Sin esperar a volver mañana a la mesa de negociaciones, las entidades ruralistas decidieron retomar el lockout, con el argumento de que las propuestas que acercó el Gobierno en la reunión del viernes fueron meras promesas insustanciales. Los presidentes de Sociedad Rural, Federación Agraria, Confederaciones Rurales y Coninagro acordaron reunirse el próximo miércoles 2 de abril para evaluar los pasos a seguir. En principio, la medida de fuerza es hasta ese día, pero fuentes de esas cámaras señalaron de manera extraoficial que el “paro” sólo será levantado si obtienen una respuesta satisfactoria a sus reclamos. En este momento, eso significa, de mínima, la suspensión de la aplicación de las retenciones móviles por 90 días, plazo suficiente para cosechar y vender las 48 millones de toneladas que esperan en los campos.

El 2 de abril Cristina Fernández de Kirchner tenía previsto estar en Londres para participar del Foro de Líderes Progresistas. Los ruralistas lo sabían y eligieron esa fecha para volver a juntarse con intención de forzarla a una decisión difícil: viajar a pesar de todo o cancelar la visita y admitir ante la tribuna internacional las complicaciones internas. También para que el Gobierno cargue con un costo adicional si levanta la reunión prevista para mañana. Eduardo Buzzi, presidente de Federación Agraria, y Luciano Miguens, de Sociedad Rural, dijeron expresamente que el sector está dispuesto a acudir a ese encuentro en Casa Rosada para seguir negociando. El Gobierno deberá resolver si lo mantiene o insiste con su postura previa de negarse a dialogar en medio del lockout (ver aparte).

“Aunque estemos de paro, el diálogo puede continuar. Estamos convencidos de que eso no significa que se negocie con un revólver en la cabeza”, estimó Ulises Forte, vicepresidente de Federación Agraria, en respuesta a las palabras de Cristina del jueves pasado. “Si nos invitan, allí estaremos”, afirmó Miguens, en referencia al encuentro originalmente previsto para mañana y ahora en suspenso.

La pregunta inevitable es por qué las entidades resolvieron pasar a la acción directa en lugar de mantenerse en estado de alerta y movilización, poniendo en riesgo la negociación en curso. La respuesta unánime de los ruralistas fue que el Gobierno defraudó sus expectativas con lo que ofreció el viernes. “Da risa, no se puede tomar en serio”, descalificó Pedro Apaolaza, titular de Carbap, la federación más importante dentro de CRA y la más enfrentada ideológicamente al Gobierno, al punto de que el viernes publicó una solicitada en La Nación contra la Presidenta en la que pidió “que Dios la perdone y nos dé a todos la templanza para conservar la calma y preservar la paz”.

Fuera de micrófono, dirigentes del campo se justificaron con el argumento de que no pueden manejar a las bases. “Ellos solos fueron decretando la vuelta de los cortes no bien terminó la reunión con Alberto Fernández” y demás funcionarios, describieron. Y admitieron algo mucho más grave: “En algunos piquetes hay riesgo de violencia, de que se quiebre la paz social”. Pero no asumieron la responsabilidad por esa situación, sino que la trasladaron al Gobierno por su “inflexibilidad”, lo mismo que antes lo culparon por el desabastecimiento. Con esa evaluación de los estados de ánimo, según dijeron, la cúpula de Federación Agraria promovió una flexibilización en los cortes de ruta. Buzzi encabezó ayer una masiva asamblea en la localidad de Alcorta, Santa Fe, con la presencia de 2500 personas, en la que se votó que los piquetes dejaran pasar los camiones con alimentos perecederos, sobre todo los que transportan leche.

Antes de Semana Santa se había expresado algo similar, que finalmente no se cumplió. Las imágenes de productores derramando leche en la ruta –ya se perdieron más de siete millones de litros– y de montañas de verduras en el piso empezaban a afectar el apoyo de algunos sectores urbanos a la protesta, lo que también influyó en el nuevo pedido a los sectores más radicalizados para que moderen su posición y eviten el desabastecimiento total de las ciudades.

