La frágil estructura que levantó el Gobierno durante ocho meses sufrió ayer otro empujón, que la dejó tambaleando. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal declaró inconstitucional el corralito, la pesificación de los depósitos y el decreto antiamparos. Para que los afectados por esas medidas puedan librarse de sus efectos deberán acudir individualmente a la Justicia a exigir que se restablezcan sus derechos. Antes de que alguien pudiera salir corriendo a ver a un abogado, el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, anticipó que el Gobierno apelaría el fallo. Lo hizo por la mañana, antes de que se conociera la resolución del tribunal de alzada, de la que el Gobierno ya tenía noticias y esperaba con resignación.
Roberto Lavagna terminó de confirmar por la tarde –ya con el texto de la Cámara en poder de los abogados del Gobierno– cuál será la respuesta del Poder Ejecutivo: “El fallo será apelado y no representa ninguna complicación”, declaró, con lo cual la Corte Suprema recibirá otra causa que deja en sus manos la suerte del Gobierno y que le permitirá mejorar notablemente su poder de negociación para escapar al juicio político. La reacción de los funcionarios fue tratar de restarle importancia a una declaración lapidaria de la Justicia, que va contra los reglas centrales que se impusieron en la salida de la Convertibilidad.
El secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, sostuvo que “hay que esperar que el Gobierno haga las apelaciones del caso y que la Corte reciba el tema para su análisis”. Luego negó que el fallo sea “una complicación accesoria” para el Ejecutivo e insistió en que “por ahora no tiene ninguna consecuencia, ya que hay una instancia superior, que es la Corte Suprema”.
La resolución de la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo declara inconstitucionales los decretos 1570 –el primer corralito–, el 214/02 –la pesificación– y el 1316 –que suspendió por 120 días las ejecuciones por amparos contra el corralito–. Pablo Fedriani, Carlos Grecco, Ana De Marco y Luis Otero, integrantes de ese cuerpo, tomaron su decisión por unanimidad. Fue en respuesta a una acción promovida por el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino. Como este funcionario representa a todos los ciudadanos, los magistrados entendieron que el beneficio de su fallo es universal, alcanzando incluso a quienes no hayan presentado hasta el momento recursos de amparo para recuperar sus depósitos. Otra novedad es que el dinero debería ser reintegrado en la moneda en que fue constituido el depósito. En cambio, el dictamen no dice nada sobre los créditos, que seguirán pesificados. Pero sobre todo esto hay que esperar la opinión de la Corte.
La Cámara confirmó en todos sus términos la sentencia de primera instancia de la jueza Emilia García. “El corralito, la pesificación de los depósitos y el decreto antigoteo eran medidas arbitrarias, que afectaban los intereses de los ahorristas, al tiempo que violaban derechos y garantías constitucionales como el de propiedad, el acceso a la justicia y la división de poderes”, sostuvo Mondino en su presentación, avalada por la Justicia. El defensor del Pueblo consiguió esta semana dos fallos de fuerte impacto contra acciones fundamentales del Gobierno en el último año. Además del de ayer, otro fallo declaró inconstitucional el recorte del 13 por ciento a los jubilados y ordenó la restitución del dinero. El Gobierno también resolvió apelar esa disposición.
La Corte, así, tiene causas que pueden arruinar definitivamente los planes del Gobierno. Anteayer se abstuvo de fallar sobre la pesificación, concediendo otra oportunidad a la administración Duhalde para que negocie el levantamiento de su juicio político. También resolvió esperar porque Lavagna está haciendo gestos para flexibilizar el corralito. La excusa para postergar una definición fue que no se consiguió una mayoría para cerrar el caso. Cuatro ministros se inclinan por condenar la pesificación, mientras que dos la avalan, dos se abstienen y otro todavía no tomóposición. Para resolver la situación se convocará a dos conjueces para que desempaten.
En cuanto a lo específico de la pesificación, la Sala V recordó los argumentos que dio la Sala II del mismo fuero, al decretar la inconstitucionalidad pero sólo en el caso de un ahorrista individual. En esa oportunidad, el tribunal reconoció la existencia de una “situación de emergencia”, pero advirtió que “en esta crisis los poderes del Estado no son ilimitados y han de ser utilizados siempre dentro del marco de la Constitución y bajo el control de los jueces independientes”.
El Gobierno tenía información de que la Justicia dictaría el fallo que finalmente salió ayer. Atanasof se adelantó a la noticia y por la mañana declaró que “si la Justicia adoptara ese criterio (rechazar la pesificación y el corralito) podría darse una situación económica muy difícil, muy complicada”. “No podemos imaginar cambiar ahora todas las reglas, cuando el país se está normalizando y está volviendo a tener estabilidad con su propia moneda”, agregó el jefe de Gabinete, en un mensaje a la Corte Suprema, convertida más que nunca en árbitro del Gobierno.