El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, confirmó ayer que mañana el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley de movilidad previsional para que las jubilaciones y pensiones se ajusten dos veces por año a través de un índice que tomará en cuenta en partes iguales la variación salarial y la mejora en la recaudación proveniente de fuente tributaria. “Nuestro objetivo es que la sustentabilidad del sistema surja de la recaudación, pero que la suerte de los jubilados no sólo dependa de ese factor sino también de las mejoras salariales de los trabajadores activos”, aseguró Tomada a PáginaI12. Si el Parlamento respalda la iniciativa oficial, el mecanismo de ajuste entraría a regir a partir de enero de 2009.

Desde que se aprobó la ley 24.463 de Solidaridad Previsional, en marzo de 1995, no hay un índice de actualización de los haberes jubilatorios. En agosto de 2006, la Corte Suprema dictó un falló en el que le reconoció al jubilado Adolfo Badaro el derecho a que su ingreso aumente en relación con la evolución de precios y salarios e intimó al Congreso a elaborar un índice. En lugar de ello, los legisladores incluyeron en la Ley de Presupuesto una partida para aumentar las jubilaciones. En noviembre del año pasado, la Corte Suprema cuestionó ese criterio y exhortó a que se aplique un “índice objetivo”. Para el caso Badaro, los jueces decidieron que se utilice el Indice de Salarios que elabora el Indec.

El Gobierno estaba trabajando en este tema desde enero, pues en la Ley de Presupuesto se había comprometido a enviar el proyecto durante 2008. Sin embargo, recién lo hizo ahora porque el conflicto con las entidades patronales del campo prácticamente paralizó la gestión durante los últimos cuatro meses. Una vez que se consumó la derrota oficial en el Senado por las retenciones, el ministro de Trabajo recibió la orden presidencial de avanzar para tratar de retomar la iniciativa política.

Tomada trabajó contrarreloj durante el fin de semana junto a Walter Arrighi, secretario de Seguridad Social, y Amado Boudou, director de la Anses, para tener listo el proyecto. Mañana lo presentará ante el presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Díaz Roig, y ante el senador radical Gerardo Morales, titular de la Comisión de Trabajo y Previsión. Además, se reunirá con Agustín Rossi y Miguel Angel Pichetto, titulares de las bancadas oficiales en diputados y senadores respectivamente, para diseñar la estrategia parlamentaria.

La diputada del bloque Solidaridad e Igualdad (SI), María América González, que había presentado un proyecto de movilidad, calificó ayer como “una gran decisión” la iniciativa oficial y agregó que “si bien desconozco la letra del proyecto que enviará el Ejecutivo, por lo que pude averiguar sería similar al nuestro”. La semana pasada los diputados del bloque SI habían anunciado la recolección de doscientas mil firmas en el marco de la Iniciativa Popular por la Movilidad de los haberes provisionales.

En el Ministerio de Trabajo informaron que el proyecto oficial beneficiará a 5,1 millones de jubilados y pensionados y también a docentes e investigadores científicos que tienen un régimen de movilidad especial y les corresponde cobrar el 82 por ciento móvil.

La iniciativa busca otorgarles previsibilidad a jubilados y pensionados, pero eso no significa que vayan a tener subas mayores que las que lograron durante los últimos años, pues aunque la movilidad no existía el Gobierno actualizó los haberes. La jubilación mínima, por ejemplo, estuvo congelada doce años en 150 pesos, hasta que el gobierno de Eduardo Duhalde la llevó a 200 pesos en 2002. De ahí en más la administración de Néstor Kirchner la subió sucesivamente a 220 pesos, 240, 260, 280, 350, 390, 460, 530 y 596,25. En febrero, Cristina Fernández continuó con las mejoras al elevar la mínima a 690 pesos, acumulando un incrementó de 360 por ciento desde la devaluación. El haber promedio, por su parte, está actualmente en 860 pesos, 156 por ciento más que hace seis años.