–¿Cómo caracterizaría su gestión al frente de la Asamblea Nacional? ¿Qué etapas se distinguen, según mayor o menor actividad legislativa, en estos años?

–A partir de la vigencia de la Constitución de la república, el 20 de octubre del año 2008, el proyecto político de la Revolución Ciudadana asumió la tarea de transformar, en su fondo y en su forma, lo que se denomina la Función Legislativa que se ejerce a través de la Asamblea Nacional. En términos generales, puedo decir que mi primer período al frente de la Asamblea Nacional estuvo determinado por la necesidad de operativizar todo lo necesario para que se pusiera en funciones la propia Constitución. Hubo que hacer una gran depuración del ordenamiento jurídico: se derogaron leyes, cientos de decretos legislativos, más de 900 decretos supremos, decretos-ley de emergencia, dos acuerdos supremos, tres acuerdos legislativos, etc. Implica un trabajo muy intenso desde el punto de vista normativo vertiginoso: expedir, codificar, reformar, derogar e interpretar leyes. Todo al mismo tiempo.

Un segundo momento marca la puesta en práctica de algunas cuestiones que ya tienen que ver con el propio proyecto de la Revolución Ciudadana, por ejemplo, la implementación, en dos oportunidades, de procesos de Consulta Prelegislativa respecto de proyectos de ley referidos a los derechos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, del pueblo afroecuatoriano o del pueblo montubio, experiencias inéditas en términos mundiales. Toda esta actividad de la Asamblea Nacional, este esfuerzo proactivo, ha hecho que su aceptación y valoración social como institución hayan crecido de manera creciente a lo largo de estos años: en noviembre del 2007 el anterior Congreso Nacional tenía una aprobación social del 4 por ciento, en diciembre del año pasado la Asamblea Nacional ya estaba en un 52 por ciento de aprobación. Pero no sólo desde el punto de vista de la sociedad; la Asamblea Nacional ha liderado el ranking de las instituciones públicas que manejan fondos públicos según los parámetros de transparencia de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. A tal punto que la Corporación Participación Ciudadana ha calificado nuestro esfuerzo por transparentar la gestión legislativa y de fiscalización con el ciento por ciento (100 por ciento) de cumplimiento.

–Los casos de Honduras y Paraguay han mostrado las facetas más reaccionarias de lo que, por momentos, se convirtió en principio de acción de las oposiciones políticas a los gobiernos progresistas: la “parlamentarización” de su comportamiento, esto es, encontrar en el Parlamento el instrumento decisivo de alteración del orden; ¿en algún momento hubo una situación política semejante durante estos años en Ecuador?

–A grandes rasgos, no puede decirse que en Ecuador hayan ocurrido hechos similares. Pero hay algo que tiene que quedar en claro: el 30 de septiembre de 2010 se puso en riesgo la estabilidad democrática del Ecuador. Hubo una conspiración, y hubo conspiradores. Según evidencias contundentes recopiladas días después del 30S se confirmaron: el bloqueo de las actividades de la Asamblea Nacional, el intento de toma de medios de comunicación públicos y la destrucción de sus instalaciones. En particular, ese día hubo ataques de policías sublevados contra asambleístas, todo lo cual evidencia de manera contundente que la insurrección buscaba acabar no sólo con el mandato y la vida del presidente Rafael Correa, sino también con el conjunto de entidades del sistema democrático del país, también la Asamblea Nacional. Para justificar el intento de golpe de Estado se tomó como pretexto una supuesta eliminación de beneficios para militares y policías, a través de la Ley de Servicio Público, que había sido objetada parcialmente por el Ejecutivo, frente a la cual no hubo los votos necesarios para ratificar el texto aprobado por la Asamblea, cuando de ninguna manera esa norma causaba perjuicio alguno a este sector de la población. La mal llamada “oposición” política, en lugar de defender la vida democrática, alentó a los golpistas y horas más tarde, frente a la reacción del pueblo y el fracaso del golpismo, planteó un proyecto de resolución para otorgar una amnistía a todos los golpistas involucrados en la revuelta. En este específico sentido puede decirse que hubo un acompañamiento parlamentarista, pero parcial, circunscripto a esta acción posterior. Pero utilizaron la investidura, eso es evidente.

