro proyecto incluye la demostración de que esa conexión puede hacerse en el fondo de la villa, donde está ese gran edificio curvo que puede verse desde la Autopista Illia, que era del Correo y que, por lo demás, tiene interés como para ser declarado patrimonio histórico. Bueno, allí se puede instalar el distribuidor de tránsito y también mejorar el acceso al puerto por ferrocarril, que es insuficiente.

–El proyecto incluye un “sistema de pasillos”: ¿a qué se refiere?

–Como en la villa hay una ocupación muy densa del suelo, actualmente se accede a las viviendas no sólo por el borde de cada manzana, sino por un sistema de pasillos que se adentran en la manzana y que en realidad son parecidos a los pasajes internos que hay en muchos PH de Palermo o San Telmo, por los que se pagan fortunas. Reconocer esa misma estructura en la villa es mucho mejor que insistir en la apertura de calles y caer en exigencias normativas que conducen a que la única respuesta sea demoler todo. Entonces, se prevé preservar un sistema interno de calles peatonales, suprimiendo las que generan condiciones de hacinamiento.

–La investigación de la que da cuenta el Anteproyecto incluye la referencia a “cada uno de los sectores” de la Villa: ¿a qué responde este criterio?

–Desde afuera, el barrio suele ser visto como si fuera una unidad, pero por dentro hay subconjuntos, pequeños barrios que tienen su identidad particular, sus propias historias vecinales y políticas. Los dos núcleos originarios de la villa son los barrios Güemes e Inmigrantes; algo así como el casco histórico de la 31; son los lugares de mayor densidad de población y altura, lindantes con la estación de buses. Después, a medida que se avanza hacia el puerto y el edificio del correo viejo, están los barrios YPF, Comunicaciones, los asentamientos más recientes. Tienen nombres distintos, se conciben a sí mismos como barrios diferentes. Nuestra metodología de trabajo, al no postular que todo eso haya que arrasarlo y hacerlo de vuelta sino dotarlo de lo que carece, tiene que estudiar minuciosamente esa preexistencia: es un material de trabajo, no algo a descartar.

–¿Cómo se resolverá la cuestión de la propiedad de las viviendas?

–Hay dos grandes posibilidades. La tradición argentina en los planes sociales es otorgar el dominio de la tierra a sus ocupantes: así ha sido en todos los planes sociales a lo largo de la historia. En Brasil, en cambio, donde la Constitución hace muy difícil enajenar bienes estatales, lo que hacen es dar en usufructo la tierra a sus habitantes por 50 años, renovables. Por otra parte, aun escriturando a nombre del habitante, se le pueden poner restricciones al dominio: por ejemplo, que no se pueda vender por determinado tiempo, para que no pase a un mercado de especulación inmobiliaria. Pero, de última, quien venda su casa contará con ese dinero para hacerse una casa en otro lado, como ha sucedido en la historia de las viviendas sociales.

–¿Cómo se encara la cuestión de los que a su vez alquilan viviendas o habitaciones en la villa?

–Efectivamente eso sucede en la Villa 31, que tiene gran demanda por estar muy cercana a los lugares de trabajo en la Ciudad. Un estudio de María Cristina Cravino, investigadora de la Universidad de General Sarmiento, observa que a veces ese alquiler puede ser una entrada legítima para la familia: son familias que tienen trabajo, ingresos y, cuando generan un excedente, lo invierten en hacer una pieza más para alquilarla, como sucede en otros barrios. Claro que, tratándose de una política social, la propiedad debería ir al que la ocupa, no al que la construyó. Esto requiere un buen trabajo social de relevamiento. Y también, claro, hay especulación: en la experiencia brasileña, sobre la base de mucho trabajo social, la propia organización del barrio puede lograr que los especuladores depongan su interés personal en función del conjunto. Ciertamente, es uno de los problemas ante los que no podemos hacernos los distraídos.

–¿Qué destacaría de la ley que aprobó la Legislatura?

–Básicamente, la ley dice que la Villa 31 se queda donde está. Define con precisión cuáles son los terrenos afectados a la urbanización, que así ya no pueden ser afectados a otra cosa. La ley genera una Mesa de Urbanización, que incluirá representantes del Gobierno de la Ciudad, de la Legislatura, del Ejecutivo nacional, del Enabief, organismo que controla la tierra, y también de los vecinos. La Mesa tiene un plazo de un año para elaborar un proyecto ejecutivo, que prácticamente llega a la elaboración de los pliegos de licitación de obra. Nosotros, como equipo técnico participante en esa Mesa, iremos reformulando el proyecto para adecuarlo a las nuevas solicitaciones que se presenten. La ley fue votada por unanimidad, lo cual genera un compromiso de los distintos sectores para preservarla, como política de Estado, en administraciones sucesivas. En Brasil, ninguno de estos proyectos se realizó en menos de cinco o seis años.

–¿Cómo se financiaría el proyecto?

–El proyecto ejecutivo, a cargo de la Mesa de Urbanización, incluirá el presupuesto. En medio estará la discusión sobre cómo se financia; cómo concurren los programas nacionales, como el de Mejoramiento de Barrios, a los que la Ciudad no está asociada y que serían muy útiles. A fines de 2010, cuando se discuta el Presupuesto de 2011, ya tendría que incluirse la primera etapa que, si prevalece nuestro planteo, sería la compra del terreno de YPF y la construcción allí de las primeras viviendas nuevas, para empezar a mudar y a operar en la villa. Nosotros hicimos un estudio de cuánto costaría nuestro proyecto con relación a un proyecto de erradicación: el proyecto costaba 900 millones de pesos, contra 2100 millones la erradicación. Son sólo cifras indicativas, pero mejorar lo existente y hacer 30 por ciento de obra nueva es mucho más barato que demoler, comprar otra tierra y hacer todo nuevo.

–¿Cómo se definirá el universo de beneficiarios? ¿Cómo se hará para evitar intrusiones y reducir conflictos?

–Eso requerirá el control social de los propios actores del barrio. El proyecto no puede ser un dibujo del cual el vecino se entere el último día, sino algo que se va construyendo junto con él; cada línea del proyecto tiene que ser un contrato apropiado y reconocido por los vecinos. El proyecto incluye un censo definitivo de los habitantes: así quedarán precisados los actores con los que se trabajará; la urbanización congela el crecimiento de la villa, y los propios vecinos serán los que defiendan ese territorio. Esto puede sonar un poco crudo pero, si no se ponen límites, es una historia de nunca acabar y cada vez se necesitará más tierra. Después, esperemos, habrá otros proyectos similares. Si esto sale bien, nos gustaría que fuese un modelo a replicar en otras villas, para rectificar esas políticas de vivienda social que hacen borrón y cuenta nueva y ponerse a trabajar a partir de lo que hay.