El Gobierno empezó a mostrar públicamente sus discrepancias respecto de cómo actuar con los organismos internacionales de crédito. Mientras el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, declaró que “todavía no hay posición tomada” sobre la conveniencia de utilizar o no las reservas del Banco Central para cubrir vencimientos con el FMI, el Banco Mundial y el BID, el Ministerio de Economía salió a decir que la decisión es pagar. La desmentida fue todavía más violenta porque se produjo apenas unos minutos después de que el jefe de Gabinete diera su acostumbrada conferencia de prensa matinal. Por la tarde, el enojo en la Casa Rosada por el cruce entre los ministros era evidente. “La declaración que vale es la nuestra”, insistieron desde Gabinete a Página/12, buscando darle un cierre a la cuestión.
La intención de Lavagna es hacer un gesto al FMI antes de su viaje a Washington de pasado mañana, adonde participará de la asamblea anual del organismo, pero, fundamentalmente, encarará una negociación clave. El objetivo es conseguir alguna clase de acuerdo que le evite al Gobierno tener que echar mano a las reservas para cancelar vencimientos con los organismos multilaterales. Si no puede ser un convenio para refinanciar los compromisos hasta diciembre del 2003, aunque sea que haya algún crédito puente del Banco Mundial o del BID para compensar lo que se desembolse.
Este mes hay que pagar casi 329 millones de dólares, de los cuales 96,8 millones son en favor del FMI, 170 millones del Banco Mundial y 62 millones del BID. El equipo económico prefiere invertir ese dinero para mantener las negociaciones en pie, en lugar de cuidar las reservas y agudizar el conflicto con Washington. Los vencimientos que siguen son por 834 millones en octubre, 229 millones en noviembre y 790 millones en diciembre. En total, hasta mayo del 2003, el Gobierno tiene para cubrir obligaciones por 4541 millones. Las reservas en este momento están en 9481 millones y, pese al debate sobre la utilización de las reservas, hay posibilidades de incrementarlas por el fuerte superávit comercial. De todos modos, el diputado Daniel Carbonetto, economista con llegada a Eduardo Duhalde, presentó ayer un proyecto de ley para que se impida la utilización de reservas para pagar la deuda.
El secretario de Hacienda, Jorge Sarghini, tuvo que salir a bajarle el tono a la declaración que la oficina de prensa de la cartera económica había hecho a la mañana. Más en línea con la versión de la Jefatura de Gabinete, sostuvo que la decisión de continuar pagando con reservas “será todo un debate y no sólo una mera decisión económica”. “Establecer cuál es el límite del dinero a usar para hacer frente a estos compromisos será una decisión de Estado”, agregó el funcionario, quien coincidió con Atanasof en que “aún no está definido” cómo se pagarán los vencimientos a partir de octubre, y pidió “no apurar” un debate sobre el tema. Pero Sarghini insistió en que se pagará lo que corresponde a este mes.
El funcionario también destacó que durante la estadía de Lavagna en Washington “habrá reuniones importantes”. El ministro estará acompañado por su número dos, Enrique Devoto, y por el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen. Es decir, la primera línea del equipo económico. La última vez que se vio algo así fue hace exactamente un año, cuando Domingo Cavallo viajó con sus principales colaboradores a buscar lo mismo que ahora persigue Lavagna: un acuerdo con el FMI. El fracaso de esa experiencia le debe haber servido de enseñanza a la actual administración, ya que Sarghini se esmeró por restarle trascendencia al viaje: “Esperemos a ver cómo avanzan las negociaciones para definir cómo afrontar los vencimientos”.
Más allá de la cautela, la postura que está tomando el Gobierno es contraria a afectar más reservas para pagar la deuda. Por si ésa fuera finalmente la decisión, desde Gabinete remarcaron que suspender los pagos no implica ser declarado inmediatamente en default. Tal como informó este diario la semana pasada, hasta que los organismos aplican las sancionescorrespondientes a la cesación de pagos pasan unos seis meses, durante los cuales se van imponiendo multas y aumentos de los intereses de manera progresiva. Por tanto, el Gobierno estima que podrá controlar la situación incluso si suspende los pagos. Fue por ello que la subdirectora del Fondo, Anne Krueger, aumentó la presión la semana pasada amenazando con graves castigos si se dejan de enviar dólares.