–¿Por qué la inseguridad se ubicó como el problema principal en la opinión pública, en América latina?

–Ateniéndonos a las cifras, hay motivos reales para el ascenso de la inseguridad ciudadana. El indicador típico es el de número de homicidios cada 100 mil habitantes por año. En 1980, había 12 homicidios cada 100 mil habitantes en América latina. Actualmente, la cifra es de 25. Los riesgos han aumentado. Ahora, las diferencias de percepción son muy grandes entre los países.

–¿A qué se deben tales diferencias?

–Si bien los riesgos han aumentado en promedio, las situaciones son muy heterogéneas. No es lo mismo el aumento del riesgo en México que en Uruguay. A las diferencias en el aumento del riesgo objetivo se suman las percepciones del riesgo subjetivo, que están dadas por factores propios de la realidad de cada país.

–¿Qué papel juegan los medios de comunicación en tal percepción de inseguridad?

–El relato que construyen sobre esta realidad puede jugar un rol muy importante en las percepciones. Si es un relato totalmente descontextualizado, que muestra episodios puntuales y no da claves para entender el contexto, la sensación puede ser de mucho miedo e impotencia. Si el relato que construyen presenta la historia como repetida e inevitable, aumenta el riesgo y aumenta la impotencia. Si el relato que construyen tiende a propiciar salidas autoritarias, están construyendo una falsa ilusión.

–¿Por qué?

–Porque las salidas autoritarias no han resuelto el problema en ningún lugar. Entonces, el relato de los medios es muy importante, tanto en la sociedad en su conjunto para la percepción de la inseguridad, como para algunos actores sociales. Está claro que los medios deben denunciar, con todas las señales, al mundo del narcotráfico, que hoy es el principal enemigo, en muchos países latinoamericanos, de la democracia misma. Pero llaman la atención investigaciones como la que desarrolló Alicia Cytrynblum, desde Periodismo Social, en la que analizó 120.000 noticias periodísticas en la Argentina en los últimos años, referidas a niños que han cometido delitos. Y la conclusión es que se estigmatiza antes de que haya una investigación seria, judicial. Los niños pobres, sospechosos, ya están precondenados por una cantidad de medios.

–Además de la forma en que los medios encuadran este asunto, ¿qué otras causas influyen en el miedo de la gente al delito?

–En Uruguay, la percepción del miedo es alta pero más baja que en el promedio de América latina. Se ha hecho una campaña sistemática desde el gobierno del Frente Amplio para tratar –sin negar el problema– de demostrar que una parte importante está totalmente ligada al cambio de modelo en términos de inclusión social. Hay tres grandes tipos de delito en nuestra sociedad.

–¿Cuáles?

–El crimen organizado, que tienen que enfrentar fundamentalmente la policía y la justicia. La policía y la justicia deben ser ayudadas, apoyadas, modernizadas, dotadas de los presupuestos necesarios y tecnificadas, para poder enfrentar al crimen organizado y desarticularlo totalmente. Otro es la criminalidad de jóvenes, lo que yo llamo la delictualidad joven.

–¿Qué rasgos distinguen a esta delictualidad joven?

–Tiene que ver con el modelo. Las últimas cifras muestran que 20 por ciento de los jóvenes de la región están fuera del mercado de trabajo y del sistema educativo. Y no por decisión propia, sino por las regresividades del modelo. El tercer tipo de delictualidad es la violencia doméstica, muy significativa en nuestra sociedad, y su génesis tiene que ver con la cultura del machismo y con el modo en que esas estructuras han permeado las instituciones que deberían dar respuesta. En lugar de resolver, muchas veces consagran la impunidad en este campo y movilizan la sensación de impotencia de la víctima. En uno de los simposios que organizamos para estudiar este tema, vino la ministra del Interior del Uruguay, del Frente Amplio.

–¿Y cuál era su posición frente a esta cuestión?