–Respecto de los momentos de inestabilidad política del gobierno durante estos años y como presidente de la Asamblea Nacional, ¿cuál fue su reacción frente al 30S?

–El 29 de septiembre en la noche yo había salido de Ecuador rumbo a España. Al salir había el rumor de que el presidente decretaría la “disolución” de la Asamblea Nacional por la cuestión del veto a la ley de Servicios Públicos. Al llegar a Madrid y tratar de recabar información sobre el mencionado rumor, nuestra sorpresa fue grande: nada de ello había ocurrido. Pero sí nos enteramos de que ese día, el 30 de septiembre de 2010, un sector insubordinado de la policía, con apoyo de algunos políticos de la mal llamada oposición, intentaban dar un golpe de Estado

Desde España, denuncié ante la comunidad internacional este intento de golpe de Estado que estuvo a punto de romper el orden democrático, ratifiqué el compromiso de defender el mandato del presidente Rafael Correa, las instituciones y llamé a salir a las calles a defender la democracia y la Revolución Ciudadana. Realmente fueron momentos de tensa angustia y desconcierto los que vivimos en España con Virgilio Hernández, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralización de la Asamblea Nacional, que me acompañaba en ese viaje. Inmediatamente pretendimos retornar a Ecuador, pero al conocer la actitud valerosa del pueblo y del rescate del presidente constitucional decidimos continuar viaje a Ginebra y poner en conocimiento de la Unión Interparlamentaria el intento de golpe de Estado que se vivía en Ecuador. En efecto, así ocurrió, y primero el Grulac y luego la 125 Asamblea de la UIP condenaron el intento de golpe de Estado y se pronunciaron a favor de la democracia ecuatoriana y su presidente.

–A su regreso a Ecuador, usted y otros parlamentarios presentaron una denuncia ante la Justicia.

–Ya de regreso, y una vez que me informé documentadamente de los hechos, acompañado por un importante número de legisladores de la bancada de Alianza PAIS, así como de centenares de ciudadanas y ciudadanos de distintas provincias del Ecuador, concurrí a la Fiscalía General para entregar al titular de este organismo, Galo Chiriboga, una serie de documentos para que se investigaran los hechos ocurridos el 30 de septiembre, sobre todo los ocurridos en el interior de la sede legislativa. Las agresiones que sufrieron varios asambleístas ese día, cuando se les impidió ingresar, no tenían absolutamente nada que ver con el presunto descontento que, decían, habría originado la revuelta policial. Aportamos pruebas. Entre los documentos constaban varios correos electrónicos emitidos desde las cuentas de determinados asambleístas con contenidos que la Fiscalía sabrá valorar; discursos que podrían ser metáforas –ojalá sean solo eso, y no una especie de proclamas que están yendo más allá de una mera falta de coincidencia con quien dirige el gobierno nacional–. Siempre insisto en este asunto: si quieren hacer oposición, bienvenido sea, pero conspirar en nombre de la oposición, eso no se puede aceptar. En varias ocasiones hemos dicho que observamos muchas falencias en la investigación de los hechos del 30 de septiembre. Es evidente que el sistema penal no tiene evidencias de lo que realmente ocurrió; no se investigó adecuadamente, sólo se tomaron algunas versiones y se hizo muy poco trabajo en materia de criminalística. Sobre esas falencias hay que esperar que se corrijan las actuaciones que consideramos inadecuadas e incompletas.

–En comparación con las oposiciones parlamentarias en otros países latinoamericanos, ¿qué caracterización haría de la oposición política al gobierno de Correa? Tendencialmente, ¿van hacia un principio de unidad, como en Venezuela, o permanecerán atomizadas?

