Falta un mes y medio para las elecciones en Uruguay, y el candidato presidencial Tabaré Vázquez lidera los sondeos con un 42 por ciento de los sufragios, mientras que Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional, consigue un 32 por ciento, y Pedro Bordaberry, del Partido Colorado, un 15 por ciento de intención de voto. Con estas cifras, la opción de que la presidencia se decida en ballottage entre Vázquez y Lacalle es cada vez más probable. En la primera vuelta del 26 de octubre se define también la integración del Congreso. Gonzalo Civila es candidato a diputado por el gobernante Frente Amplio (FA) y pertenece a una nueva generación de dirigentes de izquierda que no tuvieron que enfrentar la dictadura, y que hoy encabezan listas electorales, como Macarena Gelman de la agrupación Ir. Civila ha estrechado vínculos con militantes de La Cámpora y otras organizaciones del campo popular argentino. De paso por Buenos Aires, donde participó de un acto de campaña en Casa Patria Grande, el joven de 29 años conversó sobre los desafíos de un nuevo gobierno frenteamplista, la relación de Uruguay con Argentina, la ley de medios versión oriental y el lento avance de la Justicia en las causas de derechos humanos.

–Lacalle Pou, con 40 años, emergió de las primarias como la cara de la renovación y, según analistas, esto explicaría la subida de intención de voto del Partido Nacional. ¿Cree que es así?

–Lacalle Pou hace su campaña sobre la base del concepto de renovación política, pero en realidad no representa ninguna renovación en sentido de democratización de la política. Renovar la política de forma sustantiva es incorporar a nuevos actores: trabajadores, mujeres, minorías discriminadas. Sostenemos que un dirigente que proviene de la oligarquía uruguaya, del sector más reaccionario del Partido Nacional, que es el Herrerismo, no puede renovar nada. A las elites les ha dolido que el Frente Amplio incorporara a los sectores trabajadores y populares a la conducción del Estado; Ese es el primer gran cambio que se produce con el acceso del Frente al gobierno. Hay una operación de marketing sustentada en el concepto de lo nuevo y lo desafiante, muy sostenida en una visión individualista del éxito, del progreso individual como componente central de la campaña, corporizado en la figura de Lacalle Pou, eso se expresa en un discurso muy meritocrático. Por otro lado, una de las dificultades que tienen nuestros procesos de cambio en América latina es la traducción política de lo que hemos logrado en estos años: sucede que muchos trabajadores se apropiaron de las conquistas de estos años; entienden que esas conquistas son casi naturales, que son derechos reconocidos, pero no terminan de asumir que son producto de un proyecto político, y no sólo del esfuerzo individual. La nueva derecha en Uruguay y en otros países transmite el mensaje de que se pone un techo al progreso, y que se puede lograr más individualmente. En cambio, nosotros disputamos el concepto de renovación política desde una visión colectiva.

–Pero también debe haber un desgaste natural de dos gobiernos del mismo signo político. ¿Qué propone de novedoso el Frente Amplio como para mantener la expectativa de una mayoría?

–Los procesos de institucionalización de las fuerzas de cambio en el Estado conllevan algunos efectos colaterales, o sea que vos podés ser una fuerza muy construida en la resistencia como el Frente Amplio, y cuando accedes al gobierno hay una suerte de despotenciación política en la sociedad. Para el caso de la cultura política uruguaya es más claro: hay una separación basante fuerte entre el Estado y las fuerzas políticas, y eso produce algunos desajustes en los procesos de acumulación. Vos llegás al gobierno, producís transformaciones, pero la traducción política de eso en una fuerza organizada, construida desde la resistencia, es compleja y no mecánica. Lo hemos vivido en estos años. Entonces, vemos la necesidad de plantearle a la sociedad un proyecto superador, que siga teniendo potencial transformador, para que la campaña no se entrampe en una disputa entre lo viejo y lo nuevo que no es real. Lo nuevo seguimos siendo nosotros, que queremos transformar, no las viejas elites que quieren volver al pasado. Más de mil militantes elaboraron el programa del FA, que incluye ideas renovadoras y para profundizar el cambio. El buque insignia de esta campaña es un sistema nacional integrado de cuidados, que implica un financiamiento del Estado a los cuidados de las personas, sobre todo de las personas dependientes.