“Tras analizar con la gente la propuesta realizada por el gobierno nacional, decidimos retomar la medida de fuerza, ya que no condice con la respuesta que esperábamos”, expresaron desde Federación Agraria. Su versión de los hechos es que la mayoría de las medidas que puso sobre la mesa Alberto Fernández en Casa Rosada son viejas promesas nunca cumplidas. “La Subsecretaría del Pequeño Productor ya la había anunciado Javier De Urquiza (secretario de Agricultura) en octubre del año pasado”, reprochó Buzzi.

También sostuvo que los mecanismos de compensaciones para los pequeños productores son ineficientes, porque la ayuda comprometida nunca llega a quienes debería. “Durante 2007, por ejemplo, un 36 por ciento de los 1500 millones de pesos que entregaron en compensaciones desde la Oncca (dependiente de Agricultura) fueron a parar a Mastellone (La Serenísima), SanCor, Molinos Río de la Plata, Molino Cañuelas y Aceitera General Deheza”, remarcó el presidente de FAA.

A esta altura del conflicto, Federación Agraria redobla la presión para conseguir mayores concesiones hacia los productores medianos y chicos, que pasan por un carril distinto al de las retenciones a la soja, aunque esa sea la bandera compartida con los grandes productores de Sociedad Rural y demás cámaras. Considera que en este momento tiene chances de obtener lo que tantas veces pidió y nunca obtuvo, además de cobrarse algunas viejas facturas, según cuestionan y admiten desde el Gobierno.

En rigor, la suba de retenciones no afecta las cuentas del pequeño productor. No pasa de una situación de rentabilidad a otra de pérdida, sino que sus ingresos serán incluso mayores a los proyectados al momento de sembrar. Lo revela un informe del Ministerio de Economía que recoge datos del mercado y que los ruralistas prefieren ignorar. Cuando el productor sembró soja en octubre pasado tenía una perspectiva de ingresos de 231,4 dólares la tonelada, y en este momento, pese al incremento de las retenciones, se llevará 282 dólares. ¿Cómo se explica? Porque en octubre el precio internacional de la soja era de 356 dólares la tonelada –lo que determinaba el pago de retenciones por 124,6 dólares la tonelada, en un nivel de 35 por ciento– y hoy la soja se cotiza en el mundo a 470 dólares la tonelada –por lo que la retención es mayor, de 188 dólares, a un nivel del 40 por ciento–. La violenta escalada del precio de la soja determina que el productor vaya a ganar más de lo que imaginó al momento de sembrar, a pesar de que ahora pagará más retenciones.

Frente a ese argumento, la respuesta de los productores era que las retenciones móviles ponían un techo a los ingresos de los próximos cuatro años y desalentaban la producción. Ayer, sin embargo, ese versión empezó a mutar. Fue porque los ruralistas plantearon que el Gobierno suspendiera la aplicación de las retenciones móviles por 90 días, para darles tiempo a cosechar y liquidar con los valores previos de derecho de exportación (35 por ciento en lugar de los actuales 40 puntos). Eso les permitiría embolsar unos 3500 millones de pesos que de otro modo se quedará el Estado. En ese plazo de 90 días el Gobierno debería implementar todas las medidas de fomento a los pequeños productores y, si resultan efectivas, entonces sí Federación Agraria está dispuesta a que vuelvan las retenciones móviles.

Eso la distancia de la Sociedad Rural, que volvió a poner todo el énfasis en que la única opción para levantar la protesta es terminar con el esquema de retenciones móviles. Los grandes productores, por ser los que manejan mayores volúmenes de producción, son los que más dinero ceden por los derechos de exportación.

A nivel técnico, en el Ministerio de Economía evalúan que a esta altura del conflicto es poco lo que pueden hacer para destrabarlo. El tema es político y la decisión sobre cómo manejar la relación con el campo le queda a Cristina. Aun así, en esa cartera se analizan distintas opciones, cuya posibilidad de ser volcadas a la mesa de negociación depende de lo que se resuelva políticamente. Una de ellas es recrear una suerte de Junta Nacional de Granos, que compre la producción sojera a los pequeños productores para evitar la intermediación de acopiadores y exportadores, que les arrebatan una porción de sus ganancias. Es una iniciativa que en un momento del lockout rural esbozó el propio Buzzi. La medida, mucho más radical de lo planteado por el Ejecutivo hasta el momento, buscaría profundizar la grieta entre grandes y pequeños productores, para intentar así terminar con un lockout cada vez más peligroso.