–¿Porqué decide trabajar cuestiones ligadas al “gobierno abierto”?

–En los últimos tiempos he trabajado cuestiones sobre democracia deliberativa y participación ciudadana. Justamente a partir de este proyecto de auditoría ciudadana que llevó a cabo el Gobierno y que yo tuve oportunidad de evaluar para Naciones Unidas, de pronto me encuentro con la iniciativa del “gobierno abierto”, casi de casualidad. Me di cuenta entonces de que había un abismo entre toda la literatura que yo manejo en materia de gestión pública, toda la literatura que viene del lado de la participación ciudadana que es muy distinta y en tercer lugar una corriente que viene del lado de las Tecnologías de la Información y del Conocimiento (TIC). En la medida que “gobierno abierto” implica una interacción entre la gestión pública, la participación ciudadana intermediada por las TIC, encontré una desarticulación entre tres literaturas que están confluyendo. Me interesó trabajar los supuestos de los cuales surge el “gobierno abierto”.

–¿Cómo define “gobierno abierto”?

–Hay distintas interpretaciones sobre lo que es “gobierno abierto”. Yo en realidad hablaría de “Estado abierto”, porque lo que ocurre es que el término originariamente fue propuesto por el presidente Obama, cuando declara el “Open goverment”, cuando asume su primer mandato. Y lo que ocurre es que el término Estado en Estados Unidos, refiere a las unidades subnacionales, a los estados. Pero no equivale a la idea de Estado como la entendemos en Argentina, o en Europa. En Estados Unidos se habla de “Government”, se habla de gobierno. De ahí que quedó “gobierno abierto”, pero yo me pregunto ¿Por qué no abrir los demás poderes del Estado? Incluso todo el sector paraestatal, incluso las Organizaciones No Gubernamentales, u organizaciones reconocidas por el Estado, o empresas en las que el Estado tenga participación accionaria. Es decir, tanto en la Legislatura (de hecho hay un proyecto del Congreso nacional, de “Congreso abierto”) como el Poder Judicial deben ser poderes abiertos. En la medida en que cualquier organización social y los ciudadanos en general podrían requerir la información. Entonces me parece limitado hablar de “gobierno abierto”. Pero en todo caso el “gobierno abierto” implica la posibilidad de que los ciudadanos adquieran nuevos roles en su relación con el Estado. En lugar de ser usuarios de servicios del Estado, o de algunos programas gubernamentales, puedan actuar en un triple rol: primero en el proceso de definición de políticas públicas, en segundo lugar en la coproducción de bienes y servicios junto con el Estado y en tercer lugar como monitores o evaluadores de la gestión pública. Esto se ve habilitado a través de las tecnologías, sobre todo de la web 2.0, que hoy permiten una relación fluida de comunicación entre el Estado y la ciudadanía.

–¿Considera que el “gobierno abierto” debe ser impulsado desde el Estado o desde la ciudadanía?

–Considero que tanto el Estado como la ciudadanía pueden impulsarlo. Desde el Estado los países de América latina han firmado acuerdos sobre participación ciudadana. Donde se comprometen a impulsar desde el Estado el desarrollo de iniciativas que no solamente promuevan la participación ciudadana, sino que además la promuevan en los sectores vulnerables de la sociedad. Es decir, es una responsabilidad del Estado, pero al mismo tiempo con este tipo de iniciativas corre el peligro de que exista algún tipo de manipulación política. Ha ocurrido en algunos casos incluso a través de gobiernos militares, como en el caso de Perú con el Sinamos, que fue un proyecto de Velasco Alvarado de movilización popular, pero claramente manipulado desde el Estado. Pero en la medida en que sea genuino creo que es legítimo que el Estado promueva formas de participación ciudadana. Naturalmente las organizaciones ciudadanas también tienen no solamente la posibilidad sino también la responsabilidad, o casi el deber, de promover esa participación. Lo que ocurre es que la gente no participa fácilmente. Es interesante que estas instancias inciten a la participación.

–¿Cómo es posible impulsar la participación?

