Desde Asunción, Paraguay

–Aquí todavía se discute si lo que sucedió en Paraguay el 22 de junio fue un golpe o no. No fue uno tradicional, como los de los militares. ¿Cómo se percibe en la sociedad paraguaya?

–La sociedad paraguaya está hoy polarizada y eso será evidente en las próximas elecciones de abril. Una parte conservadora de la población defiende lo que para mí fue claramente un golpe parlamentario contra la joven democracia paraguaya. Otro sector democrático está indignado y molesto y exige las aclaraciones correspondientes, especialmente sobre lo que se constituyó en lo más doloroso para la democracia, como la matanza de campesinos y policías en Curuguaty, en el momento de un desalojo de tierras. Fue el hecho que desencadenó el juicio político. Hasta la fecha, el gobierno golpista de Federico Franco, quien fue vicepresidente de Fernando Lugo, a pesar de ser esa tragedia el tema acusatorio más importante en contra del presidente Lugo, lleva una investigación imprecisa, poco clara, hasta pareciera tendenciosa. Se evita tocar aspectos que han sido colocados en investigaciones paralelas por la sociedad civil y que demuestran contradicciones en el informe de la fiscalía. Todo hace presumir que esto realmente fue un montaje para llegar a la destitución del presidente Lugo. Pero no hay que olvidar que Lugo enfrentó en 23 oportunidades acusaciones de parte del Parlamento en favor de un juicio político. A un año de su asunción, el Parlamento ya había empezado a tocar el juicio político como una alternativa política. Estaban buscando pretextos y condiciones políticas favorables para implementarlo. Los votos decisivos los tenía el Partido Colorado, quien hábilmente manipuló al Partido Liberal Radical Auténtico de acuerdo con sus conveniencias electorales. Esto venía desde hace mucho tiempo.

–¿Podría ponerle fecha a ese “mucho tiempo”?

–A partir del primer año de gobierno se empezó a hablar de juicio político en el Paraguay. Y en 23 ocasiones el Parlamento lo tocó oficialmente, y eso se puede constatar en las actas del Parlamento. El senador liberal Alfredo Luis Jaeggli Caballero dijo con honestidad por los medios que la conspiración era anterior inclusive y que el plan preveía darle el golpe a Lugo a los seis meses de su gobierno.

–¿Qué acción legal se podría haber tomado contra la decisión del Congreso? El Parlamento constituido en corte no se puede apelar, entiendo. ¿Se podría haber llevado la causa a una corte interamericana? Desde la nueva Constitución de 1992, ¿qué recursos internos tendría un gobierno objetado para insistir en su gestión?

–Se presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia que fue rechazada. Este fallo, por las argumentaciones presentadas, trae consecuencias significativas en el orden jurídico y político de nuestro país, más allá de los efectos particulares en el caso de Fernando Lugo.

–¿Pero eso era porque se sentía que la Corte ya estaba alineada con la oposición, o se puede pensar que la Corte podría tomar una decisión independiente?

–La Justicia en Paraguay no es independiente. La Justicia paraguaya responde a los intereses de la oligarquía, no sólo en el caso del golpe, sino en los negocios, situaciones ligadas a la mafia, ligada a la irregularidad. La Justicia, con excepciones, no es ni pronta ni justa, ni barata ni independiente.

–Tiene que haber entonces mecanismos extraterritoriales que puedan entender en casos como éste.

–Hubo una respuesta internacional ante la situación de Paraguay porque fue muy parecida a lo que sucedió en Honduras. Hay que recordar que Ecuador tuvo también un intento de golpe, también Bolivia hace tres años, donde intervino Unasur. En la región, ya no son viables los golpes a través de los ejércitos, organizados y ligados a algún sector civil. Hoy los golpes son organizados de manera más sofisticada porque vienen con una mayor apariencia de legalidad. Son más difíciles de ser enfrentados por la ciudadanía porque la confunde esa aparente legalidad y se está mejorando sutilmente. Existe el riesgo de que otras democracias puedan en el futuro pasar por una situación similar. Los países de Unasur se han puesto firmes para que estas aventuras, o juicios express como se las ha llamado, no se vuelvan a repetir, que no sea un nuevo sistema de ruptura de los modelos democráticos en América latina. Se ha cambiado el rostro político de la región en las últimas décadas y hoy se defiende colectivamente sus intereses ante el imperio. Para nosotros es claro que esto es un tema político, no legal, y hay que pelearlo dentro y fuera del país.

