En términos vulgares se diría que Ancap, refinadora estatal uruguaya, no logró dar pie con bola desde que en 1998 se hiciera cargo de una tercera parte de Sol Petróleo, productora y comercializadora de combustibles que opera en la Argentina. Aparentemente, la administración oriental no conocía al momento de entrar a la empresa que ésta cargaba con demandas del fisco por más de 70 millones de pesos. La cuestión vuelve al primer plano a raíz de que el Ministerio de Economía acaba de rechazar un dictamen de la Procuración del Tesoro que recomendaba a la AFIP desistir del reclamo fiscal. Pero, además, acaba de hacerse pública una denuncia de Ancap ante la Justicia argentina por un presunto fraude contra Sol por 22 millones de dólares cometido por ex directivos y funcionarios de la compañía entre 1995 y 1999. El caso está siendo analizado por una comisión del Senado uruguayo, dado que Ancap está en un proceso de privatización firmemente resistido por las fuerzas de la oposición.
La causa judicial entre la AFIP y Sol Petróleo pasó por diversas instancias, a favor de una o de otra, de acuerdo con la actitud de los funcionarios oficiales en cada etapa. El conflicto tiene origen en un beneficio otorgado en la ley del impuesto a la transferencia de combustibles, del año 1991, a los refinadores “cuya actividad principal fuera la obtención de solvente y aguarrás”. Dicho beneficio consistía en “deducir del conjunto de sus obligaciones por el impuesto un importe equivalente al 60 por ciento del gravamen” que correspondiera sobre los volúmenes exportados.
Tan sólo dos empresas estaban en condiciones de acceder a ese beneficio: Sol y Dapsa, esta última por entonces perteneciente al grupo Soldati. Pero apenas un año después, en noviembre de 1992, por decreto se excluyó del ITC al solvente y el aguarrás. Sin embargo, Sol Petróleo siguió descontándose de sus obligaciones fiscales el resultado de aquel beneficio. Recién en 1996 se intentó resolver la controversia restableciendo por decreto el impuesto a los solventes y al aguarrás. Pero el conflicto no terminó allí.
La petrolera reclamó el desistimiento de la AFIP –por las diferencias de liquidación originadas a lo largo de este proceso– y estuvo a punto de lograrlo en los últimos meses de la gestión menemista, cuando un fallo judicial consideró que el fisco se allanaba (renunciaba) a su demanda. La sentencia fue apelada y se revirtió en cámara, pero nuevamente y ya bajo gestión aliancista, Sol Petróleo volvió a la carga proponiéndole a la DGI un curioso acuerdo para que desistiera del reclamo. Llamativamente, el fisco aceptó los términos, pero el departamento legal del organismo recaudador los objetó. Las actuaciones fueron enviadas en consulta a la Procuración del Tesoro, que dictaminó (ya bajo gestión duhaldista) en favor de los intereses de la empresa. Pero Roberto Lavagna rechazó dicha pretensión y ordenó a la AFIP seguir adelante con su reclamo.
Ancap, de Uruguay, había adquirido el 33 por ciento de Sol Petróleo por 30 millones de dólares en 1998, pero inmediatamente debió aportar otros 25 millones para cubrir problemas financieros. Las pérdidas económicas continuaron y se sumaron a la demanda del fisco no registrada en libros ni como pasivo contingente al momento de la transferencia de la empresa.
Según la denuncia de la propia firma uruguaya, que tomó estado público esta semana, entre 1995 y 1999 se realizaron maniobras defraudatorias contra Sol Petróleo que le habrían causado un perjuicio de 22,7 millones de pesos, a través de pagos de facturas apócrifas. La demanda abarca a “ex directivos, funcionarios y empleados” de la empresa que “podrían haber actuado como cómplices y encubridores”. Otro dolor de cabeza para el gobierno de Uruguay que, además, le complicará aún más su pretensión de privatizar Ancap.