El conflicto entre el Gobierno y un importante segmento del sector agropecuario –que no reconoce precedentes por los alcances de las medidas adoptadas por las entidades gremiales empresarias– demanda para su comprensión una mirada abarcativa, que pueda dar cuenta de su complejidad.

Por lo pronto, el debate acerca de las retenciones tiene implicancias que van mucho más allá de los términos en los que se ha planteado. Está en discusión, en rigor, el modelo de país a construir, que debe combinar, necesariamente, las ventajas comparativas naturales del agro con una creciente capacidad industrial. El país deberá crecer, en cantidad y diversidad, sobre la base de una producción tanto agropecuaria como industrial, así como de los servicios, apoyado sobre la innovación tecnológica y con la prioritaria reducción de la brecha social. La inserción internacional debe aprovechar las ventajas comparativas y reducir la vulnerabilidad del patrón de intercambio basado sobre la exportación de commodities.

En otras palabras, más allá de la cuestión de la distribución equitativa del ingreso y la indudable pertinencia de la apropiación social de una porción de la renta originada en las exportaciones primarias, la presente polémica resulta central en la definición acerca del rumbo del país. El debate emerge como consecuencia de la superación de la emergencia económica tras un largo período de exigentes desafíos durante el cual la economía se recuperó en buena parte de la abismal crisis previa. Es el momento de mirar hacia adelante, hacia el mediano y largo plazo, apuntando a resolver los desafíos estratégicos que debe enfrentar la Argentina.

Con esta mirada, tratando de anticiparnos al futuro previsible, quienes integramos este proyecto estratégico de la Universidad de Buenos Aires planteamos, en marzo de 2005, hace ya tres años, la necesidad de adoptar diversas medidas para evitar conflictos como los que hicieron eclosión durante las últimas semanas.

Decíamos entonces (véase www.econ.uba.ar/planfenix/index2.htm): “La apropiación social de la renta proveniente de recursos naturales (como la pampa húmeda o los yacimientos mineros) constituye una práctica universalmente aceptada. En la medida en que las retenciones permiten que la sociedad se apropie de parte de esa riqueza natural, ellas distan de constituir exacciones “distorsivas”. En esta coyuntura de transición, cumplen otra función social, tal vez de igual importancia que la anterior: permiten que los argentinos paguen por los bienes de producción primaria –incluidos los derivados del petróleo y sus usos internos– precios inferiores a los que resultarían del tipo de cambio vigente (elevado en relación con el establecido durante la convertibilidad pero necesario para promover el desarrollo nacional). Se trata de una característica particular de nuestro país, habida cuenta de la vinculación que existe entre los precios de productos exportables agrícolas y energéticos, y la canasta de consumo popular”.

Los productores más pequeños y marginales hacen suya esa demanda de eliminación de las retenciones porque esperan una mejora en sus ingresos, expectativa que no necesariamente se cumpliría debido a que la industrialización y comercialización de la producción agrícola tiene una estructura muy concentrada y una posición estratégica en la cadena de valor. Es presumible, por eso, que los beneficios de una eventual eliminación de las retenciones sean captados en buena medida por esos grupos y no por quienes plantean la demanda. Por otra parte, el incremento de los precios de los productos agrícolas valoriza las tierras destinadas a ellos, generando una segregación dentro del propio conjunto de productores, que separa notablemente la suerte de los que se ubican en zonas favorecidas o de los grandes respecto de los pequeños.

Aun así, no hay duda de que se trata de un instrumento con limitaciones. Las retenciones no permiten discriminar adecuadamente entre productores de distintas áreas y condiciones, problemas que serían resueltos de mejor manera por un impuesto a las Ganancias, que es muy difícil de percibir en las condiciones actuales del país y del agro. Por otra parte, su aporte es una razón más para exigir que la administración pública de esos recursos –y no sólo de ellos– responda a criterios de eficiencia y equidad. Esos condicionantes no implican que la eliminación de las retenciones ofrezca una vía para superarlos. Una fórmula de transacción sería, por ejemplo, que una parte de lo recaudado integre un fondo destinado a la capitalización tecnológica de los productores, en particular de aquellos de menor talla o situados en áreas marginales. Se requiere, entonces, un enfoque de carácter sistémico, que considere correctamente la inserción del complejo agroalimentario en un modelo de desarrollo con equidad.

La vigencia de estos conceptos, tres años después de planteados, habla del retraso en que hemos incurrido y, en consecuencia, de la responsabilidad primaria del Gobierno y también de la sociedad para encarar estas cuestiones cruciales, cuando –como antes hemos señalado– la actual coyuntura ya no puede calificarse, por cierto, como “de emergencia”.

Esta crisis, aún no resuelta, representa una oportunidad para adoptar medidas de política en varios campos relevantes, enmarcadas en una estrategia de mediano y largo plazo. Ellas deben apuntar a consolidar un modelo económico que, en los hechos, ha instalado un escenario más propicio para el desarrollo nacional.

Buena parte del sector agropecuario ha centrado sus críticas durante el conflicto, a través de sus entidades gremiales, en las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo y ha omitido toda referencia a los múltiples protagonistas, en particular a los sectores concentrados tanto financieros como terratenientes. Tampoco han sabido contemplar la particular situación de las economías regionales, más allá de algunas consignas generales esgrimidas.

Recién al declarar la suspensión del lo-ckout por 30 días, las entidades agropecuarias admitieron que, para la resolución definitiva del conflicto, sean contempladas las necesidades del conjunto de los sectores del país.

El gobierno nacional debería asegurar que en la mesa de diálogo a constituirse estén representados todos los sectores interesados; allí no pueden faltar los trabajadores rurales permanentes y temporarios, tanto formales como informales, las entidades vinculadas con la agricultura familiar y la conservación ambiental, y los consumidores. Podrá así elaborarse un proyecto estratégico que contemple los intereses en juego, pero con la mirada puesta en las necesidades de toda la sociedad argentina, con el convencimiento de que no hay en nuestro país ninguna actividad que sea independiente de las otras ni –menos aún– superior a las demás, eludiendo las trampas conceptuales de la falsa dicotomía entre agro e industria. Esta instancia de diálogo podrá ser pionera de un acuerdo más amplio y abarcativo.

Por nuestra parte renovamos el compromiso de siempre, el que nos inspira desde que nos autoconvocamos en el año 2000, antes de la crisis de 2001 que anticipamos: profundizar el análisis de estas cuestiones cruciales, con el objetivo de generar propuestas concretas que contribuyan a la construcción de un modelo de país con desarrollo sustentable, distribución equitativa de sus frutos y calidad institucional.

* Proyecto Estratégico de la Universidad de Buenos Aires.