–Hace algunos años hubo una campaña en Francia para que el gobierno introdujera una serie de reformas a la gestión pública. La campaña se hizo bajo el lema “Faites aboutir une idée” es decir, haga que una idea se concrete. Se recibieron 500.000 propuestas que se depositaban en buzones. Eso se procesó y se implementaron algo así como 2500 ideas. Es difícil pensar que cada ciudadano puede interactuar con cada funcionario público. Entonces se supone que son organizaciones sociales las que actúan de hecho. No es fácil la participación. En la democracia Griega, habían 35 o 37 mil ciudadanos que iban a la plaza a debatir, pero esto era posible gracias al trabajo de los esclavos que ellos tenían. Así es fácil que funcione una democracia. En este momento estoy trabajando en un libro a partir de encuestas que ha hecho el gobierno nacional, donde figura que el 90 por ciento o más están totalmente a favor de la participación, pero los que participan efectivamente son muy pocos. Y cuando señalan las organizaciones en las que participan, un 50 por ciento participa en la Iglesia y en otro porcentaje muy alto en cooperativas escolares, es decir, hay poca gente que participa en partidos políticos. Por otro lado cuando se le pregunta a la gente porqué no participa, hay múltiples respuestas: la mayoría va en la dirección de que no tienen tiempo, otros dicen que tienen que trabajar y lo consideran una pérdida de tiempo, etc. Esa es una respuesta típica de los ciudadanos. Para avanzar en este terreno va a haber que hacer un esfuerzo enorme del lado del Estado como del lado de la sociedad. Se va a avanzar poco a poco, es un problema de instalación de una nueva cultura. La tecnología abre una gran posibilidad.

–¿Qué posibilidades abriría una ley de libre acceso a la información pública?

–Nosotros tenemos un decreto que firmó el presidente Kirchner en 2004, por el cual el poder ejecutivo declara la apertura de la información por parte del Estado y el derecho de cualquier ciudadano a acceder a cualquier tipo de información con algunas restricciones. No solamente eso, sino que fija condiciones muy severas respecto del plazo, por ejemplo, que tienen los representantes del Estado a los que se les solicita información para responder a las consultas de los ciudadanos o de las organizaciones sociales. Solamente en caso de que sea información reservada por cuestiones estratégicas o si se trata de información que hace a la intimidad de las personas, en ese caso la información puede negarse. Pero incluso hay formas de apelación si se considera que la información debe ser pública. Eso ha dado lugar a reclamos de organizaciones sociales que han solicitado determinados tipos de información.

–¿El “gobierno abierto” puede realmente fortalecer las instituciones de manera que los gobiernos sucesivos no vulneren los fundamentos del Estado?

–Una cosa es lo que “gobierno abierto” se propone. Otra cosa es lo que supone que deben ser las transformaciones en la sociedad y en el Estado. Voy a ponerlo de la siguiente manera: por una parte tenemos una serie de restricciones desde el punto de vista del funcionamiento del Estado, hay una modalidad de organización del Estado, hay una cierta cultura, etc. Una de las características típicas del funcionamiento del Estado es el secreto. Esto determina que ningún funcionario esté demasiado dispuesto a que su gestión sea observable. En especial que no sea observable por la ciudadanía. Entonces un “gobierno abierto” supone la desaparición del secreto. En segundo lugar se supone que si se abren los canales de participación y si se abre el Estado, a la vista y a la acción los ciudadanos van a estar prontamente listos a participar. Los ciudadanos pueden ponderar positivamente la participación pero al mismo tiempo ser renuentes a participar. En realidad la gente participa cuando hay alguna necesidad insatisfecha que se vuelve impostergable. Si no sucede esto, es decir, si se invita a la ciudadanía a través de audiencias públicas o a través de redes sociales, por ejemplo si se envían propuestas o mensajes al gobierno y se establece una relación de doble vía entre el ciudadano y el Estado, al mismo tiempo el funcionario público debería estar dispuesto a recibir la propuesta y considerar al ciudadano como un interlocutor. Esto supone un nuevo estilo de gestión pública. Entonces si consideramos cuales son las resistencias del Estado en cuanto a abrir la caja negra, y por otro lado los problemas de la ciudadanía para articular sus intereses y sus demandas, en ambos polos tenemos problemas. Es necesario agregar que también hay problemas desde los sistemas de información, que son la conexión. Las TIC, que son las tecnologías de la información y el conocimiento, hoy en día posibilitan ese diálogo, peor al mismo tiempo el caudal de información es tan grande que cada vez se hace menos inteligible la posibilidad de elaborar los datos, para comprender un problema y finalmente para actuar en función de ello. Es decir, hay muchos datos, hay poca información y hay mucho más escaso conocimiento. Para ponerlo como una metáfora: si estoy en una habitación oscura y enciendo un fósforo en un rincón, puedo atisbar qué hay en ese rincón, pero no sé qué hay en el resto de la habitación. Sólo en una conexión de varias luces, y luego de varias habitaciones puedo llegar a conocer le lugar en el que estoy. Sólo en función de esa comprensión puedo actuar.

–¿El “gobierno abierto” puede ser un ampliación de la democracia, así como una herramienta de control?

–En Estados Unidos, tengo entendido que conocían las preferencias de cada votante, a tal punto que iban a tocarles el timbre. Yo creo que el punto es, hasta dónde la participación es genuina, es legítima, está inspirada en la necesidad de utilizar la inteligencia colectiva para mejorar las políticas y mejorar la gestión. O se si encuentra al servicio de la manipulación a través de mensajes ideologizados.