–Permanecen atomizadas, como se demuestra en las actuales elecciones. Pero hay algo más: no se trata de una oposición política, de una oposición ideológica, en términos de proyectos políticos como, quizá, pueda verificarse en otros países latinoamericanos. A decir verdad, pareciera más bien una apenas mal organizada actitud de obstrucción a los cambios propuestos por la Revolución Ciudadana.

–Sea en foros internacionales o incluso en debates académicos, la noción del “Buen Vivir” va progresivamente ganando espacio como “referencia conceptual” respecto del proceso político en Ecuador. ¿Qué significaría, en pocas palabras, el “Buen Vivir” desde la perspectiva de la Revolución Ciudadana?

–El “Buen Vivir” es la doctrina de la Revolución Ciudadana y muchos de sus principios han sido consagrados en la Constitución nacional, aprobada en 2008. Todas las grandes transformaciones que hemos impulsado tanto desde el Poder Ejecutivo como desde la Asamblea Nacional se han hecho bajo la inspiración del “Buen Vivir”. Es muy importante que un proyecto político tenga su inspiración, su espíritu. Se trata del tipo de comunidad en la que queremos vivir, el tipo de construcción colectiva, justa, equitativa, democrática, pacífica, que tienda a descentralizar las instancias del poder, gestionarlas desconcentradamente y, en esto quizá seamos una referencia los ecuatorianos, respetar los derechos de la naturaleza. La Asamblea Nacional, las leyes aprobadas, han precisamente intentado “aterrizar” esta visión conceptual, para posibilitar, en términos generales, un “crecimiento con fines” en lugar del salvaje y voraz “crecimiento sin fin” que propicia el capitalismo. Tiene que ver con el tipo de solidaridad que propiciamos con nuestro entorno, con nuestro medio, y qué tipo de individuo queremos tener en la sociedad. En este contexto histórico de la humanidad, es fundamental garantizar derechos que aseguren una vida digna, libre y autodeterminada. Eliminar y sancionar toda forma de abuso, discriminación y factores de violencia social. Hay que intentar hacerlo comenzando por los sectores más abandonados, los más desprotegidos. Habría muchas leyes para mencionar en relación con esta perspectiva pero destaco una, por ejemplo, la Ley Orgánica de Discapacidades, que es emblemática y realmente un gran avance, sobre todo si la comparamos con otros países, en términos de igualdad.

–Respecto del Programa de Gobierno de Alianza PAIS para estas elecciones, ¿cuáles serían los principales objetivos y metas que se proyectan para los próximos años y que antes no habían sido consideradas? Siendo que prácticamente todos los indicadores macroeconómicos y sociales han sido favorables y en expansión, ¿qué nuevos problemas han surgido, incluso como efectos no deseados o inesperados?

–Nuestro desafío fundamental es lograr la universalización de los derechos y su transformación en igualdad de oportunidades. Aprovechar nuestras capacidades para que todos y cada uno de los ecuatorianos tengamos un permanente y progresivo mejoramiento de nuestras condiciones materiales y espirituales de vida. En ese sentido, la importancia está, también, en la construcción del Estado, del tipo de Estado, del tipo de burocracia estatal, para que ésta tenga la capacidad de gobernar y modificar las líneas centrales de la dominación capitalista. Lo que decimos tiene que ver con generar una acción colectiva desde el Estado, cuestión que requiere de la constante organización cooperativa de la sociedad, para lograr enfrentar el dominio de los poderes fácticos y de los particulares intereses de los más poderosos. Pese a que se trata de un momento de transición sostenemos, de modo radical, la importancia de que la supremacía del trabajo humano sobre el capital es innegociable. Nuestra gente y su capacidad de trabajo no pueden ser vistas como un factor más de la producción sino como el fin mismo de la producción y la base para el despliegue de nuestros talentos. Esto se consolida con una transformación del Estado, de las instituciones, debemos continuar esa transformación. Sobre este aspecto, y en relación al trabajo de la Asamblea Nacional, deberá darse continuidad, por ejemplo, a la consolidación de la autonomía de los gobiernos provinciales, municipales y parroquiales, que hoy ya cuentan con recursos para atender las necesidades de sus circunscripciones territoriales; en concreto, hay que profundizar y desarrollar el concepto de competencias exclusivas y competencias concurrentes a fin de radicalizar la descentralización y acelerar la desconcentración. En otro orden, hay que ampliar el actual concepto de colegislación, para poder llegar a una verdadera colegislación permanente con la ciudadanía, y que no sea una imposición vertical de leyes y normas de toda índole, como nos tenía acostumbrados la partidocracia. Hay varios desafíos, la Asamblea Nacional tiene bastante tarea por delante.

