ECONOMíA › LOS DIRECTORES ESTATALES EN AEROLINEAS PIDEN QUE ASUMA UN INTERVENTOR
Los representantes del Gobierno en la empresa aseguraron que la línea de bandera no puede cumplir sus obligaciones, por lo que el Estado aportará 50 millones de pesos para pagar los sueldos y para garantizar el funcionamiento de los aviones.
› Por Cledis Candelaresi
El mismo día que un grupo de gremios aeronáuticos y la Secretaría de Transporte pidieron a la Justicia que disponga medidas para garantizar la continuidad operativa de Aerolíneas Argentinas, los directores por el Estado formularon la petición concreta y directa de que se designe un interventor con funciones informativas o como co-administrador. Según un comunicado difundido ayer por Vilma Castillo y Julio Alak, representantes estatales en el directorio de la privatizada, la empresa está “en cesación de pagos e imposibilitada de cumplir regularmente con sus obligaciones”. En el mismo sentido, anticiparon que el Gobierno aportará fondos para pagar los sueldos de junio de los empleados de la empresa y garantizar la continuidad de los vuelos (ver aparte). El candidato más firme para que llegue como interventor es el ex juez Javier Fernández Moores. El juez del concurso, Jorge Sícoli, convocó para el martes a una audiencia clave en la que escuchará a todas las partes.
El cuadro de situación es realmente crítico. El secretario de Transporte, Ricardo Jaime, lo ilustró ayer con referencia a Austral, cuando subrayó que, de 22 aviones, 11 están parados. Otras fuentes próximas a la compañía aseguran que de no pagarse hoy el importe correspondiente a varios leasing, se paralizaría otra parte de la flota.
Aerolíneas tiene un concurso de acreedores aún abierto y por esta razón los reclamos son orientados a Sícoli, el magistrado que entiende en este trámite. Según precisó el propio Jaime, su planteo no fue que intervenga la compañía sino que la Justicia tome las medidas pertinentes para asegurar la prestación del servicio. El mismo reclamo hicieron los gremios, preocupados –además– por la falta de liquidación de aportes a la seguridad social y de las cuotas gremiales que les descuentan a los trabajadores de sus salarios. Más contundente habría sido una tercera presentación a cargo de los directores que el Estado tiene en la privatizada, en virtud del 5 por ciento del capital accionario en su poder.
Según un comunicado difundido ayer por la agencia estatal, Castillo y Alak reclamaron que se nombre a un interventor con facultades administrativas. También solicitaron que se “intime a la empresa para que en un plazo perentorio de 24 horas abone los salarios adeudados y se solicite a la Sindicatura Concursal que informe el estado de cumplimiento de los acuerdos homologados, el estado de pago de los créditos privilegiados verificados y el volumen y composición del pasivo post-concursal”. Pero lo más fuerte son los argumentos esgrimidos para este reclamo.
Para los directores estatales, Aerolíneas “dejó de cumplir con el pago de un sinnúmero de créditos” y “procedió a endeudarse inadecuadamente mediante la toma de créditos en condiciones de urgencia y postergación de pagos de acreedores, verificándose la existencia de un importante pasivo post-concursal, líquido y exigible”. Un párrafo duro que apunta al corazón del problema: la empresa necesita recursos frescos para garantizar la operatividad, al tiempo que incurrió en la falta de asumir obligaciones de gran envergadura, superior a la que le permitiría su status de concursada. El dinero debería desembolsarlo el grupo Marsans, controlante de Aerolíneas.
Jaime admitió ayer lo que a esta altura parece una verdad de perogrullo: no habrá ningún socio privado. El esquema que incluía la incorporación de Juan Carlos López Mena, dueño de Buquebús, como accionista se derrumbó. “No se pudo avanzar sobre la incorporación de un socio argentino por el cuadro de deterioro de la empresa y su incapacidad técnica de operar, agravada por la imposibilidad de pagar deudas muy importantes”, aseguró ayer Jaime.
Cualquiera sea el esquema societario al que se apele, la clave radica en quién pone los fondos que la empresa necesita para funcionar. En los últimos tiempos fue el Estado el que aseguró una parte del pago de salarios por la vía de préstamos del Banco Nación. Sin garantía de paz social y otras ventajas para el marco del negocio, los denostados accionistas hispanos jamás respetarían su promesa de millonarias inversiones.
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