–¿Un nuevo plan social?

–Es un plan social muy abarcativo que no implica solamente transferencia de dinero, sino formación de acompañantes terapéuticos, un trabajo que tiende a democratizar las relaciones de cuidado. Sucede que en general los cuidados terminan recayendo sobre las mujeres, condicionando muchas veces su vida laboral y familiar. El FA se propone hacer un programa fuerte para atender desde el Estado y desde la articulación con la sociedad civil, para el cuidado sobre todo de los niños, ancianos y personas con discapacidades. Tenemos un conjunto de propuestas tendientes a seguir profundizando en la distribución de la riqueza, en la descentralización del poder, hemos generado un tercer nivel de gobierno –los municipios, que no existían en Uruguay–, cercano a lo local; queremos ampliar la agenda de derechos, trabajando sobre las cuestiones de género y de la diversidad. Hay temas que la sociedad plantea como prioritarios, como la educación y la seguridad. En materia de educación creemos que tenemos que construir un gran proyecto nacional del que Uruguay todavía carece. Hemos avanzado mucho incluyendo a un montón de adultos y gurises que no estaban en el sistema educativo, pero tenemos hoy las demandas propias de ese cambio.

–¿Van a avanzar en una reforma tributaria?

–En Uruguay ya implementamos una reforma que cambió sustantivamente la matriz tributaria del país. Esa reforma implicó la derogación de un viejo impuesto a los sueldos, que era injusto porque gravaba con porcentajes idénticos a salarios bajos y altos; implementamos un impuesto a la renta de las personas físicas que es progresivo, que tiene tasas diferenciales según el monto de ingreso y ese impuesto ha liberado a la gran mayoría de los trabajadores de pagar una contribución de esas características. Sin embargo, algunos sectores medios y altos y profesionales demandan un mayor desahogo impositivo, sienten que la carga es demasiado importante. Nos hemos comprometido a seguir adecuando la matriz tributaria del país, gravando más a los que tienen más, y menos a los que tienen menos. Ese es el gran leitmotiv de nuestra reforma tributaria. En un próximo gobierno del Frente se va a implementar un impuesto de primaria, para financiar la educación primaria gravando a los terratenientes, a los grandes tenedores de tierras que hoy no lo pagan. Es un avance en términos redistributivos.

–Durante este gobierno tuvieron que modificar bastante el proyecto original del impuesto a la tierra, para que fuera aprobado.

–Sí, esto habla de la reacción de algunos factores de poder. Es un impuesto que no recauda una gran cantidad de dinero, que tiene el efecto de decir que aquellos que concentren más de determinada cantidad de tierras deben pagar un impuesto que va destinado a financiar el mejoramiento de las rutas que utilizan los mismos productores rurales. O sea, se parece más a una tasa que a un impuesto, porque se financia un servicio que ellos utilizan. Sin embargo, pusieron el grito en el cielo, más por el efecto simbólico de que un gobierno se estuviera animando a plantear este debate, que por lo que les representa en términos económicos. Hubo incluso un planteo de inconstitucionalidad del impuesto. Tenemos una Constitución pensada para preservar determinadas relaciones de poder, una constitución que queremos cambiar. Tuvimos que modificar la forma del impuesto para no quedar expuestos a una declaración de inconstitucionalidad. El debate en el fondo para algunos sectores es que la propiedad no debe gravarse, y nosotros desde una perspectiva crítica de izquierda entendemos que la propiedad es un factor fundamental de poder y que la concentración de la propiedad debe ser pasible de ser gravada.

–¿Uno de los objetivos será convocar a una asamblea constituyente?

–Sí, a una convención nacional constituyente. Queremos que sea una reforma con participación social y una reforma profunda de nuestro orden constitucional.

–¿Por qué no se discute levantar el secreto bancario?