–¿Cuáles fueron las últimas manifestaciones que les llegaron de Unasur? Parece haber una diversidad de interpretaciones de la posición de Unasur.

–Unasur dice que no bastan las elecciones para garantizar que el Paraguay haya vuelto al sistema democrático. Exige claridad en las investigaciones de los hechos de Curuguaty y garantías para unas elecciones transparentes. La OEA, al finalizar las elecciones de 2008, dejó al Tribunal de Justicia Electoral un memorándum de acciones que se deberían tomar para mejorar y garantizar la transparencia del proceso electoral y ninguna de esas medidas han sido tomadas a la fecha. El tribunal de justicia electoral fue el primero en reconocer al gobierno golpista, está integrado por los partidos golpistas que tienen presencia parlamentaria. En estos meses electorales no ha aplicado ninguna medida contra los dos partidos tradicionales que transgreden las leyes electorales haciendo propaganda política masiva y costosa. La ciudadanía democrática no tiene manera de controlar el proceso eleccionario y tiene temor al fraude electoral.

–Estamos hablando de los tradicionales partidos Colorado y Liberal, pero ¿cuáles más tienen esta presencia a la que usted se refiere?

–Son cinco partidos golpistas. El Partido Colorado, el Partido Liberal Radical Auténtico, el partido Patria Querida, el Partido Democrático Progresista y el partido Unace (del general Lino Oviedo).

–¿Patria Querida no estuvo con ustedes en las elecciones hace cinco años?

–En el momento de las elecciones no estuvieron con nosotros, presentaron candidatura propia. La confusión puede venir con el Partido Democrático Progresista, al cual pertenece el ex ministro del Interior Rafael Filizzola, actual aliado político del Partido Liberal y candidato a vicepresidente. El sí integraba la coalición de fuerzas que apoyaba al presidente Lugo. Fue su ministro por más de dos años y medio y fue destituido por el presidente Lugo. Luego se convirtió en uno de sus principales opositores.

–La fragmentación de la ciudadanía permitió una especie de piedra libre para una montonada de versiones de desprestigio sobre la gestión y la persona de Lugo.

–Hubo un contrato social después de la caída de la dictadura (1989). Con la nueva Constitución de 1992 las fuerzas políticas habían aceptado el juego de la democracia y las elecciones como un mecanismo de recambio que simplemente cambiaba personas dentro del mismo Partido Colorado. Por lo tanto nunca se dio realmente una alternancia política en el gobierno de Paraguay. El Partido Colorado gobernó sesenta años, de los cuales treinta y cinco fueron de dictadura militar, y el período de transición política no fue más que un pase de mando y de poder entre los amigos de siempre. Con Fernando Lugo se logra un quiebre en esa hegemonía del Partido Colorado y se inicia la primera alternancia política. Pero el gobierno Lugo también avanza en temas de protección social y pone en la agenda política algunos problemas estructurales de la sociedad paraguaya, como el modelo económico concentrador de la tierra y las riquezas en muy pocas familias (una de las mayores del mundo). La desigualdad social es insultante e inmoral; así como también el caso de las tierras mal habidas, el rechazo del ingreso de las semillas transgénicas; el debate sobre el ingreso de la multinacional Río Tinto-Alcan, que industrializa el aluminio y que consumiría una turbina y media de Itaipú para su funcionamiento. Esa corporación tiene serias denuncias internacionales de contaminación del ambiente en varios países. Por lo tanto, Fernando Lugo empezó a molestar a la oligarquía y sus negocios.

–Usted me está diciendo que la corrupción que se alega a viva voz es una serie de acciones instaladas y corruptas...