–¿Cuál es la relación de un presidente de la república como Rafael Correa con el presidente de la Asamblea Nacional?

–Una de los mayores esfuerzos que hemos realizado consciente y comprometidamente desde las dos funciones del Estado ha sido la actuación planificada y coordinada para conseguir el mayor cambio posible en forma eficaz y eficiente. En ese sentido, hemos generado un debate –que lo continuamos estos días en campaña– sobre la supuesta teoría de “pesos” y “contrapesos” que supuestamente “exige” la democracia. Nosotros creemos que hay un solo poder y ése radica soberanamente en el pueblo. El Estado para el cumplimiento de sus fines se divide en funciones; son eso, son funciones, que deben ser elegidas soberanamente. La partidocracia está acostumbrada a los pactos de toda índole y “al reparto” de las competencias del Estado, discrecionalmente. Son ellos los que siempre han intentado traspasar las fronteras de manera arbitraria; lo sigue planteando hoy en día, confundiendo a la ciudadanía. Frente a la falta de legitimidad y popularidad de sus liderazgos nos hablan hoy del “peligro de la acumulación de poder” en una de las funciones del Estado, en el Ejecutivo. Buscan construir al Legislativo como el único espacio legítimo cuando, en realidad, por la propia Constitución y por la dinámica del proceso político en Ecuador nunca han estado tan claras las competencias exclusivas y excluyentes de ambos poderes, al mismo tiempo de la necesidad y la obligación de actuar coordinadamente.

No se puede llegar a un nuevo país con los paradigmas y herramientas del viejo país. Hay un nuevo proceso institucional en Ecuador, una dinámica política que ha estabilizado al sistema político en su conjunto, al margen de ciertos episodios, como señalé. Desde este punto de vista, hay una nueva época democrática en el país. Sin embargo esto no invalida la necesidad de tener que establecer nuevos –y profundizar los existentes– mecanismos de control político y fiscalización, para mejorar la transparencia de los procesos de gobierno y la eliminación de todo resquicio de corrupción.

–¿Cómo quedará el panorama político post 17 de febrero?

–Aspiro a un triunfo contundente del presidente Rafael Correa en la primera vuelta, como una demostración de la confianza de los ecuatorianos a nuestro proyecto político de la Revolución Ciudadana. En lo que respecta a la Asamblea Nacional, espero que el pueblo ecuatoriano, superando la desinformación y la “presión” mediática, resuelva hacer en forma directa su propia mayoría legislativa. Creo que en varios aspectos el panorama futuro depende de cómo quede proporcionada la Asamblea Nacional. Ojalá que el pueblo no delegue a un conjunto de movimientos y partidos inconsistentes la tarea de “formar” una mayoría legislativa que haga de un supuesto “contrapeso” a su propia decisión de ratificar su confianza en el presidente. El proceso de cambio requiere de una actuación leal y coordinada desde las dos funciones del Estado que son elegidas en forma directa y democrática por el pueblo ecuatoriano. Sinceramente espero que la Revolución Ciudadana en forma coherente consiga la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional para consolidar y radicalizar los cambios y acelerar el proceso de eliminación de la pobreza y las inequidades.

* Amílcar Salas Oroño es doctor en Ciencias Sociales, Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (UBA, y miembro de CEPS), Alfredo Serrano Mancilla es doctor en Economía, director América Latina CEPS.