El plazo que le puso la dirigencia agraria a las negociaciones para obtener alguna conclusión vence el 2 de mayo. Pero el Gobierno tiene su propio calendario: la fecha límite que tiene fijada es el 25 de mayo. Es el día previsto para el lanzamiento del Acuerdo del Bicentenario, fecha en la que el Gobierno desearía no tener al sector agropecuario parado en la vereda de enfrente arrojando piedras. El lunes próximo arrancarán las negociaciones entre las cuatro entidades del campo y las autoridades del Ejecutivo. Para entonces, los técnicos del Ministerio de Economía tendrán finalizado el diseño de las nuevas medidas de compensaciones y reintegros a pequeños y medianos productores. Pero tanto en el ámbito oficial como en el de los empresarios del agro saben que los mayores nubarrones que amenazan en el horizonte son los de gestión, de garantizar que las medidas que se toman en un papel lleguen a sus destinatarios. En este caso, los pequeños productores. Ayer, el Gobierno entrerriano tomó la posta y lanzó una serie de medidas para acercar a los productores al objetivo. Su par santafesino reclamó una urgente reunión del Consejo Federal Agropecuario para darle mayor protagonismo en esta etapa a las administraciones provinciales.

En el borrador de Economía de la agenda para el próximo lunes figura, en primer lugar, la explicación y justificación de las medidas tomadas. La labor podría demorar más de un encuentro, en cuyo caso el debate sobre políticas sectoriales, como la carne, la lechería y cultivos regionales, recién se abordaría en rondas posteriores. El Palacio de Hacienda imagina una mesa política, de carácter permanente, funcionando al mismo tiempo que varias encargadas de las discusiones más específicas de la negociación.

Federación Agraria, Confederaciones Rurales, Sociedad Rural y Coninagro esperaron ayer una convocatoria formal. Pero únicamente hubo contactos telefónicos entre autoridades oficiales y directivos empresarios en los que se informó la intención de dar inicio el lunes a las negociaciones. Lousteau viaja el fin de semana a la Asamblea Anual del BID, que se realiza en Miami. Su regreso está previsto para el mismo lunes 7. Ese día, Cristina Fernández estará en París, para encontrarse con Nicolas Sarkozy.

Los funcionarios más cercanos a Martín Lousteau trabajaron, junto a él, durante buena parte del día de ayer en la elaboración de las medidas. El alcance del reintegro de las retenciones a pequeños productores, para llevarlas al nivel de alícuota previa al 11 de marzo, la definición de quién es el “pequeño productor” y de las distancias desde el puerto que se tomarán en cuenta para pagar las compensaciones por flete, son parte de las normas que ayer se buscó pasar en limpio sobre la mesa de trabajo.

Uno de los puntos más controvertidos será organizar el padrón de eventuales beneficiarios, ya que la AFIP sólo tiene registrados (con CBU, clave por la cual se le acredita a cada productor en su cuenta bancaria los reintegros y devoluciones de impuestos) a las unidades productivas inscriptas en el IVA. Los monotributistas, indicó un técnico que presta su colaboración en Economía, no tienen identificada su actividad ni registrada una cuenta bancaria en el organismo fiscal donde realizarle el depósito. El organigrama de la futura subsecretaría de desarrollo rural ya estaría concluido, pero se esperará hasta dárselo a conocer a las entidades y escuchar propuestas o cambios, antes de elevarlo a la firma.

Salvo algún chisporroteo radial entre el diputado del FPV Carlos Kunkel y el titular de FAA, Eduardo Bu-zzi, ayer tanto desde el Gobierno como desde las entidades intentaron mantener un bajo perfil. Quienes sí intentaron hacerse oír fueron los gobiernos provinciales. En un discurso a la provincia, el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, anunció una serie de medidas apuntadas a resolver varios de los conflictos de gestión que se perciben para hacer efectivos los beneficios para el productor. Habilitará una oficina de la Oncca (organismo encargado de distribuir las compensaciones) en territorio provincial; creará un registro de pequeños y medianos productores, que debería incorporar a aproximadamente 15.600 unidades productivas; anticipará el pago de compensaciones demoradas en el Oncca, por alrededor de 6,5 millones de pesos correspondientes al programa ganadero nacional; y prometió el desarrollo de un nuevo esquema impositivo provincial “más justo, equilibrado, progresivo y estimulador del empleo”. Hubo analistas locales que interpretaron que podría establecer impuestos a los pools de siembra.

Juan José Bertero, ministro de la Producción del gobierno socialista de Hermes Binner, pidió a su vez por nota al secretario de Agricultura y Ganadería, Javier de Urquiza, la convocatoria urgente al Consejo Federal Agropecuario para que se informe el estado de situación de la relación del gobierno central con el campo y las soluciones propuestas. “Todo lo que se discuta o se hable del tema, debe estar en conocimiento de las provincias”, expresó Bertero ayer a Página/12. Una alta fuente gremial empresaria confió ayer que el ámbito del Consejo Federal Agropecuario para la discusión fue mencionado por Alberto Fernández, jefe de Gabinete, el día del único encuentro hasta ahora entre entidades y gobierno, el viernes 28 de marzo. El jefe de ministros transmitió entonces el deseo del Gobierno de recuperar ese espacio, que reúne a las autoridades de ese sector en cada provincia con el responsable del área a nivel nacional. “Si no se hubiese dado esta situación (de conflicto), el Consejo ya estaría funcionando”, especuló Fernández en aquel encuentro, según el relato de la fuente. Pasada la tormenta, la idea vuelve a brillar en el firmamento.