–Mire, unas semanas antes del juicio político el presidente Lugo había rechazado una ley en la cual la partidocracia conservadora se había autoasignado en el Parlamento 50 millones de dólares para operadores políticos dentro del Tribunal de Justicia Electoral, con vistas a las elecciones de 2013. Eso generó una movilización ciudadana espontánea muy importante en Asunción, principalmente de jóvenes, y obligó en su momento al Parlamento a aceptar el veto presidencial. Había una serie de elementos que comenzaron a molestar a la oligarquía porque tocaban sus negocios, sus intereses políticos. Un gobierno que parecía una alternancia política comenzaba a convertirse en el posicionamiento de un nuevo proyecto político con una mirada ideológica diferente y enfrentando los problemas tradicionales del Paraguay. Lugo comienza a ser una amenaza y su gobierno es mirado como peligroso por la oligarquía. Fernando Lugo ha sido el presidente más criticado por los medios de prensa comerciales desde el inicio de su gestión. Tuvimos unos cuatro meses de primavera de convivencia pacífica y después se desató una campaña despiadada de terrorismo mediático. No hubo un presidente hasta hoy que haya tenido una campaña de ataque de esta intensidad. No hubo un solo día que dejara de ocupar espacio en los medios de comunicación y eso sigue hasta hoy.

–Vi que hasta los medios cuestionaban el alquiler de esta oficina central de Frente Guazú en veinte millones de guaraníes por mes...

–Nadie niega los errores cometidos por el gobierno y por la persona, pero el nivel de las acusaciones es sorprendente. Si usted mira los últimos seis meses, ninguno de los candidatos a presidente tanto de los partidos Colorado como Liberal, Patria Querida y Unace, ninguno recibe el ataque despiadado que le es dirigido a Fernando Lugo. Sigue siendo el líder con mayor arraigo popular en el Paraguay. Si usted mira Latin Barómetro, cuando asumió el presidente anterior, Nicanor Duarte Frutos, tenía una aceptación ciudadana del 50 por ciento y terminó con el 10 por ciento. Fernando Lugo comenzó con el 86 por ciento y dos meses después del golpe tenía 50 por ciento de popularidad: lo que Duarte Frutos tenía al inicio de su gestión. Esta campaña tendenciosa sobre su persona, sobre sus acciones, sobre su gobierno y sobre los que integramos su gobierno es un intento de desprestigiar al presidente Lugo y bajar su popularidad mediante la ridiculización y el comentario humillante. Esto es señal de temor político porque Fernando Lugo será senador y con su apoyo Aníbal Carrillo Iramain y Luis Aguayo serán los próximos presidente y vicepresidente del Paraguay.

–Usted me dice que las inferencias personales, estos libelos...

–Tomemos el libelo acusatorio del juicio político. Se lo acusó de nombrar a tres o cuatro familiares en el gobierno, en un país donde el clientelismo político es un mal endémico de más de cien años. El actual presidente Federico Franco y su señora han sido acusados de llenar los cargos públicos con sus familiares y correligionarios, pero eso no pasa de un comentario más. Se habla de corrupción durante el gobierno de Lugo, sin embargo él vive en la misma casa, de manera modesta, comparado a otros ex presidentes. Federico Franco no pudo demostrar a la ciudadanía cómo ganó un millón de dólares en cuatro años cuando su salario no superaba los cinco mil dólares. La fiesta de casamiento de su hijo se estima haber costado como 400 a 500 mil dólares. ¿De dónde sale el dinero? Pero sobre eso no se hace cuestión. Las acusaciones son hasta ingenuas. Ninguna de ellas justifica romper con un modelo democrático, romper con el voto de casi 700 mil paraguayos diez meses antes de las elecciones generales. El Paraguay tuvo un crecimiento de 15,3 por ciento en 2010, el más alto en toda su historia. Tenía cifras macroeconómicas excelentes, implementó programas sociales con resultados evidentes, como es el caso de salud. Eso lo puedo decir con autoridad: entre 2008 y 2011 logramos que un millón más de paraguayos pudiera acceder a la atención médica a través de la estrategia de la gratuidad de los servicios públicos en lugares donde antes nunca hubo médicos ni atención. Los servicios de terapia intensiva se mejoraron en un trescientos por ciento. Se iniciaron procesos de trasplante que estaban parados en el Paraguay desde hace varios años. Iniciamos el crecimiento de los hospitales.

