“Más importante que renegociar el contrato es sancionar una ley que fije nuevas reglas para toda la actividad”, sentenció ayer Franco Macri. La norma aludida no es otra que el proyecto de marco regulatorio postal del diputado duhaldista, Pablo Fondevila, que, de prosperar, le permitiría al Correo Argentino reducir el monto del canon que hoy debe tributar y por el cual debe al Estado más de 400 millones de pesos. “¿El canon?... Es tan poco importante, casi absurdo en relación con lo que representa el Correo. No puede ser un parámetro para evaluar la concesión”, sentenció el dueño de Socma, durante la inauguración del centro logístico de Monte Grande.
Macri aseguró ayer que los 103 millones de pesos anuales que el grupo se comprometió a pagar en el momento de hacer su oferta –en setiembre de 1997– era un “monto totalmente razonable”. Sin embargo, salvo algunos pagos parciales, el compromiso nunca fue honrado plenamente y por eso hoy el Estado es el principal acreedor de Correo Argentino SA, en convocatoria de acreedores desde hace un año.
A esto la firma contrapone demandas al Estado por un monto no inferior a los 430 millones de pesos. De ellos, 112 por servicios prestados a distintas reparticiones públicas. El resto por “asimetrías laborales”, es decir, por la vigencia de convenios colectivos que encarecen el gasto en personal de la empresa privatizada respecto de sus competidores. El gobierno de Eduardo Duhalde dispuso por decreto renegociar el contrato para “readecuar la ecuación económica financiera a los parámetros de origen”. Una consigna poco clara, pero que, según entiende la empresa, significará relevarla de algunas obligaciones originales, para compensarla por enfrentar competidores que trabajan en negro, entre otras irregularidades del mercado.
Muchos de los pretendidos beneficios podrían surgir de un nuevo marco postal, una ley que fije reglas para todos los operadores y no sólo para el Correo Argentino. Pablo Fondevila, el justicialista que preside la Comisión de Comunicaciones de Diputados, impulsa ese proyecto. Según la iniciativa del legislador, las empresas postales deberían tributar un derecho equivalente al uno por ciento de su facturación, lo que para el Correo significaría reducir su actual obligación por canon a la vigésima parte, a lo sumo, a 5 millones de pesos al año.
“La nueva ley podría ser más generosa con el Correo oficial”, propone Macri, sugiriendo un premio por prestar servicio también en lugares que no son rentables. El proyecto Fondevila también contempla la posibilidad de que quien opere el Correo cobre un subsidio por hacerlo en zonas donde ninguna otra firma del rubro tenga oficinas comerciales. En otros términos: la empresa privatizada mantendría la obligación de universalidad, pero cobrando por ello. “Es una iniciativa razonable”, juzgó ayer Franco Macri en relación con la propuesta de Fondevila.