Los dirigentes del campo reconocían ayer que la pelea que llevaron adelante para modificar el sistema de retenciones móviles se perdió. El Gobierno no cedió un centímetro en ese punto. Por lo tanto, ahora se preparan para negociar el mecanismo de reintegros para pequeños y medianos productores anunciado el lunes y la letra chica de la resolución que hizo estallar el conflicto.

El ministro de Economía, Martín Lousteau, aseguró que al 80 por ciento de los chacareros se les reintegrará de manera automática el último aumento de las retenciones en una cuenta bancaria, pero en el sector no tienen claro quiénes van a cobrar, cómo se calculará el monto que recibirá cada uno, qué papeles deberán presentar y cuánto tiempo tardará el Estado en depositarles el dinero. De hecho, ni siquiera en el Gobierno lo tienen definido.

Lo primero que se va a precisar son los criterios para conformar el registro de productores habilitados a cobrar. Eso no será fácil. Por ejemplo, ¿podrán cobrar sólo los propietarios o también quienes arriendan la tierra?, ¿podrán cobrar los que produzcan menos de 500 toneladas con su cultivo mayoritario o con la suma de todos sus cultivos? Lo único seguro hasta ahora es que será la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario la encargada de desembolsar el dinero. Ese organismo es el que les ha venido pagando compensaciones a productores e industrias desde comienzos del año pasado.

Los productores que no recibirán reintegro (el 20 por ciento del total según los cálculos oficiales) tienen sus expectativas centradas en tratar de modificar la tabla que fija la alícuota de las retenciones móviles, de acuerdo con la cotización internacional de los cereales. En las últimas semanas los dirigentes del agro y algunas entidades del sector, como Aacrea, cuestionaron la fórmula para calcular el impuesto. Afirman que, una vez que la soja supere los 600 dólares por tonelada, el Estado se quedará con el 95 por ciento de cada dólar adicional, lo que en la práctica opera como un precio máximo que afectaría el mercado de futuros.

Ese mercado ayuda al agricultor a estabilizar sus ingresos pagando una prima por un seguro que le otorga el derecho a vender sus productos a un determinado precio, independientemente de la evolución de la cotización internacional. Si el precio cae, hace uso de la opción y cobra la diferencia respecto del valor acordado en el seguro y si sube cobra el precio de mercado y lo único que pierde es la prima del seguro. Con precios máximos ese mercado tendría complicaciones. En el Gobierno reconocen que el dato es cierto, pero afirman que para que eso ocurra la cotización de la oleaginosa debería subir un 50 por ciento más de lo que lo hizo hasta ahora.