–¿Por qué estaban parados?

–No se implementaban, estaban los recursos, pero los hospitales no estaban habilitados para operar, faltaba la infraestructura. Tuvimos que recorrer una primera etapa con el sector privado y luego con el sector público después del reequipamiento de los grandes hospitales. Bajamos índices de mortalidad infantil, de mortalidad materna. Con el gabinete social coordinando todos los ministerios, se intervino articuladamente sobre la pobreza. El programa de subsidios de entregas condicionadas para superar la extrema pobreza, que durante los cinco años del gobierno anterior benefició a 13.000 familias, durante el gobierno Lugo llegó a más de cien mil familias. También se incrementaron los programas de acceso al agua potable, aporte nutricional, por citar algunos.

–Eso se hizo en el circuito urbano y suburbano. ¿Qué pasaba más allá? Un aspecto que me cuentan en algunas ciudades, o pueblos, como ser Guarambaré, donde necesitaba hacer una consulta un primo, es que no había medicamentos.

–Más en las zonas rurales y también en las zonas urbano-marginales. La implementación de la gratuidad ha tenido boicot y duras críticas de sectores de trabajadores y políticos. La gratuidad no sólo ha sido una medida para mejorar el acceso financiero de las familias al sistema de salud. También combatió la corrupción instalada entre los trabajadores de la salud, que cobraban aranceles particulares a los pacientes para cubrir los bajos salarios. Influyó en el modelo político clientelar que usaba los servicios públicos para sus afiliados políticos como un sistema de coerción. “Si votás por mí te consigo la ambulancia, los medicamentos, la internación.” Nosotros instalamos el concepto de derecho a la salud para todos. La gente puede ir a los hospitales sin pedirle favor a nadie. Que los recursos son insuficientes también es real. Necesitamos un largo período de inversión de recursos en salud.

–Cosas como el alcantarillado y eso son obras públicas. Pero en la atención se ha utilizado lo que nosotros llamamos las “salitas” de barrio, ¿o cuál ha sido el sistema?

–Paraguay encaró por primera vez la atención primaria de salud con los Equipos de Salud de la Familia (ESF). No existían. Hasta el 2011 instalamos 704 equipos cada uno con una población adscripta entre cuatro y cinco mil personas. La idea era llegar a la universalización, al ciento por ciento de los equipos de familia, para cuando terminara el gobierno. En el presupuesto 2012 el Parlamento recortó la inclusión de los 200 nuevos equipos de familia. La población cubierta hoy es de cerca de 3.500.000 paraguayos.

–¿Tenían el personal médico para cubrir esta red?

–Algunos médicos fueron reubicados dentro de la red del Ministerio de Salud, otros fueron contratados. El ciento por ciento de los equipos accedió por concurso público para garantizar que la selección tuviera características técnicas y no políticas. Eso fue para no repetir el clientelismo político, un tema cultural en el país.

–En algún momento se acusó a Lugo de traer médicos de Cuba.

–Paraguay tiene, desde hace dos gobiernos colorados anteriores, acuerdos con Cuba tanto para la formación de médicos en la isla como la presencia de misiones de médicos cubanos en el Paraguay. Son unos cien médicos por año que venían al Paraguay desde hacía ocho a diez años.

–¿Por qué se concentró el alegato de que los habría traído Lugo?

–Siempre los medios han instalado la idea de que el modelo de atención en salud es cubano, que el gobierno de Fernando Lugo era chavista, un gobierno del socialismo del siglo XXI, aliado con Ecuador y con Bolivia, todo rodeado de adjetivos de descalificación, como si “fuéramos satánicos”. Todo lo que signifique izquierda, zurdo, progresismo es satanizado por los medios comerciales.

–Me gusta “satanizado” (risas). Es un extremo casi teatral.