–Me interesa lo que usted destaca como condición básica para que la tecnología incida sobre la cultura: que exista voluntad política para difundir e imponer sus aplicaciones, con todas las consecuencias que ello implica. ¿Cuáles son esas consecuencias?

–Me refiero a lo que un gobernador de los Estados Unidos le decía a su equipo: Nunca pongan juntos una fecha y un resultado porque siempre va a haber alguien para enrostrarle el no haber cumplido con la promesa. Esto pone de manifiesto una de las características fundamentales de la filosofía del “gobierno abierto”, y es que uno está dispuesto a entregar información, o a ser transparente. Este gobernador señalaba que no tenía sentido repartir municiones gratuitamente. Porque en definitiva la información es poder, en este sentido nadie está dispuesto a repartirlo gratuitamente. Supongamos que el funcionario quiere mantenerse en el poder y mantener su viabilidad política, porque está comprometido con una misión y quiere que se conozcan mis esfuerzos, mis promesas y mis resultados. Entonces si alguien está dispuesto a hacerlo tratará de imponer a sus subalternos que adopten la misma filosofía. Cuando Obama lanzó esta iniciativa en su primer gobierno, planteó un triple objetivo: por un lado la transparencia, la participación y la colaboración. El orden de cómo lo planteó sea tal vez el orden lógico o necesario a seguir por la trayectoria del “gobierno abierto”. En este gobierno se observan iniciativas de mayor transparencia. Participé hace poco como jurado y organizador de un concurso de iniciativas en materia de “gobierno abierto” en América latina. Argentina entre otros obtuvieron premios por sus propuestas. Casi todas las iniciativas apuntan a la transparencia. No ha habido demasiadas propuestas referentes a la participación. Quizás lo más cercano a ello es el presupuesto participativo en Brasil.

–¿En qué consiste el proyecto de Brasil?

–Se hizo en Porto Alegre y luego se retomó en Rosario y Córdoba. El gobierno decide que un porcentaje del gasto público sea decidido por los ciudadanos para realizar obras, proyectos o programas. En las ciudades, los ciudadanos de distintos barrios votan los proyectos que vale la pena llevar a cabo. Así se incorporan estas propuestas al proyecto de presupuesto que luego vota el Concejo Deliberante.

–¿Qué transformaciones puede producir el proyecto aprobado por la Unasur para construir un anillo de fibra óptica en América latina?

–El anillo de fibra óptica se anunció hace pocos días. Es un intento de democratización de Internet. Porque lo que ocurre es que el flujo de comunicación que se produce en América latina, pasa fundamentalmente a través de Estados Unidos. Esto crea una enorme dependencia además de un costo altísimo. En este momento el 80 pior ciento de todo el flujo de datos de Américo latina tiene que atravesar la ruta estadounidense. En Asia, esa dependencia es de la mitad, y en Europa es cuatro veces menor. Se supone que este anillo se va a terminar en aproximadamente dos años. Me parece que es una iniciativa muy importante de la Unasur, va a suponer un tendido de unos 10.000 kilómetros. Esto es altamente positivo, ya que va a facilitar las comunicaciones. Creo que va a suspender la dependencia de Estados Unidos, lo cual no es algo menor y un menor costo para le región. Desde la perspectiva del “gobierno abierto”, no sé qué cambios eso puede traer.

–¿Cree que Argentina presenta condiciones potenciales para implementar políticas ligadas al “gobierno abierto”?

–Es muy difícil hablar de Argentina en abstracto, tenemos que hablar de la Argentina actual, o en todo caso de la Argentina futura. Yo creo que nuestro país tiene condiciones muy favorables para que este tipo de filosofía pueda concretarse. Primero porque somos una sociedad muy movilizada, una sociedad muy acostumbrada a la defensa de sus derechos, una sociedad que ha padecido gobiernos autoritarios y que cada vez que se produjo una reapertura democrática salió a la calle a reivindicar y con cada crisis también salió a protestar. De manera que desde el punto de vista de la movilización ciudadana hay buenas condiciones. Creo que es una cuestión de que haya promoción desde el Estado. Primero una voluntad de apertura de los canales, y de creación de nuevos canales. La mayor esperanza de avance en esta dirección la veo en los municipios. Si va a haber “gobierno abierto”, va a empezar en los municipios, porque es el nivel más próximo de comunicación, interacción y servicios. Allí sí están produciendo experiencias muy importantes. Por ejemplo Rafaela, Bahía Blanca, Morón, la provincia de Entre Ríos, etc.

Creo que desde los gobiernos, esto se va a producir cuando los políticos adviertan que esta apertura puede generar adhesión por parte de la ciudadanía.