–Se ha discutido y tenemos algunos avances. Tenemos un acuerdo de intercambio de información tributaria con Argentina, por ejemplo, que de alguna manera modera el secreto bancario típico del país plaza financiera que fue Uruguay en los noventa. Ha habido avances en relación a algunos dispositivos financieros como las sociedades anónimas financieras –AFI– que el gobierno ha derogado, hay avances en un país productivo por sobre un modelo de país plaza financiera. Ese modelo fue muy fuerte en Uruguay y todavía quedan vestigios y no queremos que haya margen para la evasión y para las artimañas. Y para seguir estimulando la producción que genera desarrollo en el país.

–Expertos señalan que la vuelta de Danilo Astori al Ministerio de Economía puede interpretarse como un giro a la ortodoxia respecto del gobierno de Mujica...

–La política económica de nuestro gobierno ha tenido una línea de continuidad desde el 2005 para acá, no sufrió grandes modificaciones en su enfoque. La presencia de Astori no cambia eso. La política económica merece ser discutida en una serie de aspectos, producto de que la realidad ha venido cambiando. Los nombres nos importan bastante menos que la discusión de qué hacer. En realidad, los compañeros se deben al programa del Frente, capaz de conducir la economía en un país con crecimiento, que además distribuye mejor la riqueza. Se tiene que continuar con las medidas que aceleren el proceso en términos de incorporación de las mayorías, de redistribución del ingreso, de justicia social.

–¿Cuál sería la postura con el Mercosur? ¿Continúa en el horizonte el debate sobre los tratados de libre comercio?

–La propuesta del Frente Amplio es profundizar la integración regional, nuestra inserción en el mundo tiene como plataforma fundamental el Mercosur, y también la Unasur, que ha sido un gran avance para nuestros pueblos. Las posiciones sobre cualquier tipo de iniciativa comercial están subordinadas a esa gran definición política, no vamos a llevar adelante medidas que sean incompatibles con el proceso de integración regional. Simultáneamente, Uruguay ha diversificado mercados, ha incrementado la colocación de su producción en muchos lugares del mundo, desde el Mercosur, y bilateralmente sin erosionar la plataforma del bloque. Hay tensiones que son muy propias de las características de un país de escala pequeña en un contexto complejo que tiene además una importancia geopolítica. Es importante que todos asumamos que Uruguay tiene que estar contenido en la estrategia de integración, que las asimetrías que existen producto de las diferencias de escala deben ser trabajadas y compensadas para que la integración nos permita ganar a todos. En esa línea estamos trabajando. Los dirigentes de las nuevas generaciones tenemos un compromiso muy fuerte con la integración regional, recuperando el legado artiguista. La nación en Uruguay es inviable sin la integración.

–La relación con Argentina vivió uno de sus momentos más álgidos durante los gobiernos de Tabaré Vázquez y Néstor Kirchner. ¿Cómo imagina que será en el futuro, teniendo como telón de fondo las papeleras?

–La relación tiene que ser buena, sería una torpeza histórica desperdiciar años de construcción de una agenda bilateral que es imprescindible para el desarrollo del Uruguay, también para la Argentina. El entendimiento entre Brasil y Argentina ha sido fundamental para la integración en estos años, y del mismo modo el resto de los países de la región, en particular Uruguay, debe jugar un rol proactivo. La integración platense, la Cuenca del Plata, y la Argentina, para nosotros tienen que ser especialmente privilegiados en un vínculo que exige madurez política. La construcción de relaciones de confianza entre dirigentes de ambos lados, no solamente presidentes, también de funcionarios y militantes, es fundamental para poder consolidar esos procesos de integración y que un episodio no eche por la borda un trabajo sostenido. Muchas veces se dice que fue el peor momento, pero dejamos de ver los avances que hubo en materia de integración en distintos planos entre Uruguay y Argentina. Hemos coincidido en posiciones políticas en la Unasur de manera sistemática, en otros foros internacionales; hoy nuestro gobierno ha planteado su apoyo firme en la pelea de Argentina con los fondos buitre. No es una causa argentina, es global, latinoamericana. Porque es una causa de defensa de la soberanía de nuestros países frente a la especulación financiera. Estos asuntos quedan deslucidos por el fogoneo de los sectores que no quieren la integración. Tenemos que tener las condiciones de confianza y de diálogo para saber blindarnos frente a eso.