–Es tendencioso, es una acción que ha tratado de instalar temor en la población. Al preguntarle a alguien, ¿qué es el chavismo?, ¿por qué le tiene temor?, probablemente nueve de cada diez paraguayos no sepa responder a qué le tiene miedo. Peor que en la época de la dictadura (1954-1989). Cuando estaba Alfredo Stroessner la sola mención o acusación de ser parte del comunismo, socialismo, izquierda o cualquier otro término similar, era razón para terminar preso, torturado, exiliado, muerto o desaparecido. Hoy no se atreven a llegar a ese nivel de violencia social, pero sí hay una fuerte estigmatización en las redes sociales, en las referencias a “los zurditos” o “los sucios”, “los homosexuales”, la “izquierda degenerada”. Hay una serie de calificativos que son parte de una campaña mediática para instalar y enfatizar la polarización.

–Hablemos un poco de la política de tierras. En Paraguay la concentración de la tierra es una de las mayores en América latina. ¿Les metieron miedo a los dueños de la tierra que son, por extensión, los dueños del poder?

–Uno de los aspectos principales de la propuesta de Lugo fue el tema de la reforma agraria. En esto no se ha avanzado mucho. La concentración de la propiedad de la tierra en manos de un pequeño grupo oligárquico está instalada. Esto desde el término de la guerra de la Triple Alianza (1865-1870). Ahí se produce una masiva venta de tierras a capitales extranjeros que iniciaron un proceso latifundista. En el problema de la concentración de la tierra en Paraguay interviene no sólo el Poder Ejecutivo sino el Parlamento y el Poder Judicial. Hay un tema pendiente con las tierras mal habidas, generadas durante la dictadura stronista. El Parlamento y el Poder Judicial nunca apoyaron al gobierno de Fernando Lugo. Por lo tanto la investigación sobre las tierras mal habidas, la compra de tierras para el sector campesino y para poblaciones indígenas no fue muchas veces apoyada por el Parlamento. Por nuestra parte, la acción del gobierno no fue lo suficientemente firme, ni sostenida.

–Paraguay es uno de los pocos países bilingües en la región. Ahora se escucha cada vez más el guaraní. Sostener esa doble identidad en cierto grado comenzó luego de la caída de Alfredo Stroessner en 1989. ¿Ustedes tienen enfatizada esta doble cultura?

–Estamos consolidando la recuperación del guaraní como lengua madre. Mucho tiempo estuvo proscripto y la clase media y alta rechazaba el uso del guaraní. Cuando yo era niña, se usaba la frase “¡no seas guarango!” como manera de demostrar que el “guaraní” era una forma social inaceptable, era decir que alguien que hablaba guaraní era mal educado, “guarango”, utilizando este término bien castizo del español por su afinidad fonética con aquél y por su significado. Hoy el guaraní es una de las dos lenguas nacionales y oficiales del país según la nueva Constitución Nacional, y se ha introducido como materia de estudio en los colegios. La enseñanza bilingüe comienza en la primaria y abarca la secundaria, eso viene de hace tiempo. Durante el gobierno de Lugo el ministro de Cultura, “Ticio” (Luis Manuel) Escobar (Argaña), un gran defensor de la cultura indígena y nacional, dio un énfasis a los valores culturales de la identidad. Nos tocó en el 2011 el bicentenario de la independencia; por lo tanto, hubo una alta movilización social, en la cultura, y una recuperación de la identidad campesina y guaraní. Hoy se escucha rock en guaraní a través de grupos juveniles. Se comienza a revalorizar eso y así entra en el uso de los chicos de clase media y alta. Antes lo rechazaban. En las áreas rurales es casi imposible moverse o convivir sin hablarlo, porque es el idioma cotidiano.

–¿En cuánto se estima el volumen de las remesas desde el exterior de la población exiliada económicamente?

–Se estima en aproximadamente 220.000 migrantes recientes, quienes remesan dinero anualmente a cerca de 370.000 familiares radicados en el Paraguay, en un monto variable cuyo promedio se estima en 700 millones de dólares. Se calcula que el promedio de envíos por persona es de 300 dólares mensuales.