–Ella dijo: “Nosotros invertimos en seguridad el 60 por ciento del presupuesto público”. Nosotros nos interrogamos qué quería decir esa cifra. Y ella aclaró: “Claro, porque el 60 por ciento del presupuesto público está invertido en educación, salud e inclusión de jóvenes. Entonces, la inversión en ‘seguridad’ lleva el 60 por ciento del presupuesto público”. Ese es un modelo.

–¿Qué relación existe entre la percepción de inseguridad y la tasa de victimización efectiva? Hay autores que hablan de que hay una autonomía relativa entre estos dos niveles.

–Se corre el riesgo de caer en un maniqueísmo.

–¿En qué sentido?

–Sería maniqueo decir que la gente siente inseguridad sólo por los medios. Siente inseguridad porque, objetivamente, la tasas de inseguridad han aumentado en la región y las correlaciones entre eso y el aumento de la pobreza y de la juventud excluida es muy clara. O sea, si hay inseguridad en el Gran Buenos Aires en una medida mucho mayor que en la mayor parte de los centros urbanos, es porque hay una delictualidad joven de 500 mil a 800 mil, según las estimaciones que se tomen. Ese es un factor absolutamente real. Pero también es maniqueo no entender el rol que juegan las informaciones que todos los días se repiten a la población sobre el problema.

–¿Cree que el problema reside en la cantidad de información?

–No, es un problema de encuadre de la información. Cualquier medio en el mundo que durante todo el día difunde noticias sobre actos criminales, aunque esos actos sean seis por día nada más, se puede crear un clima de alarma muy serio en la población. Por eso importa el encuadre. En cambio, difunde 50 por día pero los encuadra; hay una tasa de desocupación altísima, hay una deserción escolar muy grande, en cuanto bajemos los niveles de deserción escolar y desocupación esto se va a reducir... es otra la percepción de la realidad. Entonces, yo diría que no hay una autonomía relativa, están ligadas pero sí hay niveles de percepción que tienen que ver con cómo se maneja la comunicación de masas y cómo se maneja el mensaje desde las alturas del poder.

–¿No cree que la inseguridad excede al delito? Que hay otros aspectos que la integran.

–El delito produce todo tipo de daños en la sociedad. Daños directos e indirectos. Entre los daños indirectos está el miedo. La presencia del delito y su centimetraje en los medios supone un mensaje de mano dura, una combinación casi de película de terror. Por un lado, está el delito que sube. Por otro, algunos medios buscan ganar rating utilizando el delito como centimetraje. Además, está el discurso de la mano dura que agranda la magnitud de lo que está sucediendo, para lograr apoyo a propuestas draconianas.

–¿Y cuáles son las consecuencias de ese discurso?

–El discurso de la mano dura en término de políticas públicas ha fracasado permanentemente, ha logrado subir efectivamente el presupuesto de seguridad, pero no ha logrado reducir para nada el delito. Entonces, es un discurso que termina en frustraciones y magnifica la sensación de impotencia.

–También se habla de inseguridad en referencia a los jóvenes –sobre todo de sectores populares– que temen a la policía. Entonces, ¿inseguridad para quiénes y frente a qué actores?

–Yo mencionaba anteriormente que hay inseguridad en la ciudadanía y que hay inseguridad, injustamente, en aquello que ha sido puesto bajo sospecha. Tal es el caso de los millones de niños considerados sospechosos por ser pobres, en la Argentina y en otros países de América latina. De antemano, son considerados delincuentes en potencia. En algunos casos lo están pagando con la pena de muerte.

–¿En qué casos, por ejemplo?

–En varias ciudades prosigue el exterminio de niños de la calle. Las bandas parapoliciales les aplican la pena de muerte directamente. Por otro lado, una parte importante de los delitos están concentrados, son delitos al interior de la pobreza. Entonces, la inseguridad ciudadana, en primer lugar, la pagan los pobres, que están bajo sospecha, reciben una dosis importante de los delitos y, además, no tienen cómo protegerse ni defenderse. Mientras las clases altas han inventado los autos blindados o viajan en helicóptero a sus tareas, como sucede con algunos altos ejecutivos de América latina. Los que están en inseguridad mayor, en términos proporcionales, son los sectores más pobres, lo que no quita que sea totalmente legítimo el reclamo de cualquier ciudadano, sea de clase alta o media.

