Lejos de dar a torcer el brazo en su política de retenciones a las exportaciones de granos, el equipo económico defendió la medida con un dato “novedoso”: la movilidad en las retenciones “amortiguó la caída en los precios internacionales y favoreció la rentabilidad de los productores”. De acuerdo con sus propios cálculos, el precio de la soja en los mercados mundiales cayó un 10 por ciento desde la implementación del nuevo sistema de retenciones, lo que dejó el gravamen por tonelada en un 40 por ciento de su precio de exportación. Es decir, 5 puntos porcentuales más alto que el sistema de retenciones anterior, pero 4 puntos por debajo del anunciado hace apenas 12 días. En tanto, el Ministerio de Economía estudia medidas complementarias para cuando se levante el paro agropecuario y se aplaque la rebelión de las organizaciones agrarias, pero dejó en claro que “no va a discutir sectorialmente el valor de las retenciones, el tipo de cambio ni las tasas de interés”.

Para los técnicos del Palacio de Hacienda, la fuerte baja de los precios de los granos en los mercados mundiales justificó el sistema de movilidad en las retenciones a las exportaciones que implementó el Gobierno y mostró la cara de la medida que “favorece” a los productores. El sistema de retenciones móviles aumenta el porcentaje del gravamen cuando se disparan los precios internacionales, pero lo disminuye cuando éstos están en baja. Así se regula la rentabilidad de los agricultores, favorecidos por un sistema de cambio alto que se sostiene desde el propio Estado.

De acuerdo con el informe técnico de Economía, al que tuvo acceso Página/12, si se hubiese mantenido el anterior sistema fijo de retenciones, el productor de soja estaría pagando el 44 por ciento del valor de cada tonelada exportada. Pero como su precio internacional cayó más del 10 por ciento, desde el cambio del sistema, ahora paga 40 por ciento. Esto –según el cuadro elaborado por Economía– “equivale a un ahorro para el productor de aproximadamente unos 60 pesos por tonelada. Y si los precios continuaran cayendo, la alícuota acompañaría la caída, mitigando los efectos de la baja sobre el productor”.

Ese mismo cuadro comparativo muestra cómo también se vieron favorecidos los productores de maíz. Con la caída de su precio internacional, la retención para su exportación representa un 23 por ciento de su valor por tonelada. Es decir, dos puntos porcentuales por debajo, incluso, de las retenciones vigentes a la modificación realizada por el Gobierno.

En cambio, el trigo se mantuvo igual y el aumento del precio internacional del girasol incrementó un punto su alícuota, estableciéndola en el 40 por ciento de cada tonelada exportada. “Un esquema –dice el informe– que genera previsibilidad. Los productores pueden conocer cuál será la alícuota vigente para todos los escenarios de precios y verse protegidos ante la caída de los mismos.”

También traza una comparación sobre la rentabilidad de los productores sojeros de los países vecinos. “Después de las nuevas retenciones, los productores de soja de Argentina están un 16 por ciento por encima de los números de los productores de soja brasileños”, concluye el informe.

Para después de los piquetes

En tanto, el Ministerio de Economía prepara una batería de medidas complementarias que presentará y pondrá a discusión “cuando se levanten las medidas de fuerza”.

Una de ellas será la puesta en marcha de un Programa de Fertilización de “una envergadura

inédita para la producción agropecuaria argentina que se extenderá a todos los productores, pero será más abarcativo en las pequeñas producciones”. El programa toma como ejemplo la incidencia de la utilización de los fertilizantes en cultivos de trigo, donde su aplicación significa “más del 30 por ciento del costo directo de implantación”.

También habrá medidas para “promover producciones regionales como las manzanas, peras y algodón, así como subsidios al uso de semillas certificadas de maíz y girasol”.

Pero el Gobierno tiene en la mira la monoproducción de soja, “que está devastando pueblos y dejando el campo sin trabajo y sin gente”. Según el informe, “más del 50 por ciento de los chacareros que producen soja y trigo en el país son arrendatarios de tierras, cuyos valores aumentaron más que el precio de la soja y arrastraron el valor de la renta de la tierra”. Lo que hace que “los productores arrendatarios en la provincia de Buenos Aires paguen más de 1500 kilos en campos en que el rendimiento alcanza 3000 kilos por hectárea (50 por ciento), cuando la renta de la tierra tradicionalmente estaba en torno del 25 y 30 por ciento de la producción”.

Un modelo agrario de producción que, de acuerdo con los técnicos de Economía, “ha puesto en crisis todas las otras producciones, como la lechería y ganadería”. Desde el Gobierno quieren enviar señales a los productores para bajar los decibeles de la protesta: “Están dadas todas las condiciones como para trabajar en una política productiva global y abarcativa para el sector agropecuario”, afirman en Economía, aunque tampoco están dispuestos a “acatar el modelo rentista sojero intensivo”.

El informe también dejó en claro que el Gobierno no cederá ante la intransigencia de los reclamos. “No va a discutir sectorialmente el valor de las retenciones o el valor del tipo de cambio ni la tasa de interés. Esas son políticas de Estado y el Gobierno tiene toda la legitimidad para definirlos”, argumentaron los hombres del Palacio de Hacienda.