–Además, está el fallo de La Haya.

–Sí, ése es un marco para movernos sobre un tema puntual que ha repercutido mucho en la relación bilateral en los ultimos años. Ahora, hay toda una agenda de temas muy diversos, en donde ha habido avances sustantivos, y otros más detenidos, deslucidos porque algunos medios de comunicación se ocupan de amplificar el conflicto. En Uruguay se ha jugado mucho con el conflicto por la pastera UPM, también para desacreditar la relación con Argentina y para estigmatizar a su gobierno, y eso tenemos que combatirlo. Las visiones que representamos no tienen nada que ver con esos actores que siempre lucraron con nuestra división.

–Apelan a ciertos nacionalismos.

–El nacionalismo que vale es de la Patria Grande, uno tiene su identidad nacional, pero no podemos pensar en el mundo si no nos concebimos como una gran nación, es un proceso largo que se viene peleando desde hace mucho. Las nuevas generaciones de militantes debemos comprometernos muy fuerte por seguir luchando por esa integración liberadora. Lo otro, es integración dependiente.

–¿Cómo está la relación del gobierno de Mujica con los medios? Todavía falta que se sancione la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

–La relación es compleja porque tenemos un sistema de medios muy oligopólico, de una coordinación aceitada entre las pocas familias que manejan esos grupos económicos, que se expresan en tres canales de TV (4, 3 y 12) que tienen incidencia de larga data; familias articuladas con el poder financiero y del agro. Tenemos un canal público, y la apertura de la televisión digital nos va a permitir tener otra serie de señales, comunitarias, un espacio para difundir todo tipo de voces. El diario El País, por ejemplo, es el periódico de la oligarquía uruguaya, que ha apoyado la dictadura, que ponía en tapa a los requeridos por la dictadura; ese diario hace una campaña feroz contra el Frente Amplio de modo muy explícito y desembozado, y es el diario más vendido en Uruguay y tiene rebote en los medios audiovisuales. El falso debate que se dio también acá con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es que se pone en discusión la libertad de prensa, y es todo lo contrario, se busca garantizar la libertad de expresión de todos, y no confundir la libertad de prensa con la libertad de empresa.

–¿Por qué está trabada la completa aprobación de la ley?

–Pasadas las elecciones nacionales hay un compromiso de aprobarla definitivamente.

–Pasadas las elecciones también está pendiente el asunto de darles refugio a varios presos de Guantánamo.

–Sí. Sobre eso hubo mucha polémica. No íbamos a aceptar un acuerdo que implique un condicionamiento a la libertad de estas personas que no han tenido una condena, que han vivido privadas de su libertad y de sus derechos básicos, por un Estado que ejerce terrorismo. Queremos que lleguen al Uruguay con un status de refugiado, sin que se condicionen sus movimientos. Esta decisión sirve para contribuir con el cierre de la cárcel y reivindica el papel de Uruguay en su contribución en asuntos humanitarios.

–Los organismos de derechos humanos critican que aún existe impunidad en Uruguay.

–Hemos dejado casi sin efecto la Ley de Caducidad, ha habido juicios, búsqueda de restos de detenidos desaparecidos, hemos avanzado en verdad y memoria. Todavía falta mucho en justicia, y en esto hay un rol fundamental del Poder Judicial. Los poderes Ejecutivo y el Legislativo han demostrado voluntad política, lo que necesitamos es que la Justicia actúe de manera intensa y rápida, con los protagonistas vivos. La jueza Mariana Mota, quien tuvo un papel muy importante en las causas de derechos humanos, fue trasladada a otro juzgado en donde no podía actuar en estos casos y la decisión habla de las intenciones políticas de los actores judiciales. Respetamos la independencia de los poderes, pero la sociedad tiene que visualizar que no hay asepsia ni neutralidad en las decisiones de la Justicia.

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