–¿Por qué cree que a la inseguridad se la ha dado un tratamiento eminentemente policial?

–El tema tradicionalmente se ha colocado en el encuadre puramente policial. Desde ya que hay componentes policiales. Para mí, el crimen organizado es un tema policial y judicial. Hoy debe ser encarado desde esa óptica, con una policía de la máxima eficiencia, que hay que construir en América latina.

–¿Y en cuanto a los delitos que exceden el crimen organizado?

–Encuadrar el tema de la delictualidad joven como un tema policial es un error gravísimo para una sociedad. Es relevante el caso de los Estados Unidos, donde durante mucho tiempo se encuadró el tema de la delictualidad joven como un tema policial. Estados Unidos tiene la mayor población carcelaria del mundo: dos millones cien mil reclusos, el mismo número que estudiantes en los Colleges. Y las cárceles se han vuelto insostenibles desde el punto de vista presupuestario. A tal punto que muchos Estados exigieron otras soluciones, no por ideología sino porque es imposible financiar el presupuesto de seguridad.

–¿Cuánto destina Estados Unidos a la seguridad?

–Es mayor al de los departamentos sociales del gobierno juntos: trabajo, salud, bienestar social. Hay un regreso a la revisión del encuadre, encabezado por los medios masivos –The New York Times, Los Angeles Post, Los Angeles Times–, con editoriales permanentes sobre el tema. Hay investigaciones serias que demostraron que este camino es inviable, que es imprescindible buscar mecanismos alternativos. Una propuesta de The New York Times, juntamente con muchos Estados, es multiplicar los grupos terapéuticos de apoyo para la rehabilitación de los consumidores de drogas, en lugar de meterlos en las cárceles. En América latina es difícil aplicar ese tipo de políticas.

–¿Por qué?

–Porque los grupos de apoyo para la salida de las drogas son escasísimos. El The New York Times propone despenalizar los consumos pequeños para uso personal y reemplazar la pena por apoyo terapéutico. La ley de la segunda oportunidad ha sido aprobada masivamente por el Congreso norteamericano, mientras que en América latina el enfoque puramente policial lleva a que, cuando alguien sale de la cárcel y comete un delito, desde la mano dura y desde algunos medios masivos de comunicación, se culpa a los jueces y se dice “debieron haberlo mandado por muchos más años a la cárcel”. En Estados Unidos descubrieron que dos terceras partes de los delincuentes jóvenes salen de la cárcel y vuelven antes de tres años. Se encontró con que las mismas razones que los llevaron originalmente a la cárcel –falta de trabajo, pobreza, desesperación para sobrevivir– se agravan totalmente cuando salen de la cárcel, porque en su currículum vitae figura que estuvieron en la cárcel.

–¿De dónde surge ese estudio?

–De universidades en Estados Unidos. The New York Times lo llama “la puerta giratoria”, pues se condenan si el Estado no les da una segunda oportunidad en la vida. Ahora, si alguien sale de la cárcel, la política pública está obligada a apoyarlo, entrenarlo, conseguirle trabajo, incluirlo.

–¿Mediante qué planes específicos?

–Mediante la Ley de la Segunda Oportunidad. El que sale de la cárcel y no recibe eso puede demandar al Estado y exigirlo.

–Aquí también hay mucha influencia de los medios sobre la ciudadanía, y no se trata de medios que hagan propuestas progresistas en este sentido.

–Un día antes de la última elección, The New York Times publicó su encuesta. En su editorial pidió votar por los demócratas, porque los diarios en Estados Unidos se suelen definir en sus editoriales por quién votar. Pero su primera página daba las cifras del resultado: una ventaja muy grande para los sectores más conservadores. Ese es un ejemplo de cómo un diario tiene una línea principista en cuanto a su ideología, pero la veracidad de la información estaba por encima de cualquier postulación.

