La pelea por la devolución del 13 por ciento en los salarios de empleados públicos y jubilados tuvo ayer un giro inesperado. Un juez laboral ordenó al Gobierno que restituya el dinero de manera inmediata, al hacer lugar a una presentación de las dos CGT de hace diez días. El Poder Ejecutivo tiene tres días para apelar esa resolución después de que reciba la notificación oficial. El primer efecto del fallo fue que congeló la firma del decreto que establecía que los sueldos volverían a pagarse completos recién en enero de 2003. Un segundo impacto fue que desató otro fuerte conflicto en el Gobierno, debido a que Alfredo Atanasof y Roberto Lavagna sostienen que hay que apelar el fallo y seguir adelante con el decreto, mientras que Graciela Camaño sugiere que se acate la medida, considerando que el Gobierno podría conseguir oxígeno político y, tal vez, estirar el plazo de su gestión. Eduardo Duhalde, por ahora, escucha y medita.
“Los ministros están firmando el decreto y eso no cambia con el fallo”, afirmó anoche el jefe de Gabinete a Página/12. Atanasof explicó que se trata de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que debe ser refrendado por todos los ministros y que eso lleva tiempo, pero estimó que “hoy podría estar terminado”. El funcionario no sabía si la ministra de Trabajo había firmado o no, aunque este diario pudo saber que no lo hizo.
–¿El Gobierno no reverá su posición a partir de la medida cautelar en favor de las centrales sindicales? –consultó este diario.
–Todavía no fuimos notificados oficialmente y no conocemos el fallo. No vamos a opinar hasta entonces –respondió el ministro.
Por otra parte, señaló que todavía no están definidas las características del título público con que se saldará la deuda generada entre mediados del año pasado y diciembre próximo. “La Secretaría de Hacienda está trabajando en ello”, indicó, al tiempo que ratificó que el decreto establece que la devolución del 13 por ciento se hará a partir de enero de 2003.
Camaño almorzó ayer con Duhalde y le insistió en que los jubilados que ganan entre 500 y 800 pesos empiecen a cobrar el 13 por ciento con los haberes de este mes. Más tarde se conoció la noticia de que el juez Horacio Restituto Benítez ordenó con “carácter urgente” al Poder Ejecutivo que deje de aplicar el descuento a los trabajadores enrolados en 16 sindicatos y a los jubilados de esas mismas asociaciones. Se trata de los gremios ligados al sector público que componen las dos CGT, entre otros los trabajadores estatales, de bancos públicos, la DGI, universidades nacionales y el INTA.
La sentencia destaca “la naturaleza alimentaria del salario y el acelerado deterioro del poder adquisitivo por la inflación”. Más de 250 mil personas, el 90 por ciento de los afectados por el recorte, están alcanzados por el fallo. La solicitud de la medida cautelar había sido presentada por los sindicalistas luego de que la Corte Suprema declaró inconstitucional el descuento salarial. El abogado Héctor Recalde, de la CGT-Moyano, aclaró ante este diario que la resolución “no involucra el retroactivo”.
El Gobierno debe resolver si apela el fallo o lo acata, aunque sabe que la apelación está destinada al fracaso, porque la Corte ya se pronunció sobre la constitucionalidad de la medida. Camaño le dice a Duhalde que si aspira a continuar en el Gobierno más allá del 25 de mayo del año próximo –una idea que algunos empiezan a analizar en el Gabinete–, es preciso buscar la forma de pagar ahora los salarios completos.