–En términos estructurales, ¿debe un medio proponer políticas públicas?

–Los medios son un factor de poder, es una realidad. La cuestión, a partir de ahí, es cómo manejan ese poder, si lo manejan a través de la honestidad periodística y el principismo periodístico o manipulando su poder para obtener beneficios en pos de determinados intereses económicos. La noticia amarilla con respecto al crimen es una manera de manejar poder para vender más, sin tener en cuenta los perjuicios fenomenales que eso causa y el miedo que eso genera en la población. La prensa amarilla existe en Nueva York, diarios que tienen noticias amarillas desde sus primeras páginas y venden mucho. Y también existe The New York Times, considerado un líder mundial en credibilidad periodística, junto con Le Monde. Los medios tienen poder. La cosa es cómo lo usan. En el tema de la seguridad ciudadana hay que discutirlo en profundidad, porque pueden formar parte de la solución, pero también del problema.

–En el libro, Rafael Filizola, ministro del Interior del Paraguay, habla de un falso dilema entre inseguridad y derechos humanos. ¿A qué se refiere con esta idea?

–En Argentina se habla de “garantistas” y “pragmáticos”. En Paraguay, la percepción es mucho más baja que en otros países de América latina. Y allí hay una campaña de lo que yo llamo el “enfoque integral”. Está la policía, pero también está la propuesta de crear empleo para los jóvenes excluidos, crear cobertura educacional para los niños pobres. Más educación, más seguridad. Asimismo, otro factor fundamental para prevenir la delincuencia es la familia. Si opera, transmite valores éticos y tutorea. El tema “mano dura o derechos humanos” se ha planteado en los enfoques totalitarios con muchísima frecuencia. “Obediencia debida o derechos humanos”. Las propuestas del ex presidente Menem de confiarle al Ejército la seguridad ciudadana pueden llevar a un camino muy regresivo. Se sacrifican los derechos humanos con el argumento de que el fin justifica a los medios, y el fin no se cumple jamás. El “enfoque integral” donde estamos junto con Filizola, con la ministra del Interior del Uruguay, con Lula, con la gente que empezó ahora en la Argentina y va a implementar en la provincia de Buenos Aires “la segunda oportunidad”, da salidas.

–¿En qué instancia está la segunda oportunidad en la provincia de Buenos Aires?

–Se está aprobando legislación por la cual algunos reclusos que salgan de la cárcel van a tener opción de tener un puesto de trabajo en el Estado. Sacrificar los derechos humanos no conduce a ningún lugar, la seguridad real tiene que ver con respetar los derechos humanos de los excluidos. Por ejemplo, un país en el mundo donde se respetan los derechos humanos de todos es Noruega. En Noruega, la cantidad de homicidios cada cien mil habitantes es menor a uno. En América latina es 25. Lo consiguen en base a respetar los derechos humanos de todos los jóvenes, mediante la inclusión total: todos lo jóvenes tienen derecho a primaria, preescolar, universidad, al trabajo, a la salud. El verdadero respeto de los derechos humanos de la población es un pilar para la seguridad ciudadana.

–¿Y qué sucede con el crimen organizado y la corrupción policial, por ejemplo? En muchos casos, los jóvenes son obligados por la propia policía para cometer delitos, a veces, con desenlaces fatales.

–Hubo experiencias en la provincia de Buenos Aires donde se trató de crear una escuela para formación de nuevos cuadros, que fue exitosa el tiempo que duró. Entonces, se puede construir una policía democrática y pro población. No es imposible. Se menciona, con frecuencia, la experiencia de Nicaragua.

–¿En qué consiste?

–En un trabajo de décadas se ha logrado construir una “policía de vecindad”, que tiene excelentes lazos con el vecindario y trabaja junto con los poderes públicos en la prevención de la delincuencia juvenil. No se trata de que no necesitamos ninguna policía, necesitamos una policía moderna, democrática, meritocrática y que trabaje con la sociedad permanente.